El fiscal Luis Chamorro y su escalada a Wente Winkul Mapu

En la Región de la Araucanía los montajes también se caen, pero los fiscales son empeñosos y siguen tratando.  Confían que su caso ocurre lejos de la capital y no recibirá la misma atención que la dispensada en Santiago, por ejemplo, al “Caso Bombas”. Un allanamiento a una comunidad mapuche no tiene en Chile el mismo efecto mediático que una incursión de fuerzas especiales en Santiago a barrios o poblaciones combativas.

El gobierno ha acusado a los fiscales de la Araucanía  de no ser efectivos para poner en prisión real a los mapuche que recuperan tierras de las forestales y otros particulares. En abril de 2012, por ejemplo, el propio ministro del interior Rodrigo Hinzpeter,  durante su visita urgente a la región, criticó la falta de condenados en los procesos que se llevan por diversos atentados ocurridos, atribuyendo el hecho a fallas en el trabajo de las fiscalías. En cambio ahora, ante el reclamo mapuche por la represión desatada dejando a mujeres, ancianos y niños heridos en la comunidad Wente Winkul Mapu, Hinzpeter optó por intentar endilgar toda la responsabilidad a la fiscalía y el Ministerio Público. La carta denuncia entregada por el werken Daniel Melinao en La Moneda y en la Corte Suprema no han recibido la atención ni la respuesta requerida ante una situación de esta gravedad que puede medirse aquí

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En esa región del país, los fiscales Ricardo Traipe, Traipe, Cesar Schibar y Alberto Chifelle han visto en el último año derrumbarse estrepitosamente sus montajes, quedando todos los comuneros mapuche en libertad. Más aún, en mayo de este año, el Fiscal Miguel Angel Velásquez fue sancionado por desacato por la jueza Evelyn Zapata de Victoria -por negarse a quitar la calificación de “terrorista” a los delitos motivo del proceso-  y la Corte Suprema confirmó la inédita exclusión de Velásquez del juicio del juicio oral que se desarrollará en contra de nueve comuneros Mapuche, integrantes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui y de la Comunidad José Guiñón, por hechos ocurridos en el peaje Quino, “investigados” por el Ministerio Público durante tres años. Sólo acusará el abogado del Ministerio del Interior, por delitos comunes.

El fiscal Luis Chamorro por su parte, lleva un tiempo preparando este caso para que –ahora sí- se logren las condenas solicitadas, de más de diez años de prisión.  El territorio escogido se llama Chequenko, también conocido como valle de Pidima,  ubicado al norte de la comuna de Ercilla, en los faldeos del histórico cerro Chiguaigue.  Y dentro de él, la mira está en una comunidad considerada por las fuerzas policiales dentro de la definición de “enemigo interno”: La comunidad Wente Winkul Mapu (punto alto de la tierra). Los métodos del fiscal son los mismos utilizados a lo largo del país mapuche: testigos sin rostro, maniobras de inteligencia, y represión más represión más represión.

La comunidad Wente Winkul Mapu está compuesta por  30 familias sin tierras que reivindican unas 2.500 hectáreas, ocupadas antiguamente por los caciques Lizama y Naweltripay. Hoy  ese territorio está en  manos de las forestales Mininco, Arauco y Cautín, además del particular Juan de Dios Fuentes, propietario – según la ley chilena – del fundo Centenario. El fundo Chiguaigue  –alrededor de 600 hectáreas –  es parte del lof Chequenco. Desde el año 2009 los comuneros realizan ocupaciones de predios para recuperar las tierras usurpadas por Fuentes y por las forestales, demandas no atendidas por el gobierno de Bachelet  ni por el actual.

