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Honduras: Se está echando a andar una política de exterminio de militantes del FNRP y del Partido LIBRE 

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Tegucigalpa
Al igual que en Colombia que se procedió al exterminio del Partido Unión Patriótica, por parte del Estado Colombiano (en la década de los años 80), en Honduras se estaría implementando una estrategia similar para detener la fuerza política del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, según lo demuestran los últimos cinco asesinatos ocurridos en este mes de mayo.

Estas acciones ocurren en el marco de una sangrienta represión contra el pueblo hondureño, ante una institucionalidad destruida desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y el desgaste del bipartidismo como una estrategia de la oligarquía hondureña para controlar Honduras que siente que se le escapa de sus manos este control y pretende reinventarse matando a la disidencia.

Para Juan Barahona, Subcoordinador del FNRP y dirigente de LIBRE manifestó que  es una política de Estado a través de los organismos de seguridad como policías y militares, sin descartar a paramilitares que están actuando con la capacitación de colombianos, “con la intención de amedrentar al pueblo hondureño por las elecciones que se aproximan y ven que el partido LIBRE tiene fuerza”.

Manifestó que son crímenes dirigidos a la base del Frente Nacional de Resistencia Popular y al Partido Libertad y Refundación, LIBRE, hombres y mujeres que los han asesinado por andar activando.

“Pero ellos no van a poder parar toda esta fuerza, la única forma es asesinando a compañeros de base y después a la dirigencia”, reiteró.

Barahona denunció que van siguiendo el mismo guión de los 80 donde  primero mataban a los delincuentes comunes para acostumbrar al pueblo a ese clima de violencia y después iniciaron con las desapariciones forzadas, asesinatos políticos, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos.

En aquel momento trataban de convencer que se trataba de un “saneamiento” de la sociedad, hoy pretendenhacer algo parecido, para parar toda esta fuerza social, reafirmó.

Algunos asesinatos los hacen en forma encubierta para hacer parecer que se trata de delincuencia común, pero en los departamentos se asesinan a compañeros y compañeras a diario, son muertes políticas y están todas impunes y no hay ninguna investigación, sin embargo el pueblo sabe cómo operan.

Sin embargo el dirigente de la resistencia  dijo que  hay una convicción desde las bases  porque  la gente ya no da marcha atrás, “van a asesinar a muchos compañeros y compañeras valiosos, sin embargo tendrían que matarnos a todos”.

El baile rojo aplicado para LIBRE

Las acuerdos de seguridad entre el régimen de Lobo Sosa y Colombia podrían incluir la desarticulación de LIBRE por medio de la represión.

En 1985 se creó en Colombia la Unión Patriótica, un partido político de izquierda, surgido tras acuerdos de pazentre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC.

Una propuesta política legal de varios actores sociales, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), El Partido Comunista Colombiano, otros movimientos sociales como la Coordinadora Obrera Campesina, Sindicatos, asociaciones campesinas, y personas de otros sectores. El partido agrupaba a mujeres y hombres que tenían en común la reivindicación por la justicia social.

La Unión Patriótica, pese a no contar con las millonarias campañas de los partidos tradicionales, logró gran simpatía y votación en la población colombiana, ya que su programa respondía a necesidades objetivas de la población, pues proponía las reformas estructurales necesarias a la consecución de la Justicia social, y por consiguiente la Paz con cimientos profundos.

La UP logró sus mayores votaciones en las regiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín: todas regiones que serían arrasadas por el ejército y la Herramienta paramilitar en los años siguientes. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados por las fuerzas del Estado colombiano, cumando alrededor de unos cinco mil personas que cayeron en esta escalada. Vea más datos

Las víctimas de esta estrategia sangrienta

Son varios los militantes de LIBRE que están siendo asesinados en los últimos días, solo en el mes de mayo van unos cinco crímenes, de los que se han reportado ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

El 01 de mayo Eduví Abrego, quien habría sido identificado para integrar las planillas a cargos del elección popular de LIBRE,  fue asesinado de cuatro disparos  por la espalda que le infirieron desconocidos,  en LaLabor, Ocotepeque.

El 07 de mayo Jafet Steven Pineda, miembro  del Movimiento del FNRP 28 de junio, murió como consecuencia de seis impactos de bala en el tórax que le asestaron desconocidos cuando regresaba de visitar a su padre enla colonia La Primavera de San Pedro Sula.

El 08 de mayo Edilberto Solano, dirigente comunal, miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) , fue atacado a balazos  por dos hombres que se transportaban en una motocicleta, en Choloma, Cortés.

El  07 de mayo  fue encontrado estrangulado Erick Alexander Martínez Ávila, militante de la Organización Política de los Necios (OPLN) y elegido candidato como diputado por la corriente FRP del Partido Libre, representando al grupo LGTTBI en Honduras y también periodista, en la salida a la carretera de Olancho, después de que desapareciera desde el domingo 06 de mayo.

El 20 de mayo Jesús Octavio Pineda, militante del Bloque Popular, ex dirigente del Partido Unificación Democrática  y candidato a diputado suplente por  el Partido Libertad y Refundación, LIBRE,  fue atacado a balazos por hombres que se transportaban en un carro blanco.

 

¿El Tigre Bonilla y los escuadrones de la muerte?

 

En el gobierno de Ricardo Maduro, el Tigre Bonilla fue denunciado por la que en aquel momento era responsable de Asuntos Internos de la Policia la comisionada Maria Luisa Borjas, y acuso a la Comisionada Coralia Rivera hoy Viceministra de seguridad, de tratar de forzar los 10 fusiles AK-47 supuestamente utilizado por la policía para llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos.

