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Fraude al gobierno Regional de Iquique llegaría a los $ 1.500 millones 

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Mientras los cuatro imputados en el caso de la licitación y
adjudicación de muebles y computadores para colegios municipalizados permanecen
detenidos en los cuarteles de la
PDI, el fiscal regional Manuel Guerra trabajó en la
investigación con el propósito ahora de establecer si existen otros
involucrados.

Por ello es que no descartó solicitar al Tribunal de
Garantía que decrete nuevas detenciones contra individuos que hasta el momento
figuran como testigos en la investigación que ya cuenta con 18 tomos.

"Estamos en esa etapa y hasta el momento no descartamos
que el Ministerio Público solicite nuevas detenciones", dijo el fiscal
regional Manuel Guerra.

"Nos guiamos con los antecedentes que arroja la
investigación y si encontramos antecedentes los vamos a pedir. No vamos aceptar
ningún tipo de presiones de nadie. Tendremos que establecer que ocurrió con los
dineros".

En ese contexto es que está trabajando con la PDI muy de la mano y que
incluso estaría determinando la prohibición de salir de la región para algunas
personas que aparecen como testigos en la investigación.

Pero la solicitud de órdenes de detención también se basaría
en los testimonios que hoy entreguen los cuatro imputados. Ellos quieren
declarar y contar la verdad de lo ocurrido.

Esta mañana podrían ser llevados a la fiscalía para que
presten declaraciones ante el fiscal.

De ahí es que se podrían revelar nuevos nombres de
involucrados en los delitos por los cuales serán formalizados el jueves en la
tarde los cuatro imputados en la investigación por irregularidades en el
proyecto de adquisición del mobiliario y laboratorios de computación para los
colegios municipalizados, por mil 300 millones de pesos.

Pero esa no es la única diligencia. La fiscalía cuenta con
una lista de más de diez personas que tendrán que acudir a declarar desde hoy.

No se descarta que las citaciones también se extiendan a
otras regiones.

INVESTIGACION
El Ministerio Público inició una investigación el 2008.
Durante todos estos años se realizaron acciones consistentes fundamentalmente
en la toma de declaraciones.

El 20 diciembre del año pasado Manuel Guerra asumió como
fiscal regional y anunció que combatiría fuertemente todos los delitos. Y así
lo está demostrando. No le tembló la mano para pedir órdenes de arresto contra
cuatro personas y aseguró que tampoco lo dudará para solicitar nuevos arrestos
contra personas que incluso aparecerían como "intocables".

– ¿Usted asumió y se
aclaró el caso?

– No, el caso estaba bastante avanzado. Existían 18 tomos y
se encontraba solicitada la fecha de formalización. Quizás desde que llegamos
empezamos a ver aristas de delitos que antes no se encontraban acreditados.

– La audiencia de
formalización estaba programado para el 24 de marzo, ¿porqué pidió la órdenes
de detención antes, por miedo a que se fugaran?

– En la audiencia puede que aparezcan antecedentes que den
cuenta de eso. Pero además, más el tema de la fuga, nos interesaba asegurar
antecedentes que se encontraban en poder de los imputados. Si pedíamos
solamente una orden de entrada y registro y no la detención, los poníamos
claramente al tanto de nuestras intenciones y se podía perjudicar la
investigación.

-¿Investigará otros
delitos contra personas importantes en la ciudad?

-Nosotros investigamos delitos sin mirar quienes pueden ser
las personas involucradas, ya que investigamos hechos y no personas. Ahora
bien, si esas personas tienen o no investidura relevante es un tema que para
nosotros es indiferente. Nosotros debemos investigar toda denuncia cualquiera
sea el o los involucrados en ella.

*Fuente: Estrella
de Iquique


Testigo recibió
amenazas

El miércoles 12 de marzo de 2008 el ex director del Liceo
Politécnico, Jorge Aracena, denunció por las páginas de este diario que los
computadores que llegaron a su colegio no servían. Desde ese mismo día comenzó
a vivir un calvario que terminó con su salida del colegio.

Ahora, más tranquilo y después de ganar en la Corte de Apelaciones un
juicio contra el municipio, recordó que cuando se publicó la denuncia ese mismo
llegaron hasta su oficina un grupo de personeros de la Cormudesi junto al
empresario Gian Piero Cánepa para amenazarlo por hablar.

