Joaquín Pérez Becerra: ¿Error inexcusable o política de Estado?

«La captura de Pérez Becerra, como la clausura de sus emisiones en Internet de Anncol, que llegó a alcanzar la nada despreciable cifra de más de 800.000 lectores en solo Colombia , ordenada por las agencias del imperialismo, constituyen una afrenta ignominiosa a la libre expresión y un acto de brutal represión política del Estado y gobierno colombianos».

«La idea de rendirse nunca pasó por la mente de ninguno de los que desarrollamos la lucha guerrillera en nuestra patria. Por eso declaré en una Reflexión que jamás un luchador verdaderamente revolucionario debía deponer las armas. Así pensaba hace más de 55 años. Así pienso hoy» (Fidel) (1)

La opinión pública democrática y revolucionaria del continente latinoamericano, sumergida en un proceso ilusionante de cambio político, social y económico de raigambre bolivariana y socialista, se halla consternada por el secuestro y deportación de Joaquín Pérez Becerra, ciudadano sueco, de origen colombiano, director del equipo de la Agencia de noticias Anncol, llevado a cabo en territorio venezolano con la participación activa del este gobierno.

Pérez Becerra y la Agencia de noticias ANNCOL han asumido desde el exterior, con riesgo de su libertad y seguridad, la denuncia del terror y la corrupción del Estado y del gobierno narco paramilitar de Colombia y la defensa de los derechos humanos del pueblo colombiano. Desde ese medio digital han contribuido a difundir la propuesta patriótica de la negociación política como la vía de solución al conflicto armado en Colombia, en un proceso de paz, basado en la justicia social, la soberanía nacional y la libre determinación de su destino como pueblo. Esas connotaciones políticas del militante secuestrado, su aguerrida posición antiimperialista y su clara defensa del derecho a la Rebelón del pueblo colombiano, oprimido, despojado, perseguido y masacrado, marcan el rasgo fundamentalmente político de su captura y deportación.

Razones políticas, de Estado, de ambos gobiernos han presidido este episodio detestable de atropello inaudito a la libertad y seguridad del revolucionario deportado. El Presidente Chaves admite y asume su responsabilidad, sin ambages, con una ostentación del hecho, repudiable. La deportación de Pérez Becerra se inscribe en un compromiso político claro-oscuro de dos mandatarios que ostentan signos políticos contrarios. Es esa una contradicción que debe resolverse. El tsunami político que este episodio ha desencadenado, contribuirá a desvelar al menos algunas de las raíces de este tipo de compromisos de entrega constante de revolucionarios colombianos por el gobierno venezolano, y medir sus nocivas consecuencias en la construcción por ambos pueblos, de la Patria Grande Bolivariana..

El alevoso secuestro de Pérez Becerra en la Patria de Bolívar, acusado de llevar a cabo tareas «terroristas» de las FARC_EP en Europa, forma parte de la estrategia de guerra sucia del Estado y del gobierno narco-paramilitar de Colombia contra la resistencia y la insurgencia populares de ese país. Secuestro y deportación en los que el gobierno venezolano, paradójicamente bolivariano y socialista, anteponiendo razones de Estado a los intereses del pueblo colombiano y a la solidaridad debida a su causa liberadora, juega el lamentable papel de idiota útil en una operación de indubitable carácter de contrainsurgencia, montada por el Presidente Santos desde los antros del Palacio de Nariño en Bogotá, y en la que el gobierno venezolano termina contribuyendo con sus propios cuerpos de seguridad e inteligencia y prestando, para la legitimación de lo injustificable, la voz, la pluma, los medios y el lenguaje jurídico sedicente de dos destacados personajes de su propio gobierno, peones activos de una operación humana y políticamente viles.

Acción repudiable, no solo desde el punto de vista de la solidaridad con la causa revolucionaria del pueblo colombiano, tratándose de un consecuente defensor del proyecto bolivariano socialista en Colombia y del proceso revolucionario Bolivariano en Venezuela, sino también desde el respeto a la legislación venezolana, a las normas internacionales de derecho y a los derechos fundamentales del revolucionario secuestrado y deportado. Porque, de la orden de detención y su periplo no fue informada Suecia, país donde radica su nacionalidad y ciudadanía al haber renunciado a la nacionalidad colombiana. Permaneció incomunicado todo el tiempo de su oprobiosa estancia en el aeropuerto de Maiquetía, impidiéndosele comunicar con el cuerpo consular de Suecia y negándosele la asistencia jurídica de abogado, inclusive la petición del Habeas Corpus, siendo privado así del más elemental derecho de defensa.

