Honduras: Se profundiza criminalización de la protesta campesina

Por tercer día consecutivo las fuerzas represivas del Estado se ensañaron contra centenares de campesinos del Bajo Aguán, que exigen una solución integral y definitiva al grave problema de la falta de acceso a la tierra, así como el cese de la represión y el fin de la impunidad. En la capital, los 25 campesinos detenidos el pasado 21 de agosto fueron acusados de manifestación y asociación ilícita y daños a la propiedad, y se les dictaron medidas sustitutivas a la prisión, prohibiéndoles participar en cualquier manifestación popular en las calles del país.

No para la criminalización de la protesta campesina en Honduras. Mientras en la capital los 25 campesinos detenidos durante el desalojo frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia eran inesperadamente procesados, en el Bajo Aguán un fuerte contingente policial atacaba sin piedad a centenares de campesinos, quienes protestaban exigiendo la liberación de sus compañeros.

El saldo de la represión desatada en Planes, municipio de Sonaguera, Colón, es de 20 detenidos, entre ellos 5 menores de edad, y varios heridos. También fue detenido Rigoberto Durán Cruz, miembro del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA).

Según organizaciones de derechos humanos nacionales, la delicada situación que se ha generado en estos últimos días evidenciaría la presencia de fuerzas ocultas que estarían orquestando una campaña para desprestigiar, criminalizar y desmovilizar al movimiento campesino.

“Los campesinos fueron reprimidos y detenidos ilegalmente. La misma Fiscalía dijo que no habían argumentos para  proceder a acusarlos y hasta se firmó un acta de conciliación”, dijo Dina Meza, defensora de derechos humanos y periodista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Sin embargo, Elvis Bonilla, jefe de la Policía Metropolitana Nº 1,  supuestamente por mandato del propio jefe de la Policía hondureña, el controvertido Juan Carlos Bonilla, decidió de manera autoritaria llevarse a los presos, manteniéndolos por más de un día incomunicados en la estación de policía CORE 7, hasta que la Fiscalía “decidió” cambiar de opinión y procesarlos.

Las organizaciones campesinas del Bajo Aguán y del resto del norte de Honduras estaban pidiendo reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés, para plantearle la necesidad de que se juzgue con imparcialidad el caso de las tres fincas en posesión del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), pidiéndole también la suspensión inmediata de los juicios amañados en contra de los campesinos, así como la liberación de los detenidos.

“Es evidente que hay poderes fuertes que están operando de manera oculta, tratando de maquillar la represión y las ilegalidades que se están llevando a cabo desde los poderes del Estado, con el fin de frenar la protesta de los campesinos que en todo el país están luchando por su derecho a la tierra”, aseveró Meza.

En conversacion con Sirel, Vitalino Álvarez, vocero del MUCA, dijo que permanecieron incomunicados por más de 24 horas y que no tuvieron acceso a medicamento para las personas heridas y golpeadas durante el desalojo.

“Nos acusaron de manifestación ilícita y nos liberaron a las 2 de la mañana de hoy. Ahora pretenden que no participemos en protestas públicas, pero no podemos dejar de reclamar justicia, ni abandonar la lucha por nuestros derechos.

En estos días hemos vivido en carne propia la manipulación de quienes controlan el país. Hemos visto el poder que tienen y sus planes para destruirnos. Sin embargo no nos van a poder detener y vamos a seguir exigiendo justicia”, dijo Álvarez.

En las próximas horas las organizaciones campesinas se reunirán para analizar la situación y tomar decisiones acerca de la futura estrategia de lucha.

Fuente: Rel-UITA