Incluso, por el mismo medio de comunicación la alcaldesa y la Cormudesi lo
recriminaron. "Llegaron a mi oficina y me llamaron la atención, pero
recuerdo bien que Gian Piero me dijo que si me callaba me reparaba los
computadores. Le respondí que tendría que ser con los 30 colegios
afectados".

Después de ello la Cormudesi inició un sumario en su contra. La Contraloría calificó
como ilegal la acción.

El caso llegó a la
Corte de Apelaciones donde Aracena ganó y el municipio tuvo
que indemnizarlo.

*Fuente: Estrella
de Iquique


Luxem Burgos, abogado
querellante en Caso mobiliario escolar: "Pensé que las redes de protección
estaban prosperando en su accionar"

Bastante confiado y sorprendido con el rápido actuar del
Ministerio Público, se mostró Luxem Burgos, abogado querellante en el
denominado "Caso mobiliario escolar", donde el pasado lunes fueron detenidos
cuatro personas vinculadas a uno de los mayores casos de fraude al Gobierno
Regional, y cuyo monto ascendería a $ 1.500 millones.

Para Burgos, quien representa a la actual consejera regional
Myrtha Gandarillas y al ex consejero Alfredo Montiglio, en una querella
presentada el 18 de marzo de 2008; lo acontecido es un gran avance en este
caso, por cuanto "estábamos perdiendo la confianza, ya que pensé que las redes
de protección que funcionan estaban prosperando en su accionar. Sin embargo,
esa idea ha desaparecido".

En ese sentido, comentó que hoy la región puede sentirse
tranquila del trabajo del Ministerio Público, que ha sido concreto y
contundente, pese a los tres años que la causa llevaba en tribunales, "por lo
que la presencia del fiscal regional Manuel Guerra ha significado inyectarle
una fuerza extraordinaria al caso, con una intervención de la PDI formidable".

Es por ello que ante la celeridad que ha tenido este
proceso, Burgos puntualizó que espera que "esto sea una advertencia a futuro
para que aquellos que les gusta apropiarse de las platas públicas y quieren
meter las manos, entiendan que hay una acción enérgica del Ministerio Público
detrás de estos delitos".

PROCESO
Si bien mañana jueves se realizará la formalización a los
cuatro detenidos por este caso, según Burgos lo importante es que en esa
audiencia se van a fijar las medidas cautelares para los implicados, que pueden
significar la privación de libertad para estos.

Para Burgos, lo importante es que con ello se acelera el
procedimiento a partir de la judilización, "ya que hay una etapa de la
investigación formal establecida y será el tribunal el que fije un tiempo de
investigación, y al cabo de eso se harán los acusatorios".

Al respecto, puntualizó que un tema no menor es el caso del
abogado Diego Hauva, quien debiera ser formalizado por el delito de
prevaricación, "situación que es preocupante porque Hauva fue el abogado
patrocinante en la querella que interpuso la autoridad en su oportunidad en
contra de los potenciales autores de estos ilícitos, y posteriormente, Hauva
aparece como abogado patrocinante del principal imputado de este ilícito, Gian
Piero Cánepa".

Por lo mismo, indicó que lo que ocurra de aquí en adelante
será un gran precedente respecto del trabajo realizado por la fiscalía, ya que
han pasado tres años en este caso sin novedades, "entonces, uno se pregunta por
qué el fiscal Almazán no formalizó antes, sino que lo hizo recién; y sólo en
noviembre del año pasado comenzaron las peticiones de formalización, y desde
ese tiempo hubo acciones dilatorias en este caso".

Por lo mismo, acotó que ahora recién estamos empezando el
proceso, y eso significa que hay más aristas.

"Creo que la investigación no está agotada, y el Ministerio
Público tiene que profundizar su investigación del punto de vista de las
pruebas, saber el destino de los recursos, dónde fueron a parar, aquí hay que
incautar mercadería que, entiendo, están en bodegas. Entonces, aquí hay una
cantidad de diligencias que tienen que prosperar".

*Fuente: Diario
21


Fiscalia y PDI
detienen a imputados por investigacion en "caso muebles"

Durante la mañana de este lunes, la Fiscalía de Tarapacá, en
conjunto con la Policía
de Investigaciones de Chile, procedió a la detención de cuatro personas
imputadas en la investigación que se sigue adelante por las irregularidades en
el proyecto de adquisición del mobiliario y laboratorios computaciones para los
colegios municipales de Iquique y Arica, del año 2008, por la suma de $1.300
millones.

