En suspenso firma de Convenio UPOV 91 por Chile

El gobierno del Presidente Piñera y los obtentores
vegetales  (nombre de fantasía de  la transnacional semillera y agroquímica
Monsanto y otros) esperaban que el martes 5 de abril el Senado terminara de
aprobar la adscripción de Chile al Convenio Internacional para la Protección de
Obtenciones Vegetales (UPOV 91), sin embargo por amplia mayoría  de quince votos contra cuatro, y una
abstención, los senadores acordaron escuchar primero la opinión de la
ciudadanía.

Por tanto el proyecto (Boletín Nº 6426-10) que estaba en
segundo trámite constitucional luego de su aprobación por la Cámara de Diputados en
2010,   deberá ser analizado por la Comisión de
Agricultura.  Transversalmente los
senadores Ximena Rincón, Andrés Zaldívar, José García Ruminot,  Hosaín Sabag, Guido Girardi, Antonio Horvath,
Alejandro Navarro y Ximena Rincón plantearan dudas sobre  sus consecuencias para los productores agrícolas
nacionales.

Lucha social y lobby
La reacción parlamentaria es la respuesta a la movilización
desarrollada por organizaciones sociales y ambientales ante la reposición de la
ley de transgénicos y su avance simultáneo con los proyectos de privatización
de la semilla nativa y de firma del convenio UPOV91. El Cabildo Ciudadano de
Chillán Viejo (2 de abril), en que participaron más de 40 organizaciones
locales, regionales y nacionales presididos por el alcalde de la comuna, Felipe
Aylwin y por la
Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de BioBio,
acordó solicitar al parlamento el rechazo de todas las leyes que pongan en
peligro la semilla campesina, por la vía del otorgamiento de nuevos "derechos
de obtentor" y la introducción de los transgénicos. Los derechos de obtentor
son una suerte de patente que ahora se pretende validar por 20 o 25 años, para
hacer dependientes a los campesinos y productores agrícolas de las
corporaciones del negocio de la semilla transgénica y los agrotóxicos.

Las  demandas del
Cabildo de Chillán Viejo al Senado -suscritas por organizaciones campesinas,
productores orgánicos, exportadores, consumidores y profesionales-  están siendo dadas a conocer a todos los
parlamentarios y fueron entregadas directamente a Ximena Rincón y Alejandro
Navarro frente a La Moneda,
cuando la senadora depositaba allí una maciza carta sobre el mismo tema
dirigida al Presidente Piñera. Así confluyeron dos iniciativas ciudadanas
antitransgénicos y en defensa de la semilla campesina, desde el sur y centro
del país. En la misiva la senadora 
demandó el retiro del proyecto de transgénicos y el inicio de un amplio
debate respecto de todos los proyectos relacionados con el patrimonio genético
por la vía de entregar el control de la semilla y los alimentos,  a empresas que sólo buscan aumentar sus
ganancias. El documento suscrito por organizaciones como la red Socio Ambiental
de Valparaíso, Tierra Nueva, la red social Chile sin Transgénicos, RAP-Chile,
ANAMURI, OLCA, y Tierra Viva Agricultores Orgánicos entregó antecedentes sobre
lo que ocurre en otros países con los monocultivos transgénicos, detallando los
gravísimos impactos ambientales, sociales y en la salud de las personas
derivados de este cambio en el modo de producción campesino.

En la sesión del Senado, la senadora Rincón mencionó que
"el gobierno le ha otorgado urgencia a varios proyectos sobre obtentores
vegetales y hemos concurrido junto al senador Navarro a La Moneda para pedirle al
gobierno que nos dé tiempo para transparentar e informar a la ciudadanía sobre
el alcance de estas iniciativas". El senador Alejandro Navarro afirmó que
el hecho que Chile haya firmado tratados de libre comercio no debe impedir el
debate en el Parlamento sobre las implicancias de este tipo de Convenios.
Informó que "este instrumento ha sido suscrito por 68 países, pero países
vecinos como Argentina, Brasil y Bolivia solo adhirieron al instrumento
anterior, no a sus modificaciones, porque tienen serias y profundas
observaciones". Chile es firmante del convenio UPOV 1978 y al igual que
los citados países, podría continuar rigiéndose por ese convenio.

