El último capítulo

Tomás Hirsch estaba en una fuente de soda en la Plaza de Maipú preparando con Laura Rodríguez y otros jóvenes dirigentes del Partido Humanista los nuevos volantes contra el régimen militar que lanzarían por la ciudad. Era marzo de 1985, tenía 28 años, y un grupo de carabineros de la Dicomcar irrumpió en el local armados con metralletas para arrestarlos. A patadas -según relata quien 20 años más tarde sería candidato presidencial- los llevaron a una comisaría cercana, donde Hirsch fue interrogado con golpes e insultos. «Fue muy violento y vejatorio, es la única vez en mi vida que me han insultado por ser judío». Tras pasar cerca de 10 días detenido en los calabozos de la Primera Comisaría de Santiago, fue liberado gracias a la intermediación de un primo de su madre, el general Herman Brady.

Fue una de las varias detenciones que sufrió el dirigente durante el régimen militar. Pero no quiso entregar su testimonio en el primer informe de la Comisión Política y Tortura de 2004, porque consideraba que se trataba de un asunto menor en comparación con las violaciones a los derechos humanos registradas en esa época. Sin embargo, el 2010, al enterarse de la reapertura de la Comisión Valech para recibir nuevos casos de abusos y detenciones ilegales, él junto a su esposa, Juanita Vergara -también detenida en esa época-, y una veintena de militantes humanistas acordaron concurrir a entregar sus relatos «para dejar constancia histórica de que el partido también había luchado contra la dictadura y habíamos sido violentados».

El de Hirsch es uno de los 32 mil casos que se presentaron para la segunda versión del Informe Valech, que será entregado el próximo 17 de agosto al presidente Sebastián Piñera. El número superó con creces todas las expectativas. Si se esperaba anexar sólo algunos casos al documento del gobierno de Ricardo Lagos, que incluyó a 29 mil personas, la avalancha de solicitudes cambió el escenario y Piñera debió ampliar el plazo de la comisión de 12 a 18 meses.

Será un hito importante para el gobierno, señalan en La Moneda. Como se trata de una comisión asesora que responde directamente al mandatario, la Presidencia ha estado a cargo de contratar al centenar de funcionaros que trabajan en el documento y solicitaron a la comisión que elaboraran un texto histórico como el de la vez anterior y no se limitaran a entregar una nómina de víctimas. De hecho, la Dirección de Presupuestos ya maneja el monto que se destinará por concepto de reparaciones a quienes sean incluidos en el listado final.

En el entorno de Piñera coinciden en que este informe podría marcar un cierre simbólico en el tema de los derechos humanos en materia de verdad y reparación por parte del Estado. Un asesor gubernamental indica que entre familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, exonerados políticos y víctimas de tortura se contabilizan cerca de 240 mil personas y la inversión estatal destinada a ellos en beneficios de salud, previsión y educación se podría estimar en US $ 1.500 millones en total.

Un asesor gubernamental indica que entre familiares de desaparecidos, ejecutados, exonerados y víctimas de tortura, se contabilizan cerca de 240 mil personas y la inversión estatal en beneficios de salud, previsión y educación se podría estimar en US $ 1.500 millones en total.

Según el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, «esta es la última instancia de aquellas que estableció el ex presidente Aylwin en el compromiso del Estado de Chile por alcanzar los mayores grados de verdad y reparación. Obviamente hay otras aristas que toman mayor tiempo como son los casos judiciales que no están concluidos».

El diagnóstico es compartido por varios miembros de la Comisión Valech, donde sostienen que si bien estos temas no se pueden cerrar por decreto, este documento es el capítulo final de las acciones que se iniciaron en 1990 con el Informe Rettig.

Carpetas negras

El ambiente en la sede de la Comisión Valech, en Phillips 451, es agitado. Los funcionarios ocupan todo el tercer piso del edificio y trabajan contrarreloj entre rumas de cajas donde se trasladarán las fichas reservadas con los testimonios, una vez que se aclare la contienda entre el Instituto de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior sobre quién custodiará los documentos. La labor es día y noche. En el equipo nocturno están decenas de digitadores que traspasan la información a la base de datos computacional. Los testimonios recogidos son tan violentos y desgarradores -casos de violación, tortura a menores, aplicación de electricidad- que algunos trabajadores lamentan la falta de contención y apoyo psicológico. Sin embargo, la respuesta de la jefatura es clara: «Nosotros no somos las víctimas».

La tensión de los últimos días se traspasa también a los siete comisionados, quienes representan a todos los sectores políticos: la vicepresidenta ejecutiva de la instancia, María Luisa Sepúlveda; el abogado Luciano Fouillioux y la sicóloga Elizabeth Lira trabajaron en la Vicaría de la Solidaridad; los abogados Miguel Luis Amunátegui y Lucas Sierra representan a la centroderecha; Edgardo Riveros fue subsecretario DC y el radical Mario Papi reemplazó en el cargo al senador José Antonio Gómez. Entre ellos la discusión ha sido intensa y acalorada.

El cargo de presidente de la comisión quedó vacante en honor al obispo Sergio Valech, quien murió en noviembre de 2010 y sólo alcanzó a encabezar un par de reuniones que se realizaron en su casa cuando su cáncer estaba ya avanzado.