Evaluar a Chamorro

La violenta incursión represiva de las Fuerzas Especiales de Carabineros contra Wente Winkul Mapu encabezada el pasado jueves 7 de junio por el Fiscal Luis Chamorro, que dejó a once comuneros lesionados, tiene precedentes anteriores. Precisamente por ello organizaciones de derechos humanos y dirigentes de las comunidades indígenas habían objetado el  nombramiento de Chamorro como fiscal especial para investigar hechos ocurridos en Wente Winkul Mapu de los que él mismo había tomado parte. Los procedimientos adoptados por Chamorro en esta oportunidad muestran que esa prevención era fundada. El Defensor Público Gregory Schubert acaba de señalar: “Es momento de que el Ministerio Público, en resguardo de los valores del sistema de justicia, evalúe el comportamiento funcionario del fiscal Luis Chamorro”. El consideró la acción “desproporcionada, en la medida que afectó por igual no sólo a los imputados que el procedimiento buscaba detener, sino que a miembros inocentes de la comunidad, incluidos niños y ancianos que resultaron incluso gravemente heridos” (www.dpp.cl).

Para Schubert es  “inexplicable” que para detener a dos personas imputadas se requiera el ingreso sorpresivo a la comunidad -en horas muy tempranas- de un fiscal junto a decenas de policías, “cuya actuación ha vulnerado derechos y garantías básicas de todo ciudadano, en este caso con agresiones ilegítimas e, incluso, disparos por la espalda contra varios de los heridos”.

Lesiones “leves”

Según ha informado Daniel Melinao, werken de la comunidad, de entre la decena de niños, ancianos y jóvenes heridos por la represión policial,  la persona más grave es Erik Montoya, cuya detención era, según la policía, el objetivo del allanamiento. Un testigo sin rostro le acusa de haber actuado contra Juan de Dios Fuentes en 2011 y por ello se le detuvo y formalizó. Pese a tener once heridas de perdigón, la cara y el cuello desfigurados por golpes, y el oído y el ojo izquierdo gravemente afectados, sus lesiones fueron consideradas leves por el hospital de Angol que lo envió el sábado 9 de junio a la cárcel de esa ciudad, generando preocupación en la defensa del comunero llevada adelante por el abogado Nelson Miranda y en organizaciones de derechos humanos. La defensora regional Bárbara Katz, en contraposición con los dichos de los médicos locales, sostuvo que las heridas del detenido no eran leves y su estado general era “delicado” por la agresión recibida, agregando que estudia la presentación de un recurso de amparo a favor de la comunidad Wente Winkul Mapu.

En la oportunidad también fueron detenidos Eric Nahuelqueo y Segundo Montoya, hermano de Erick. El padre de ambos es el anciano sabio (“kimchefe”) herido, y entre los lesionados hay también dos menores de edad. A nombre de la Alianza Territorial Mapuche el werken Alberto Curamil señaló su indignación planteando que «es necesario recordar que mientras se reprime duramente y se descalifica la lucha por los derechos reconocidos por la legislación internacional, se anuncian al mismo tiempo supuestas devoluciones de tierras históricas de la nación mapuche y áreas de desarrollo indígena que jamás han tenido relevancia…”

Se gesta el montaje

El 23 de junio de 2011,  la Comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu, había respondido en declaración pública a acusaciones emitidas por  Juan de Dios Fuentes, por el General de la Novena Zona de carabineros, Iván Bezmalinovic y el gobernador de Malleco Jorge Rathgeb, quienes los acusaron de utilizar armas en actos violentos. Los comuneros aclararon que las ocupaciones de predio tienen carácter pacífico: “Nuestra comunidad jamás ha hecho uso de armas de fuego de ningún tipo, más aun si considera que en nuestras protestas siempre estamos acompañados de niños, ancianos y mujeres”, señalan.

En la madrugada del  19 Agosto de 2011 se produjo un violento allanamiento a Wente Winkul Mapu. “Efectivos de Fuerzas Especiales, fuertemente armados, irrumpieron en la comunidad allanando y destruyendo todo a su paso; disparando a quema ropa a todos quienes, desorientados, pedían explicaciones por el excesivo uso de violencia en su actuar.”, señala un testimonio. Según la declaración de los  dirigentes de la comunidad Autónoma de Temucuicui –que está en las cercanías- los niños que dormían fueron sacados violentamente de sus casas y dejados esposados en el patio. Esta situación se repitió en todas las casas allanadas. Carabineros de Chile indicó que el objetivo era requisar armamento. Al terminar el procedimiento no habían encontrado nada, excepto hachas y otras herramientas de uso habitual en el campo. Mientras se desarrollaba el operativo, la policía no dejó entrar a los corresponsales de radio Biobío, sino solo a los medios oficiales.