Las personas detenidas son el empresario a cargo de la
empresa que se adjudicó la licitación, Gianpiero Cánepa Madariaga; el ex jefe
del departamento de Inversión y Control del Gobierno Regional, Jorge Jacobs
Serra; el ex jefe de la
División de Análisis y Control del Gobierno Regional, Freddy
Casareggio Sepúlveda; y el abogado Diego Hauva Grone.

La detención de los tres primeros imputados se realizó en
Iquique, en una diligencia que estuvo a cargo del propio Fiscal Regional,
Manuel Guerra, junto a la fiscal jefe de Iquique, Tania Sironvalle, el fiscal
que lleva el caso, Eduardo Ríos, y otros dos fiscales de la ciudad, junto a
funcionarios de la Bridec,
la Brilac y
otras brigadas de la Policía
de investigaciones (PDI). Además se allanaron domicilios particulares y
comerciales de los imputados, incautando numerosa documentación y especies
relativas a los hechos investigados.

El abogado Hauva, por su parte, fue detenido en el
aeropuerto de Santiago por funcionarios de la PDI y trasladado en horas de la tarde a Iquique
para efectuar el control de detención ante el Juzgado de Garantía de esta
ciudad.

En conferencia de prensa, el Fiscal Regional, acompañado por
el jefe de la I Región
Policial de Investigaciones, prefecto Héctor Espinoza, explicó que ésta es una
investigación de larga data y que en plena coordinación con la PDI se aceleraron las
diligencias a fin de clarificar los hechos. "Por ello, al día de hoy nos
sentimos en condiciones de poder solicitar la judicialización de los cuatro
imputados, no sólo por el delito de fraude al fisco, que en su momento originó
la investigación, sino por otros múltiples delitos que hemos logrado establecer
a lo largo del tiempo", indicó.

Estos delitos son fraude al fisco y falsificación de
instrumento público por parte de los ex funcionarios públicos Jorge Jacobs y
Freddy Casareggio; estafa, falsificación de instrumento privado, presentación
de declaraciones maliciosamente falsas, utilización de la calidad de usuario de
Zona Franca en perjuicio fiscal, contrabando y lavado de activos en el caso de
Gianpero Cánepa; y el delito de prevaricación -esto es, representar en un mismo
asunto a las distintas partes en disputa- en el caso del abogado Diego Hauva.

El Fiscal Regional agregó que también es interés de la Fiscalía y de la PDI determinar cuál fue el
destino de los dineros obtenidos en esta defraudación del Fisco, "estamos
hablando de sumas considerables que, sin lugar a dudas, de haber sido bien
utilizadas, habrían redundado en múltiples beneficios para la comunidad de
Iquique y Arica, y esto lamentablemente no ocurrió por el actuar de las
personas que estamos señalando".

Indicó además que no se descarta a futuro que la
investigación pueda arrojar otros partícipes en estos delitos, y que "parece
extraño que funcionarios subalternos del Gobierno Regional por sí solos
pudiesen haber hecho la adjudicación de estos dineros, sin haber contado con el
aval de otro tipo de personas que trabajaban en el Gobierno Regional de la
época. A lo menos hubo falta del debido control, porque se estaban adjudicando
$1.300 millones, una suma importante si se considera, por ejemplo, que el
presupuesto para el Fondo de Desarrollo Regional de este año para la Región de Tarapacá y en
todo tipo de materias, asciende a no más de 25 mil millones de pesos".

En esta causa es parte querellante el Consejo de Defensa del
Estado, y se cuenta además con denuncias del Servicio de Impuestos Internos y
del Servicio de Aduanas por delitos específicos.

Policías
El Fiscal Manuel Guerra destacó el trabajo profesional y
dedicado que ha tenido la
Policía de Investigaciones de Chile, con todos sus efectivos,
especialmente el trabajo que vienen realizando los funcionarios de la Brigada de Delitos
Económicos, de la Brigada
de Lavado de Activos y del Laboratorio de Criminalística.

El prefecto regional Héctor Espinoza destacó el trabajo
mancomunado con la Fiscalía
en esta investigación. "Cuando asumí en diciembre, conversamos con el Fiscal
Regional y estuvimos de acuerdo que éste era un caso al que había que darle
prioridad por su importancia para la región. Por ello hoy pusimos a disposición
todos los elementos humanos y técnicos necesarios para que la Fiscalía tenga todos los
antecedentes que permitan seguir adelante con la investigación".

*Fuente: Iquique on line

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