Los jueces del juez Garzón

El juez Baltasar Garzón se sentará a las 10.30 de esta mañana en el banquillo de los acusados del Salón de Plenos del Tribunal Supremo para ser juzgado por haber ordenado grabar las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y las del abogado Ignacio Peláez, que acudió a entrevistarse con el primero. Nunca un juez ha respondido penalmente por ordenar unas intervenciones telefónicas, aunque se han anulado centenares de ellas por defectos de forma. Garzón no solo se enfrenta a un juicio por ordenar dicha prueba, sino a la más que probable pena de hasta 17 años de inhabilitación que conllevará su expulsión irreversible de la carrera judicial.

La intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados, por las que hoy se sienta en Garzón en el banquillo, fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le sucedió en la instrucción, Antonio Pedreira, por las dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano. Frente a todos ellos y frente al criterio de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral aceptando los argumentos de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta.

Las escuchas, según ha explicado Garzón y su defensa, no fueron ordenadas porque sí. Ya en el primer auto en febrero de 2009, Garzón centró las escuchas en el abogado José Antonio López Rubal, dados los claros indicios de que en las actividades de la trama habían intervenido abogados, que dada su condición, podrían actuar de “enlace” de los cabecillas con el exterior. Al resultar ese abogado imputado en la trama, Correa y Crespo lo sustituyeron por Rodríguez Mourullo y Choclán. Garzón prorrogó las escuchas y Anticorrupción no puso trabas.

Contra “los juicios de la vergüenza”

En su informe de 20 de marzo, Anticorrupción informó a Garzón de que una parte importante de seis conversaciones grabadas se referían a “estrategias de defensa” y debían ser excluidas del procedimiento. Pero al final de ese mismo informe, la fiscalía dijo expresamente que no se oponía a las intervenciones la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad policial antifraude. El 27 de marzo, Garzón ordenó la exclusión de las conversaciones interesadas por Anticorrupción.

Al aparecer indicos de criminalidad contra aforados, Garzón se inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El nuevo instructor, Antonio Pedreira, prorrogó a petición de la fiscalía las escuchas ordenadas por Garzón y, más adelante, en enero de 2010, rechazó anular las grabaciones. Pedreira sostuvo entonces que el derecho de defensa no era “ilimitado” ni una patente de corso a los abogados para colaborar en delitos. También expuso que, bajo supervisión judicial, sí es posible la intervención entre un abogado cooperador y sus clientes. Según Pedreira, de la misma forma que se puede ordenar la entrada y registro en despachos profesionales, se puede, de forma motivada, acordar la intervención de comunicaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, anuló parte de las intervenciones ordenadas por Garzón. Aunque uno de los tres magistrados, José Manuel Suárez Robledano, se opuso a la anulación por entender que se daba un margen muy elevado de “impunidad y privilegio” a los abogados.

*Fuente: El País

• DOCUMENTO: Todas las conversaciones entre los cabecillas y sus abogados
• Contra “los juicios de la vergüenza”
• La prueba del nueve de una condena, por José Yoldi  

Los jueces del juez Garzón

Tres de los magistrados que forman el tribunal fueron apartados de la causa del franquismo por falta de imparcialidad objetiva

Julio M. Lázaro Madrid 17 ENE 2012 – 09:41 CET70

Tras la remoción de los cinco jueces iniciales por falta de imparcialidad objetiva, el tribunal que juzga a partir de hoy a Baltasar Garzón por las escuchas a la trama Gürtel ha quedado configurado por Joaquín Giménez como presidente; Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena. En el tribunal de las escuchas Gürtel figuran tres magistrados que abrieron la causa contra Garzón por investigar el franquismo, y que tras ser recusados fueron apartados por la Sala Especial del Tribunal Supremo por falta de imparcialidad objetiva. Otros dos han instruido las otras dos causas abiertas contra él, también por supuestos delitos de prevaricación.