Senador Larraín
desinformado
Los senadores  se
mostraron abiertos a conocer opiniones de agricultores y comunidades indígenas
sobre el tema. Por su parte, según se informó en la web del senado, los
senadores Hernán Larraín y Carlos Kuschel señalaron que este acuerdo responde a
los compromisos adquiridos por Chile tras la firma del tratado de libre
comercio con Estados Unidos. 
Evidenciando su desconocimiento del tema, afirmaron que este convenio
permitirá que las invenciones nacionales puedan patentarse, ignorando que en
Chile ya hay 600 variedades registradas, entre ellas el boldo, por ejemplo, la
mayoría por empresas extranjeras, pero algunas también por entidades
chilenas.  Las organizaciones
campesinas  quieren evitar que ese
proceso de privatización de la semilla continúe avanzando en detrimento de la
pequeña agricultura y en paralelo con la planeada introducción de los
transgénicos.

Evidenciando su total ignorancia acerca del convenio que se
discutía, el senador Larraín Fernández afirmó que "este convenio no guarda
relación con  los transgénicos. Se trata
de patentar semillas o vegetales". Justamente lo que se patenta son las
llamadas "variedades nuevas" de semillas híbridas o transgénicas, es decir
manipuladas genéticamente a partir de las variedades existentes y que forman
parte de la biodiversidad. El lobby en favor de este proyecto lo han
desarrollado las transnacionales, Chile Bio (Monsanto) y la Asociación Nacional
de Productores de Semillas que agrupa a los exportadores de semilla
transgénica, un cultivo que sí es legal en Chile y que ellos pretenden  extender para el consumo interno.

Otros planteamientos
El senador Zaldívar en cambio, reconoció  la implicancia que tiene este convenio con la
producción de transgénicos. El senador García Ruminot expresó que le gustaría
dimensionar el costo que este convenio tendría para los agricultores, en tanto
que el senador Sabag se sumó a las aprensiones por esos efectos en pequeños y
medianos agricultores que "no saben de patentes".

El Presidente del Senado, Guido Girardi, sostuvo que el tema
de fondo es que "el acervo genético de la humanidad no es patentable y
debería ser devuelto a la ciudadanía". Estimó también que la Comisión de Medio
Ambiente debe igualmente analizar el convenio porque "tiene que ver con la
obtención de semillas, los transgénicos y eso significa que hay muchos pequeños
agricultores y comunidades indígenas cuyas especies van a ser patentadas".

El senador Antonio Horvath por su parte opinó que se debe
"hacer partícipes de este Convenio a los probables afectados. Chile tiene
una gran cantidad de especies y si uno ve el futuro tenemos capacidad de
competir por calidad y sello origen con nuestros productos y no por
volumen". En cambio  para  el senador Kuschel el proyecto "conviene a
nuestros pequeños productores e instancias que investigan la obtención de semillas."

La situación actual
La
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) es una organización integrada por gobiernos pero que responde
a los intereses de las transnacionales semilleras.  Chile es parte de UPOV desde 1996, cuando
adhirió a este acuerdo según los términos que lo regían el año 1978 (UPOV 78),
creando un registro nacional de variedades protegidas que depende del SAG.  

Lo que hoy se iba a votar, es decir que Chile adhiera al
Acta 1991 (UPOV91)  requiere primero
modificar los criterios legales actuales sobre protección vegetal,  puesto que  la nueva versión del Convenio le da aún más
derechos   a  las transnacionales y obtentores.  La ley Nº 19.342, promulgada en 1994 y aun
vigente, creó el registro de variedades protegidas y estableció las normas que
lo rigen, permitiendo que el país firmara el UPOV78.

Si los términos de esa ley fueran los mismos que los
contenidos en  el convenio UPOV 91, Chile
no tendría para qué modificarla y no tendría razón de ser el nuevo proyecto de
Obtentores Vegetales  que se discute en
el Senado con trámite de urgencia, ni se estaría pidiendo derogar la ley
19.342.

Por eso las organizaciones ciudadanas, junto a los senadores
Rincón y Navarro han pedido al gobierno detener la urgencia en el análisis del
proyecto de Ley de Obtentores (de privatización de la semilla nativa) de manera
que exista un debate informado y previo a la votación respecto del convenio
UPOV 91, íntimamente ligado a ese proyecto de ley, ampliamente rechazado por
las organizaciones campesinas, de consumidores y ambientales.