En este procedimiento demoledor de toda conducta civilizada, fueron pisoteados impunemente los convenios internacionales sobre Derechos Humanos y Diplomáticos, la Convención de Ginebra, el Pacto de San José de Costa Rica y tantos más «estableciendo con esta detención un horrible precedente», en expresión del colombiano, Juan Carlos Vallejo, profesor universitario en Vermont, Estados Unidos, a donde llegó huyendo del terror.

La captura de Pérez Becerra, como la clausura de sus emisiones en Internet de Anncol, que llegó a alcanzar la nada despreciable cifra de más de 800.000 lectores en solo Colombia , ordenada por las agencias del imperialismo, constituyen una afrenta ignominiosa a la libre expresión y un acto de brutal represión política del Estado y gobierno colombianos.

No podíamos creerlo. Cuando nos enterábamos en las páginas de la red de su secuestro, nos topamos, atónitos, con el comunicado del Ministerio de la Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, elaborado tristemente con el impecable estilo de estigmatización y lenguaje inquisitorial tomado prestado de la bandida oligarquía colombiana pro yanqui cuando apunta a la resistencia popular y a los hombres y mujeres comprometidos en lucha abierta contra la injusticia social y por el cambio revolucionario en Colombia:. «El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de loscompromisos y de la cooperación internacional, bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos». El texto «legal» no tiene desperdicio.

Refiriéndose a esta frase del comunicado, el articulista José A. Gutiérrez escribía: «Nótese que es el mismo párrafo que ha utilizado en anteriores extradiciones de supuestos colaboradores o miembros de la insurgencia. No solamente condena a Pérez Becerra antes del juicio, sino que además denomina «terrorismo» a la insurgencia mientras que el Estado colombiano sería la encarnación de la «paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos» (el mismo Estado colombiano de los falsos positivos, de las torturas a más de 7.000 presos sin debido proceso, el mismo de las decenas de miles de desaparecidos y los cinco millones de secuestrados, el mismo del paramilitarismo, la parapolítica y la limpieza social) ¡Qué distancia con los días en que Chávez pedía estatus de «beligerancia» para la insurgencia colombiana! Estatus de beligerancia que pedía al resto de la comunidad internacional, pero que él mismo no tuvo el valor de otorgarles, pudiendo haberlo hecho».

El propio canciller Maduro, reaccionando a las protestas públicas de los círculos bolivarianos en Caracas, menospreciando sus peticiones y críticas, arremete indignado tachándolas de chantaje y tildando de ultraizquierdistas a los promotores de las mismas: «No estamos sometidos ni estaremos sometidos al chantaje de nadie, ni de la ultraizquierda ni de la ultraderecha». Respuesta que muestra una ejemplar incapacidad de autocrítica. Dice un adagio castizo: «tras de ladrón, baladrón».

«Le di el nombre y le pedí que si nos colaboraba para su captura (…) No titubeó (…)Hablé esta mañana con el presidente Chávez, y le agradecí», manifestaba Santos a los medios de difusión en Colombia.

En el Teatro Teresa Carreño de Caracas, respaldando a sus ministros, era el mismo presidente Chávez el que asumía, ante un abigarrado número de activistas y funcionarios bolivarianos, su total responsabilidad gubernamental en la deportación de Pérez Becerra a Colombia. Su revestimiento de «legalidad» y de ser resultado del compromiso del gobierno venezolano en la lucha contra «el crimen organizado», podrá disimular pero no ocultar su verdadera esencia: una operación de contrainsurgencia en el marco de la estrategia diseñada por el Estado colombiano, de no negociación política y derrota militar de la insurgencia armada en Colombia, y uno de cuyos pilares reposa en la «colaboración internacional» de los gobiernos y fuerzas de seguridad de los Estados.