Las armas, se reveló aún más, también se utilizaron en el secuestro y asesinato en San Pedro Sula del empresario Reginaldo Panting. El autor intelectual de este asesinato, de acuerdo con Borjas, no es otro que el comisionado de Policía Juan Carlos “Tigre” Bonilla. Borjas ha acusado repetidamente a Bonilla de haber iniciado un escuadrón de la muerte que se especializa en la ejecución específica de presuntos delincuentes. No fue hasta que Casa Alianza comenzó a ejercer presión internacional que Bonilla apareció ante un juez quiende inmediato lo dejó en libertad bajo fianza 1.000 dólares. Una nota interna de la policía describe cómo Bonilla dirigió un escuadrón de la muerte que operaba con el conocimiento de las autoridades policiales. Bonilla está de vuelta en la nómina de la policía y ahora como Director de la Policia.

Coralia Rivera de Coca finalmente se presentó ante un tribunal popular convocada a toda prisa. A pesar del testimonio de un armero que admitió la evidencia sobre la corrupción de sus órdenes (que había limpiado los barriles y ha cambiado los mecanismos de disparo) fue puesta en libertad. También se supo que el Ministerio Público había notificado el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, 24 horas antes de que las armas serían secuestradas con la esperanza de que iba a proteger a las pruebas de cargo, pero Alvarez pasó la información al director de Coca Rivera, quien ordenó que la evidencia sea destruida.

Borjas, que sigue siendo vilipendiado y amenazado de muerte, también alega que la policía ejecuta en “casas de seguridad” alrededor de Honduras, donde los “indeseables”, son torturados y ejecutados.

Ese mismo día, 20 de agosto de 2002, el entonces fiscal especial contra el crimen organizado, Mario EnriqueChinchilla, envió una nota al ministro de Seguridad Óscar Álvarez. Le avisó que al día siguiente llegaría a requisar seis fusiles AK-47 como parte de una investigación sobre violaciones de derechos humanos iniciadaen San Pedro Sula. María Luisa Borjas recibió una copia de esa carta.   El caso, de no haber sido por una fuga de información, se hubiera amarrado un mes antes. El 31 de julio, la Fiscalía allanó una casa de seguridad de la Policía en San Pedro Sula en la que se encontraron pruebas relacionadas con más de 50 asesinatos. Media docena de las víctimas estaban involucradas en bandas de robacarros, y en la casa había varios de los vehículos, sin placas, que varios testigos relacionaban con los policías. Pero Borjas esperaba encontrar una evidencia más que incriminara a los oficiales que operaban desde esa casa de seguridad: investigadores de San Pedro Sula le habían informado que los oficiales de la Unidad Antisecuestro escondían armas antirreglamentarias en esa casa. Unos AK-47. La casa, los carros, los policías, las balas de AK-47 en las escenas de los crímenes… Todo cuadraba con las denuncias de los testigos. Solo faltaban los fusiles.

Cuando los investigadores allanaron la casa, encontraron municiones para AK-47, pero no las armas.

En realidad, mientras los policías bajo el mando de Borjas abrían cajones vacíos, revisaban en el techo y debajo de las camas, las armas ya estaban bajo custodia policial e iban rumbo a Tegucigalpa. Habían sidoenviadas allí por el subcomisionado Salomón de Jesús Escoto Salinas, entonces subdirector de Información y Análisis de la Policía en San Pedro Sula, a la supervisora general de la Policía Preventiva, inspectora Mirna Suazo. Las armas fueron ingresadas al inventario y permanecieron ocultas en una bodega en Casamata durante 20 días.   Cuando Borjas se enteró del paradero de las armas, porque consiguió el acta de remisión firmada por Escoto Salinas, informó al fiscal contra el Crimen Organizado y este le respondió con la copia de la carta dirigida al ministro Óscar Álvarez.   María Luisa Borjas interpretó esa carta al ministro como una voz de alerta dirigida a los sospechosos. Les estaba dando tiempo para destruir las pruebas.  Consciente de lo queestaba ocurriendo, Borjas se acercó al portón de la bodega, clavó la oreja y escuchó ruidos y murmullos. Tocó una vez y nadie contestó. Asomó de nuevo la oreja y los murmullos habían cesado. Luego tocó una vez más. Abrieron. Entró.

En la bodega estaban la inspectora Mirna Suazo, el jefe de almacén de armas Pedro Alemán, un armero del ejército y un cuarto hombre: Juan Manuel Aguilar Godoy, jefe de manejo de crisis del Ministerio de Seguridad, uno de los más cercanos asesores del ministro Óscar Álvarez.   Borjas ató todos los cabos y sintió que una cosquilla incómoda le subía por la espalda. Dos más dos da el mismo resultado siempre y por eso, 10 años después de aquel episodio, sigue sosteniendo que en Honduras, entre 2002 y 2004, se ejecutó una política de limpieza social, ordenada desde la Presidencia de la República que entonces ocupaba Ricardo Maduro, supervisada por el Ministerio de Seguridad y la dirección de la Policía, y ejecutada por agentes de esa misma Policía. La prueba para enjuiciar a algunos de los involucrados eran, según Borjas, esos seis fusiles AK-47.

Aquella noche, adentro de la bodega, mientras el asesor del ministro y el jefe de la bodega se deshacían en excusas para justificar su presencia allí, la comisionada Borjas entendió que había llegado tarde. Miró al armero, que se escondía detrás de una estantería, y supo que había sido llevado allí para manipular las armas, desarmarlas y lijarlas a fin de que las pruebas de balística no demostraran lo que todos saben.

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