Intervención humanitaria en Siria, hace 150 años

El 16 de agosto de 1860 un cuerpo expedicionario francés desembarca en Beirut. Según Napoleón III, los militares franceses van «restablecer el orden» en Siria, que por aquel entonces es una provincia otomana. Mencionada hoy como «primera manifestación del derecho de injerencia humanitaria», aquella intervención militar sirvió en realidad para acentuar el dominio económico de Francia sobre la región.

Mucho se habla en los últimos tiempos de una intervención humanitaria en Siria como medio de poner fin a los sufrimientos que desde 2011 ha venido soportando la población afectada por los combates entre el régimen y la oposición armada, combates cuya responsabilidad se atribuye principalmente –con razón o sin ella– al bando gubernamental.

Esa acción de socorro implicaría, por lo tanto, el derrocamiento del actual régimen. Incluso parece que ya empezó a implementarse desde hace meses, de forma indirecta, con la entrega de armamento a los rebeldes y con el envío a Siria de agentes y de grupos de combatientes extranjeros. Sin embargo, recurrir al uso de la fuerza en territorio de un país extranjero sin el consentimiento de las autoridades establecidas constituye una violación del principio de soberanía de los Estados reconocido en la Carta de la ONU. El empleo de la fuerza entre los Estados está prohibido, exceptuando únicamente los casos de legítima defensa o de una acción colectiva aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En 1968, la Corte Internacional de Justicia [de La Haya] condenó el apoyo militar de la administración Reagan a los Contras que trataban de derrocar el poder sandinista en Nicaragua. Washington acusaba al régimen nicaragüense de haber cometido atrocidades, pero la Corte [de La Haya] precisó incluso que ese tipo de apoyo [militar] no era el medio apropiado para garantizar el respeto de los derechos humanos.

Esos obstáculos jurídicos no han impedido la realización de operaciones unilaterales, oficialmente motivadas por razones altruistas, una práctica que se ha desarrollado, por ejemplo, con el bombardeo contra la antigua Yugoslavia durante la crisis de Kosovo –en 1999– y la invasión de Irak –en 2003. El más reciente ejemplo de esa práctica fue la acción emprendida contra Libia en 2011, acción sobre la cual varios Estados señalaron que fue más allá de lo que permitía la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 17 de noviembre de 2012, el presidente francés Francois Hollande recibe en París al jefe de la «Coalición Nacional de Fuerzas de la Oposición y de la Revolución», fabricada en Doha menos de una semana antes. A pesar de su larguísimo nombre, el nuevo bebé de las naciones occidentales y las monarquías del Golfo no ha logrado unificar la oposición siria, pero su existencia ya sirvió de pretexto para el desembolso, por parte de Francia, de 1,2 millones de euros de «ayuda humanitaria de urgencia». Y los sables se mantienen en alto.

La fundamentación de esas intervenciones unilaterales se basa en una norma de tipo superior, universal: el deber de proteger la vida de cualquier población contra toda amenaza de carácter masivo que pese sobre ella. Pero ese principio, perfectamente legítimo, depende enteramente de la buena voluntad de quien realiza la intervención. ¿Cómo garantizar que el que interviene no utilice el inmenso poder que se arroga al recurrir a la violencia hacia otro Estado para perseguir objetivos que serían censurables? La historia está llena de guerras «justas» que terminaron muy mal para los pueblos implicados. Ya en 1758, el gran jurista Emer de Vattel denunciaba el yugo que los conquistadores imponían a los indios de las Américas con el pretexto de liberarlos.

