No soy un peligro para la sociedad.

Durante los últimos 20 años de mi vida me he dedicado a
consolidar un largo camino de inserción laboral y social, como lo han hecho un
buen número de chilenos excluidos de participar en la construcción de la
democracia, por ser considerados a priori terroristas, subversivos o
violentistas.

Por acción u omisión, los líderes de la concertación
excluyeron a los militantes de la izquierda revolucionaria de participar en el
proceso político post plebiscito, una situación que también incide en mi
situación y en otros casos.

En este contexto, me he dedicado a gestionar mi conocimiento
profesional y a al trabajo académico en diferentes universidades de Chile y en
el extranjero, teniendo como base fundamental de incentivo y de apoyo, mi
hermosa familia, formada durante todo este periodo con amor y esmero.

Evidencias de este proceso se pueden encontrar en Chile,
Nicaragua, Cuba, Venezuela, España y últimamente en la Universidad de Los
Lagos, lugar donde me desempeñe como Director de Aseguramientos de la Calidad y como Asesor del
Rector.

Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, me han señalado
como un peligro para la sociedad y se me ha privado de libertad.

Yo no fui ni soy un terrorista, luche en contra la dictadura
militar. El FPMR  tampoco fue una
organización terrorista, nació y lucho en contra del terrorismo de estado. Soy
parte de una generación de chilenos y chilenas quienes no aceptamos las
consecuencias de las arbitrariedades cometidas por ese régimen, sobre las
cuales hay suficientes evidencias recopiladas, entre otros, en el informe Rettig.

En este sentido, la aplicación de la ley antiterrorista para
juzgarme, es extemporánea, además que es una ley cuyo espíritu emana de una
constitución que ha demostrado no corresponder al  Chile de hoy. Es una constitución diseñada
para darle cobertura a la refundación de la Republica, según
Pinochet y sus ideólogos, cuyo eje principal era la lucha (guerra) anticomunista.

Bajo ese régimen se aplicaban las leyes para intimidar y
perseguir a los chilenos opositores; la presunción fundada sirvió de excusa
para las detenciones arbitrarias y las desapariciones de personas.

Un Estado debe protegerse del flagelo del terrorismo, pero
su aplicación en un estado de derecho es sobre argumentos jurídicos
sustentables, preservando los derechos ciudadanos, incluyendo sus derechos
frente al estado.

Su aplicación hoy merece reparos, por las contradicciones en
los casos de los comuneros Mapuches y últimamente al ciudadano Paquistaní.
Casos que han demostrado que no todos los delitos son terroristas y que la
presunción de inocentes  es la base del
estado democrático.

En un  momentos de la
historia de Chile, en 1988, el curso de los acontecimientos llevó al país a una
salida democrática negociada con la dictadura. No estuve de acuerdo porque no
era la única ni la mejor forma de iniciar la construcción de un proceso y de
sus instituciones democráticas, pero esa opción fue validada por el plebiscito
y debía ser aceptada por todos.

Esto significo tomar una decisión y empezar a pensar de otra
manera, sin renunciar a la historia ni a una identidad construida durante la
lucha anti dictatorial, lo que hasta ese momento habíamos pensado de forma
excluyente y unilateral, es decir la razón, las ideas, el hombre y la sociedad.

Un proceso que generó resistencias porque era una amenaza
para quienes vivían psíquica y materialmente de unas creencias sectarias
preestablecidas, al estatus que a esa altura, para sus mentores, solo eran
posibles imponerlas por la vía de los hechos consumados.

Este es el origen del crimen de Jaime Guzmán y es también el
origen de las acusaciones de traidor que hicieron en mi contra. Ese revanchismo
es lo que está detrás de las acusaciones que hicieron en mi contra desde una
cárcel de Brasil, intentando involucrarme en un crimen que no cometí y en el
cual no participe.

Nuestra sociedad avanza a pasos agigantados en su economía,
la que ha mantenido su continuidad desde su origen, como un modelo instaurado
por los economistas y empresarios de la dictadura, bien administrado en los
últimos 20 años. Sin embargo, más allá de la economía, en otros ámbitos, aun
persisten los dogmas y sectarismos del pasado, que actúan en el sentido
contrario del desarrollo.

En ninguna sociedad democrática un preso político, uno
solo,  puede hablar bien de ella. La
presencia de una persona por pensar distinto en una cárcel es un atraso.
Demuestra la no tolerancia por las ideas distintas.

Yo no cometí el crimen por el cual se me acusa, por lo tanto
me siento y así seré reconocido con el paso del tiempo mientras continué aquí,
entre rejas, como un PRESO POLITICO.

Yo no soy un peligro para la sociedad. Hace 20 años que me
desempeño como un profesional y un académico, aportando en la formación de
nuevos profesionales al país.

Soy un luchador social, lo he sido y lo seguiré siendo. Mi
sueño es una nación de ciudadanos en la cual todos tengan las mismas
oportunidades, en donde el respeto a la diversidad cultural y de las ideas, sea
la base de la construcción social.

Una vez más manifiesto mi total acuerdo  con que el crimen de Jaime Guzmán se
investigue mientras existan dudas sobre sus autores.

También manifiesto que este crimen no tiene nada que ver con
mi historia ni con la organización a la cual pertenecí y de la cual fui parte
de su Dirección hasta 1989.

Que la justicia haga su trabajo, pero reclamo también mi
inocencia total y absoluta y me niego a sentirme un peligro para la sociedad,
porque no lo soy.

Que se me juzgue por lo que he sido, un luchador social y
revolucionario consecuente, por lo que hoy soy, un profesional, un académico
que aporta al país y a la democracia. Siempre desde la perspectiva científica y
socialmente concreta, que no se puede tener una visión del mundo contemplativa
sin una relación practica con la vida real y consciente.

Enrique Villanueva Molina
Preso Político