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Joaquín Jiménez, el presidente del tribunal, es un histórico de la asociación progresista Jueces para la Democracia y un referente entre los jueces del País Vasco. Aunque estimó inicialmente la admisión de la querella contra Garzón por investigar el franquismo, se separó después de la posición monolítica de la Sala Penal ante el apoyo del juez Luciano Varela a los escritos de Falange y Manos Limpias, y criticó su actuación por entender que carecía de “apoyo legal”. Fue el único que aceptó la recusación de Garzón por considerarse “contaminado” para juzgarle en la causa por la Memoria Histórica.

Miguel Colmenero, como magistrado tendrá a su cargo la redacción de la sentencia de Garzón. Procedente de la carrera fiscal, donde llegó a presidir la conservadora Asociación de Fiscales, formó parte del tribunal que desempolvó el viejo asunto de los cursos del juez en Nueva York, archivado tres veces por el Consejo del Poder Judicial y otra más por la propia Sala Penal, y lo convirtió en la segunda causa abierta contra Garzón después de la del franquismo. Colmenero pasa por ser actualmente el jefe del sector de la derecha judicial en la Sala Penal. Si se decide por la condena, tiene la sentencia prácticamente hecha en el auto de apertura del juicio oral redactado por el instructor Alberto Jorge Barreiro

Andrés Martínez Arrieta. De la asociación centrista Francisco de Vitoria, en principio no parece de los más proclives a condenar a Garzón. Sin embargo, en su actuación como instructor de la recusación de Varela, sostuvo el criterio contrario a Jiménez: consideró que Varela había sido “imparcial”, y dijo que aleccionar a Falange y Manos Limpias sobre cómo presentar sus escritos de acusación “reforzaba las garantías” de Garzón. Cuando acabe el juicio de las escuchas Gürtel, se sentará en el tribunal que le juzgue en la causa de la Memoria Histórica, en el que actuará como magistrado ponente.

Luciano Varela, fundador de la asociación Jueces para la Democracia, colectivo que llegó a criticar abiertamente la forma en que encaró la instrucción de la causa abierta a Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Varela llegó incluso a indicar las correcciones que los abogados de Falange y Manos Limpias tenían que hacer para que él pudiera sentar en el banquillo a Garzón y dictó siete resoluciones seguidas en una misma mañana para que forzar la suspensión de funciones del juez imputado y que no pudiera a trabajar a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Determinados comentarios de Varela sobre Garzón, que demostrarían sus prejuicios contra el acusado, acaban de ser ignorados por sus compañeros de la Sala Penal, que han rechazado fulminantemente su recusación.

Manuel Marchena, fiscal de carrera, del sector más conservador de la Sala Penal, lleva más de dos años investigando las ganancias de Garzón y su familia. Ha hecho declarar a banqueros, empresarios y docentes para tratar de demostrar que el juez de la Audiencia Nacional archivó una querella contra el banquero Emilio Botín como supuesta contraprestación a la financiación por el banco Santander de dos cursos sobre terrorismo que Garzón impartió en Nueva York. Aunque todos los interrogados han negado que Garzón les pidiese dinero y han dicho que los patrocinios los pidió la directora de la Universidad de Nueva York, el cariz que lleva la instrucción presupone que en breve Marchena abrirá otro juicio a Garzón, esta vez por prevaricación y cohecho. Mientras, le juzgará por las escuchas Gürtel. Es el primer juez que actúa como instructor y juzgador de un imputado al mismo tiempo.

Francisco Monterde: Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y cercano al Opus Dei, desarrolló toda su carrera en Valencia hasta acceder al Consejo del Poder Judicial impulsado por su asociación, que después le apoyó para llegar al Supremo. Tenía que juzgar a Garzón por la causa de la Memoria Histórica pero le declararon contaminado por faltad e imparcialidad objetiva, lo cual no le impide juzgarle por las escuchas Gürtel. Como juez instructor del caso Gürtel contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, apenas hizo nada más que tomarles declaración.

Juan Ramón Berdugo: Del ala dura de la Asociación Profesional de la Magistratura. Al igual que Monterde, tiene un perfil de magistrado de clase media de la Sala Penal, sin ningún relieve especial más allá de su adhesión sin fisuras al bloque conservador. También contaminado para juzgar la causa sobre la Memoria Histórica, ha sido designado para juzgar a Garzón por las escuchas Gürtel.

*Fuente: El País