Los especialistas en el tema han buscado por mucho tiempo un ejemplo de acción de ese tipo realizada por una potencia interventora irreprochable. Y por mucho tiempo creyeron haberlo encontrado en la expedición realizada en 1860 en la provincia otomana de Siria, que entonces incluía el actual Líbano [1]. Durante los meses que van de mayo a agosto de aquel año, entre 17 000 y 23 000 personas, mayoritariamente cristianos, fueron masacradas en el llamado Monte Líbano y en Damasco en medio de enfrentamientos intercomunitarios. En Europa, la noticia causó conmoción en la opinión pública. Las autoridades otomanas fueron acusadas de haber estimulado, e incluso de haber participado, en los excesos cometidos por las milicias drusas en la región de Monte Líbano y por los amotinados en Damasco. Napoleón III decide entonces el envío de un cuerpo expedicionario de 6 000 hombres para poner fin al «baño de sangre», con la aprobación de las demás potencias europeas. Las tropas francesas se mantienen menos de un año en la región y se retiran después del restablecimiento de la calma y luego de implantar una reorganización administrativa a la que se atribuye haber mantuvo la concordia civil hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Aún hoy, algunos de los juristas que más se oponen al reconocimiento de un derecho de intervención humanitaria aceptan, sin embargo, que la acción de 1860 pudiera ser la única «verdadera» intervención humanitaria del siglo XIX.

Pero un análisis más profundo nos muestra que los problemas intercomunitarios que estallan en 1860 eran también exacerbados por el sistema de clientelas practicado en aquella época por las potencias europeas hacia las minorías locales. Hay que señalar además que los intereses en juego son enormes en ese momento, con el reparto de las provincias de un Imperio Otomano en plena desintegración, [provincias] que los amos de Europa se disputan entre sí. Y Siria se halla precisamente en medio de la estratégica ruta que conduce a la India, la joya del Imperio británico. Francia no esconde por entonces su interés por esa región, rica en posibilidades comerciales, mientras que Rusia trata desde hace tiempo de extender su territorio hacia el sur. Y para lograr sus propios objetivos cada una de esas potencias apoya a alguna comunidad local, para utilizarla a su favor: los franceses se convierten en protectores de los católicos católicos, los rusos defienden a los ortodoxos y los británicos apadrinan a los drusos.

Durante el periodo posterior a la intervención de 1860, Francia acentúa su control económico sobre el Líbano, a tal punto que en 1914 el trabajo del 50% de la población activa libanesa depende de la industria francesa de producción de seda. Un sector [ocupacional] que se derrumba como resultado de la decisión de la industria francesa de independizarse de sus proveedores libaneses, que pierden así sus medios de subsistencia.

Un año más tarde, en 1915, los aliados británicos y franceses organizan el bloqueo de las costas sirias, impidiendo así la llegada de alimentos a esa región altamente dependiente de las importaciones de cereales. El objetivo es lograr que las provincias árabes se subleven en contra del poder central de Estambul, que ya participa en la Primera Guerra Mundial al lado de la Alemania de Guillermo II. El resultado es una hambruna sin precedentes que cuesta 200 000 vidas en el centro y el norte de la región del Monte Líbano y 300 000 vidas más en Siria.

En 1840, Francois Guizot, en aquel entonces embajador de Francia en Londres, resumía de la siguiente manera los cálculos geopolíticos que predominaban entonces en las cortes europeas y que, en su opinión, motivaban la política del ministro británico de Relaciones Exteriores Lord Palmerston: «Allá, en el fondo de algún valle, en la cúspide de alguna montaña del Líbano, hay maridos, mujeres, niños, que se quieren y que ríen, pero que serán masacrados mañana porque Lord Palmerston, a bordo del Railway de Londres, se dice a sí mismo: “Siria tiene que sublevarse. Yo necesito que Siria se subleve. Si Siria no se subleva, I am a fool.”»

Pascal Herren

[1] Por ejemplo, el artículo sobre ese hecho que aparece en la versión francesa de Wikipedia afirma que «Dans les faits, et selon le mot de Napoléon III lui-même, l’expédition fut une ‘opération à but humanitaire’». O sea, traducido al español: «De hecho, y según palabras del propio Napoleón III, la expedición fue una “operación de carácter humanitario”».

– La autora es Doctorant en Droit à l’Université de Genève.

*Fuente: VoltaireNet