La protección del General

La Fiscalía de Collipulli ordenó allanar  la comunidad como parte de una medida de protección a favor de Bosques Cautín,  el 2 de noviembre de 2011, según información oficial entregada a la Corte Suprema por carabineros defendiendo su derecho a usar fuerzas especiales, bombas lacrimógenas y armamento de servicio en tal tarea. El objetivo era resguardar las faenas de explotación forestal y transporte de madera a realizarse en las parcelas 15 y 16 “Requen” de la comuna de Ercilla entre el 24/10 y el 30/12 de 2011 o hasta el fin de la faena. En esta actividad de protección a un privado participaba el general de carabineros y Jefe de la Novena Zona Iván Bezmalinovic a bordo de un helicóptero del GOPE, como se puede leer en la acusación entablada el 4 de abril de 2012 (RUC 383557445). ante el juzgado de Collipulli.

En el cumplimiento de la faena, siempre según la versión oficial, los carabineros son “emboscados”, es decir, se encuentran con un corte de caminos, y  “repelen los ataques de un número indeterminado de personas que portaban armas de fuego cortas y largas y que les impedían el libre tránsito del sector, lanzando bombas lacrimógenas con el fin de detener a los autores de los ataques y resguardar el orden alterado y la seguridad de los trabajadores que custodiaban y su propia integridad.”

La información emanada desde la comunidad señala que dos mujeres y un hombre resultaron heridos por disparos de perdigones, y un lactante sufrió asfixia por el gas lacrimógeno luego de esa incursión de  Fuerzas Especiales y el GOPE realizada con extrema violencia al interior de la comunidad. Los nombres y edades de los heridos en esa oportunidad fueron: Marta Toro Ñanco (19 años), herida entre abdomen y cintura; Martin Toro Ñanco (35 años), herido en el lado derecho de la cara, Nancy Calabrano Torres, herida en los senos, y un niño con asfixia por gases lacrimógenos. La fuerza policial disparó sin mediar provocación alguna, denunciaron los comuneros. El werken de la comunidad, Daniel Melinao, denunció que “una mujer (Nancy Calabrano) tuvo que    ser atendida de urgencia en el Hospital de Victoria, producto que le dispararon en los senos,  y se llevaron una guagua de seis meses afectada por una lacrimógena. Carabineros llegó disparando a las casas”.

La publicación de imágenes de los allanamientos, realizada por Felipe Durán en Internet generó una inédita respuesta en redes sociales, impactadas por las imágenes de violencia de las fuerzas especiales en territorio mapuche. La serie fotográfica,  reproducida en muchos sitios web mapuche y no mapuche  se llama “Militarización Territorio Mapuche – Guerra de Baja Intensidad”, publicada en el sitio NuestroBioBio entre muchos otros sitios web.