La deportación de Pérez Becerra no es un episodio aislado de muchas otras deportaciones de guerrilleros y revolucionarios a Colombia, llevadas a cabo por el gobierno de Venezuela, todas ellas imbuidas del mismo espíritu y compromiso de «colaboración internacional» con el gobierno terrorista y narco paramilitar de Colombia. Dicha conducta, alejada de la solidaridad revolucionaria, deja de marcar una simple tendencia en su política exterior, para convertirse en una desviación práctica preocupante que compromete principios del ideario bolivariano, sin distinguir entre quienes son los amigos y quienes los enemigos reales del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela y en Colombia.

El secuestro y la deportación de Joaquín Pérez Becerra, realizada en una operación mixta por los cuerpos de inteligencia y fuerzas de la seguridad de las Repúblicas de Colombia y Venezuela, ha de alertarnos sobre los efectos perversos de desviaciones ideológicas y políticas que puedan estarse generando merced al asentamiento y auge soslayado, en la estructura del Estado y de los organismos gubernamentales, de sectores burocráticos ligados a una emergente oligarquía económica, con tendencia a acomodarse en el proceso bolivariano, que pueden conducirlo a su estancamiento, desviación o desmoronamiento, y que viene siendo denunciado por sectores nada sospechosos de sus compromisos con la revolución bolivariana.

Por hallarme identificado y encontrarlo apropiado, aleccionador y visionario a propósito de la coyuntura actual , transcribo una nota de Amilcar J. Figueroa S., activo y destacado intelectual y político, partícipe activo en el proceso revolucionario venezolano, en su obra: «La Revolución Bolivariana: Nuevos desafíos de una creación heroica» ( editorial El Tapical.- Caracas octubre 2007, pag. 64- nota 36)..

«(36) Las dos polémicas citadas, que se manifestaron con vehemencia entre los teóricos internacionales, han tenido varias expresiones en la historia venezolana del siglo XX. Recuérdese que la contradicción entre Rómulo Betancourt y los núcleos marxistas existentes en Venezuela, entre fines de los años 20 y durante las décadas del 30 y 40 del siglo pasado, giró exactamente sobre estos problemas. Betancourt opuso al PCV un programa concreto de 5 puntos, expuesto en el lla mado Plan de Barranquílla construyó un partido a lo largo y ancho de la geografía nacional que aplicó -sin proclamarlo- muchos de los principios leninistas de or ganización. Pero el carácter policlasista de su organización (y de su pensamiento) lo llevó a comprometerse muy rápidamente con la burguesía proimperialista que gradualmente ocupó el aparato estatal. Esta lección de la historia nos obliga a estar alertas porque, al lado de los grandes esfuerzos que hace el gobierno para impul sar la economía social, se ha gestado un embrión de una nueva clase económica surgida a la sombra de nuestro proceso de hoy, que, como hemos analizado en otros puntos, ya ha tendido puentes con la vieja oligarquía económica y ocupa un lugar nada desestimable en el desenvolvimiento de la política y del Estado venezo lano actual. Por lo demás, estamos convencidos de que en el caso de Betancourt, privaba en el fondo una visión anti-comunista. Otro momento de la vida política nacional cuando estos problemas fueron debatidos, correspondió al tiempo en que nacieron el MAS y la Causa R. Por su parte, el PRV se esforzó por construir una organización de cuadros revolucionarios». (2)

Mi protesta y solidaridad con el militante luchador popular Joaquín Pérez Becerra.

Me uno a la petición multitudinaria internacional que exige su inmediata libertad.

Notas:

(1) ( Fidel Castro- «La Paz en Colombia- Editora Política 2008- Ciudad de la Habana, Cuba

(2) Amílcar Figueroa, historiador graduado en la Universidad Central de Venezuela, ha sido Presidente del Instituto Municipal de Publicaciones y Director General de la Alcaldía de Caracas. Electo Diputado al Parlamento Latinoamericano para el periodo 2006-2011, forma parte de las comisiones de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración, y la de Asuntos Indíigenas y Sociales.. Participa de la Asamblea Parlamentaria Europa Amçerica Latina (EUROLAT), como 2′ vicepresidente de la Comisión Política. También representa a Venezuela como observador en el Parlamento Centroamericano.(PARLACEN).

FUENTE: CubaInformación

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