Los comisionados debieron revisar los casos uno a uno. Como había un beneficio económico de por medio -un monto cercano a los 135 mil pesos mensuales- fueron exhaustivos en chequear los datos y buscar documentos que acreditaran las detenciones ocurridas durante el gobierno militar.

Se recurrió a los denegados recursos de amparo de la época, a los recortes de prensa de la Biblioteca Nacional, al Registro Civil, al archivo histórico de Gendarmería. El Ejército colaboró y aportó una nómina de 15 mil nombres de detenidos. Se debió modificar la ley en el Congreso para permitir que dos funcionarios de la comisión accedieran a cotejar las fichas del primer Informe Valech que son secretas durante 50 años y que se encuentran en una bodega del Museo de la Memoria, cuya llave está en manos del Ministerio del Interior. Incluso se revisaron los cuestionados libros del ex jefe de la DINA Manuel Contreras.

Aun así el número de solicitudes rechazadas alcanza el 30% en los casos de torturados, según indican fuentes de la comisión. En el caso de ejecutados y detenidos desaparecidos -no incluidos en el Informe Rettig ni en la posterior Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de 1996- llegaron 630 nuevos testimonios, de los cuales no se acreditaron más de 50. Es por ello que la comisión ya advirtió a La Moneda que el alto índice de rechazo en los casos puede generar molestia en las agrupaciones de DD.HH.

Aunque la mayoría de los rechazos responden a la imposibilidad de acreditar la condición de víctimas, los comisionados detectaron casos derechamente falsos, los cuales fueron anexados en «carpetas negras» que podrían ser pasadas a la fiscalía para que se indague un intento de fraude.

Controversias a puertas cerradas

Algunos testimonios fueron especialmente complejos de evaluar para la comisión. Tal es el caso de la ex militante PS Luz Arce Sandoval, quien luego ser doblegada por las torturas tras el golpe militar se convirtió en colaboradora de la DINA: se le acusa de haber entregado a varios miembros del socialismo y del MIR. La mujer, quien luego fue durante años secretaria en el organismo de inteligencia, jugó, en todo caso, un rol clave al regreso de la democracia, ya que prestó declaración voluntaria al Informe Rettig, en donde aclaró el funcionamiento interno de la DINA y el destino de varios detenidos. Luz Arce pidió ser incorporada en este nuevo informe. Su caso fue analizado en detalle en la comisión. Aunque los miembros no dudan que fue una prisionera política, optaron por seguir discutiendo el tema durante este mes antes de finiquitar el listado definitivo.

Los casos más sensibles se trataban de personas concebidas producto de una violación en las sesiones de tortura. Finalmente, por mayoría la comisión decidió incluir a los no nacidos en la lista de víctimas. Por el voto de minoría estuvieron Lucas Sierra y Mario Papi.

Otro tema que generó amplia discusión fue si incluir o no como beneficiarios a los nasciturus, es decir, a quienes estaban en el vientre de sus madres cuando estas fueron torturadas. Varios prestaron su testimonio, allegando los documentos que acreditaban la detención de sus madres embarazadas. Los casos más sensibles se trataban de personas concebidas producto de una violación en las sesiones de tortura. Fue un debate de carácter jurídico que consideraba las implicancias de que una comisión asesora presidencial se pronuncie sobre desde cuándo se puede considerar a alguien persona objeto de derechos. Finalmente, por mayoría y amparándose en un dictamen de Contraloría de agosto de 1995 respecto a los no nacidos, se acordó incluirlos en la lista.

Por el voto de minoría estuvieron Lucas Sierra y Mario Papi.

También fueron un debate difícil los casos de «explosionados», es decir personas que murieron al estallar las bombas que trasladaban. La asociación de madres de explosionados hizo gestiones ante la comisión para que incluyeran a sus hijos entre las víctimas, argumentando que según archivos desclasificados de la CIA varias de las muertes se debieron a la intervención de organismos de inteligencia. La mayoría de los comisionados fueron contrarios a incluir estos testimonios, pero la discusión quedó postergada para la última semana antes de imprimir el informe.

Aunque la mayoría de los políticos entregó su testimonio en el primer Informe Valech -como los PPD Antonio Leal y Patricio Hales y el ex presidente Ricardo Lagos, quien declaró en forma simbólica-, en esta ocasión también se registraron figuras conocidas de la izquierda. Además de Hirsch, se aceptó el testimonio del ex diputado DC Rodolfo Seguel, quien siendo líder sindical durante el régimen militar estuvo preso en la Penitenciaría, la Cárcel Pública y Capuchinos. Según explica Seguel, no quiso declarar en la comisión anterior porque le pareció inapropiado recibir beneficios mientras era parlamentario. «Pero ahora llevo cinco años cesante y necesito ese apoyo económico», indica.

La ex presidenta Michelle Bachelet, quien durante los últimos días de su mandato impulsó esta comisión, prefirió, sin embargo, no declarar su paso por Villa Grimaldi en 1975.

– jpsallaberry@quepasa.cl. 04/08/2011

*Fuente: Qué Pasa