La madre baleada

Los hechos del 2 de noviembre figuran en el  recurso de amparo presentado posteriormente por la comunidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco con el patrocinio del abogado Nelson Miranda. A continuación, párrafos marcados del testimonio de Nancy Calabrano Torres, la madre mapuche que recibió un disparo en un seno: “El miércoles 2 de noviembre del presente año, alrededor de las 8 de la mañana fui a dejar a mis hijos al paradero que se encuentra en el camino público Chequenco, como a 80 metros de mi hogar, para esperar el bus que los lleva al colegio de Pidima. Cuando volvía a mi hogar, escuché disparos y el entorno de mi casa se llenó de humo. Vi como frente a mi casa se desplazaba por el camino público, en dirección a Chequenco, un grupo de unos veinte carabineros, vestidos con ropa militar, con cascos, metralletas y fusiles en sus manos, tras ellos venían 2 patrullas, 2 furgones, zorrillos y camionetas de color blanco, rojo, plomo y negro. En las últimas camionetas venían, en la parte descubierta, carabineros de pie, armados y apuntando hacia las casas. Los carabineros que venían delante disparaban en dirección a mi casa y lanzaban bombas lacrimógenas también hacia mi hogar. …En el sector de mi casa hay seis viviendas, las que fueron afectadas por los disparos y bombas lacrimógenas. Los hombres habían salido temprano a trabajar y los niños no pudieron ir a clases…El día jueves 3 de noviembre … vi como carabineros se adentraba en mi terreno y también que una bomba lacrimógena había estallado en la puerta abierta de la casa de mi vecina Jennifer, la cual tiene un hijito de pocos meses de edad.  Me acerqué a hablarles a carabineros para decirles que tuvieran más respeto, que había niños y en la otra casa una guagua. Cuando estaba como a 5 metros de los carabineros, dentro de mi propiedad, los carabineros no dejaban de apuntarme y uno de ellos sin decir palabra me disparó un balín que me hirió en mi seno izquierdo, que comenzó a sangrar. En esos momentos llegaba mi marido, Juan Martín Toro Ñanco y a él le dispararon un balín en la pera, el cual lo dio vuelta y lo hizo sangrar profusamente. Al verme herida mi hija Marta Toro Calabrano corrió a socorrerme, siendo también baleada, recibiendo un disparo en su cadera derecha. Luego llamamos al SAPU el que nos llevó hasta el hospital de Collipulli. Cuando llegamos el médico estaba muy preocupado y me dijo que me iban a enviar al hospital de Angol para que me tomaran una radiografía, pero lo llamaron unos carabineros y cuando volvió la atención ya no era la misma…. nos envió para la casa… Fuimos al consultorio de Ercilla donde un paramédico atendió a la guagua y al verme sangrar de mi herida me envió al hospital de Victoria para que me tomaran una radiografía…Hasta el día de hoy, la familia en su conjunto y todos los vecinos del sector nos encontramos atemorizados, y los niños no han podido superar el miedo. “

El recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco el 21 de diciembre de 2011, ordenando a Carabineros abstenerse de usar bombas lacrimógenas en los allanamientos. Pero en abril de 2012, la Corte Suprema, en un fallo dividido emitido justo después de la muerte del carabinero en Wente Winkul Mapu, revocó esa protección.

Comuneros detenidos

En el operativo policial del 2 de noviembre de 2011 que motivó el recurso de protección citado, fue detenido el comunero Daniel Levinao Montoya (18 años) respecto de quien la policía asegura haberle confiscado un revólver 22 en mal estado.   El fiscal Luis Chamorro pide ahora para él 12 años de prisión y 800 días por porte ilegal de arma de fuego convencional (una pistola calibre 22), acusándolo de homicidio frustrado reiterado a carabineros que custodiaban vehículos de una empresa forestal, y de disparar contra el helicóptero desde el cual Bezmalinovic dirigía el operativo, y contra el propio general. Sostiene el fiscal que se trabó la pistola al momento del disparo. También fue detenido el 2 de noviembre Paulino Levipán Coyan. El fiscal pide para él 15 años de prisión, y 800 días por porte ilegal de arma de fuego convencional, acusándolo de los mismos cargos que se le imputan a Daniel Levinao Montoya. En la versión de la comunidad, sin embargo, el propio General de Zona habría bajado del helicóptero para agredirlos con pies y puños cuando ya estaban esposados.

Posteriormente, el 2 de abril de 2012, fue detenido Bernardo Montoya Melinao y formalizado por homicidio frustrado de carabinero durante el allanamiento realizado a la comunidad en esa fecha, en que también –al igual que el 7 de junio- se buscaba a responsables de un supuesto ataque al agricultor Juan de Dios Fuentes realizado en octubre de 2011. En el allanamiento del 2 de abril resultó muerto el sargento del Grupo de Operaciones Especiales GOPE Hugo Albornoz, por “fuego amigo” según los comuneros, y por encapuchados en una emboscada, según la versión oficial. Montoya fue detenido minutos antes de la muerte del sargento. El caso se encuentra en etapa de investigación.

