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Chile pidió ayuda al espionaje de EE UU frente a los mapuches 

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Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior del último Gobierno de Michelle
Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el
"problema mapuche"
y le pidió apoyo "de inteligencia"
para seguir de cerca su posible radicalización, sus eventuales contactos con
grupos terroristas extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para
"seguir el dinero" que les pudiera llegar.

"El candidato Piñera ha declarado que la Araucaria arde en
llamas",

asegura uno de los cables

La
conversación se produjo en 2008,
a poco de tomar posesión el ministro, y cuando ya se
habían registrado algunos incidentes entre grupos mapuches, fuerzas del orden,
propietarios de tierras reclamadas por la comunidad indígena y empresas
españolas, como Endesa,
implicadas en la construcción de presas
hidroeléctricas en territorio mapuche.

"El consejero legal le explica que el
FBI ya está coordinado con los Carabineros
para ayudarles a localizar la
llegada de esos posibles contactos",

asegura un telegrama de la embajada.

Los sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009,
indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la misma
conclusión: la
comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta
;
"el problema ha sido
magnificado por los medios"; quienes alegan que existen lazos entre los
mapuches y organizaciones terroristas extranjeras "no han proporcionado
pruebas de ello" y "los expertos del Gobierno califican esos
contactos de mero ‘turismo de guerrilla".

Aunque no es posible saber exactamente el número de mapuches entre la
población chilena (el censo de 1992 hablaba de 932.000 y el de 2002,
sorprendentemente, de solo 604.000), la mayoría de las ONG que trabajan en el
país manejan cifras que oscilan en torno al millón de personas (entre el 5% y
el 6% de la población total).

Un detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios días
por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un joven
activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la opinión, bastante
irónica, de los diplomáticos estadounidenses:

"Un eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad
chilena podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las
FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles",

se mofan.

"El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha
declarado que la Araucaria
arde en llamas. Los principales periódicos chilenos, que son generalmente
conservadores, publican muy a menudo en primera página reportajes sobre este
conflicto".

Los diplomáticos ocultan a duras penas su indignación:

"La destrucción de propiedades, que supone la inmensa mayoría de las
acciones ilegales de los mapuches, se presenta frecuentemente a todo color con
descarados titulares y a veces una cobertura muy superior a la que se da a
crímenes mucho más graves cometidos por chilenos no indígenas".

Reproches a todas las partes

"Hay mucho que reprochar a todas las partes en este conflicto",

informa el embajador Paul E. Simons.

"Las
comunidades mapuches están desorganizadas
,
son incoherentes y presentan
demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (…) Por el otro lado, los
sucesivos Gobiernos de la
Concertación han desarrollado una política indígena
chapucera, a la que se concede poca importancia y que es incapaz de establecer
y alcanzar objetivos realistas",

explica.

Las protestas de las comunidades mapuches, que reclaman desde hace décadas
las tierras de las que fueron expulsados a lo largo de la historia por
sucesivos Gobiernos chilenos, para entregarlas o venderlas a agricultores
individuales o empresas, obtuvieron alguna respuesta en los años sesenta y
setenta, pero con la llegada de la dictadura de Pinochet fueron, de nuevo,
aplastadas. El primer Gobierno democrático de Patricio Alwyn, explica otro
telegrama estadounidense, aprobó una nueva ley para devolver algunas tierras a
las comunidades indígenas,

"pero la situación progresó muy poco en los siguientes 16 años,
contribuyendo a la visión mapuche de que el Estado chileno lleva 100 años
rompiendo las promesas que les hacen".

Las quejas fueron aumentando en los últimos años, especialmente cuando las
autoridades chilenas, agobiadas por la carencia de energía suficiente como para
sustentar su creciente desarrollo económico, decidieron poner en marcha un plan
de producción de energía hidroeléctrica y encargaron, entre otras a la empresa
española Endesa, la construcción de nuevas presas, alguna de ellas en
territorio ancestral mapuche. A partir de ese momento, se renovaron los
incidentes, especialmente los casos de "vandalismo y destrucción de la
propiedad", informa otro telegrama. "Aunque preocupantes e
ilegales", asegura Simons, "esos ataques son esporádicos y claramente
dirigidos contra propiedades y no contra personas". El telegrama recoge la
queja de organizaciones humanitarias, escandalizadas por que se aplique a los
mapuches una controvertida ley antiterrorista de le época de Pinochet.

Relaciones complejas

La embajada constata que las relaciones entre los mapuches y el Estado
chileno son complejas y conflictivas, pero mayoritariamente "no
violentas".

"Aunque la mayoría de los chilenos asocia los mapuches a las áreas
rurales de la Araucaria
y regiones vecinas, la realidad es que el 70% de los mapuches vive en áreas
urbanas. Santiago alberga más mapuches que ninguna otra región",

explica Simons. Según la información que asegura que le ha proporcionado el
subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 27 de las 2.100 comunidades
mapuches del país están realmente en conflicto con el Gobierno chileno o con
los propietarios de la tierra, y de esos 27 casos, solo en ocho se han
registrado acciones violentas. De hecho, recuerda el embajador norteamericano,
en los últimos 10 años de conflictos ha habido tres muertos, todos ellos
jóvenes activistas mapuches.

El embajador reproduce también conversaciones mantenidas tanto con Rosende
como con el jefe de la Unidad
de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional chilena, Jorge Chocair, que
minimizan las relaciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), grupo indígena
vinculado a algunos hechos violentos, con grupos terroristas internacionales
como las FARC o ETA.

"Es cierto que algunos miembros de la CAM han viajado a Colombia, a España y al sur de
México y que pueden, incluso, haber participado en algún tipo de entrenamiento.
Unos pocos representantes de Askapena, brazo político de ETA, visitaron en
agosto de 2009 algunas comunidades mapuches. Sin embargo, tanto Rosende como
Chocair caracterizan esas relaciones como "informales e
infrecuentes", asegura Simons. Chocair en concreto le dice al embajador
que se trata de "turismo de guerrilla".

El último telegrama disponible, de octubre de 2009, informa de tres nuevos
ataques en la región de la
Araucania pero sigue calificando el tema de conflicto de
"bajo nivel". La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, les
asegura, además, que no cree necesario el envío de más policías a la región.

"El secretario general de la Presidencia, José Viera-Gallo, tiene razón cuando
afirma que el imperio de la ley en la región está perfectamente asegurado y que
esos ataques, aunque preocupantes e ilegales, siguen siendo esporádicos y
contra propiedades, no contra personas",

insiste la embajada.

*Fuente:
El País

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