Sin embargo nada garantiza el debido proceso en el juicio contra Daniel Levinao y Paulino Levipán, ya que las irregularidades comenzaron el día de la preparación del juicio oral de ambos. El juez Javier Bascur impidió la adecuada defensa de los comuneros  negándose a esperar  al abogado defensor, Lorenzo Morales, defensor de Daniel Levinao. Bascur pretendió imponer un abogado a Levinao, lo que fue rechazado por éste por carecer de antecedentes previos en el caso y de confianza. Ambos comuneros se levantaron de la audiencia como medida de protesta por esta agresión a su derecho a la defensa.  Bascur continuó adelante pese a que el otro abogado defensor, Nelson Miranda, dejó planteado un incidente de nulidad por afectar gravemente el derecho a la defensa de ambos imputados.

Como parte de la preparación de un ambiente anti mapuche previo al juicio, el 14 de noviembre los medios de prensa locales recibieron como “noticia” el lanzamiento de un blog anónimo en el que se publicaban fotos que se decía eran de comuneros mapuche armados, las cuales formaban parte de la carpeta de investigación de la fiscalía, es decir se filtraron desde allí. Ello fue denunciado penalmente por el abogado Miranda que solicitó que la causa sea asumida por otro fiscal y periciada por la PDI, en lugar del servicio de carabineros que elaboró el informe tan convenientemente filtrado.

El fiscal Luis Chamorro juez y parte en investigación

En abril de 2012 el fiscal regional de La Araucanía Francisco Ljubetic confirmó que el fiscal adjunto de Collipulli, Luis Chamorro, conduciría como Fiscal preferente la investigación relativa a los hechos sucedidos el 2 de abril de 2012 en la comunidad Wente Winkul Mapu durante un allanamiento que culminó con la muerte del carabinero Albornoz.

Ante las declaraciones recogidas en terreno,  y las contradictorias versiones de la policía y carabineros, organismos de Derechos Humanos habían solicitado imparcialidad en la investigación por la muerte del Sargento 2º Hugo Albornoz Albornoz.  Los testimonios recogidos por ellos apuntan a que el deceso del sargento se produjo por  ‘fuego amigo’, un disparo proveniente de otro funcionario de Carabineros,  cayendo mal herido en el patio de una de las viviendas allanadas y no en un camino público a 5 kilómetros de la comunidad  ni en una emboscada como sostuvo la versión oficial.

Pedro Mariman, encargado de Asuntos Indígenas del Observatorio Ciudadano agregó en la oportunidad que el fiscal especial, Luis Chamorro, recogió evidencias en el lugar: “Inmediatamente vuelve otro contingente acompañado en este caso por el fiscal, Luis Chamorro. Vuelven expresamente a recoger las vainas y los cartuchos que quedaron en el sitio del suceso, para lo cual además habrían traído un detector de metales”. Víctor Maturana, Presidente del Centro de Promoción e Información de los Derechos Humanos, expresó a su vez. “Resulta preocupante la acción de la policía, por cuanto eso es derechamente alterar el sitio del suceso. Hacemos presente nuestra inquietud y preocupación porque es el fiscal Chamorro quien lleva adelante la investigación de este hecho, en circunstancias que es él quien participa directamente en los hechos, porque él conduce la diligencia”.

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Nota: Este artículo forma  parte del “Informe  sobre el uso de Fuerzas Especiales en territorio mapuche,  y desarrollo de la estrategia de criminalización de comunidades que luchan por la defensa y/o recuperación de su territorio” que la Comisión Etica Contra la Tortura dará a conocer  el próximo 26 de Junio, en un acto de conmemoración del Día Internacional Contra la Tortura a realizarse en la Universidad Alberto Hurtado.

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