Ossandón y la convicción

En el estilo Peña, se me hace necesario traer a colación esa
vieja distinción weberiana entre la ética de la convicción y la ética de la
responsabilidad. De acuerdo a la primera, las personas actúan motivadas por sus
creencias y valores. De acuerdo a la segunda, las personas actúan por ciertos
compromisos ineludibles. Manuel José Ossandón, como individuo, tiene todo el
derecho de actuar de acuerdo a sus creencias y valores. Manuel José Ossandón,
como alcalde, debe conducirse en la vida pública respetando ciertos compromisos
ineludibles. Aunque a veces nos cueste aceptarlo, en la vida nos toca
desempeñar distintos roles que requieren de distintas actitudes. La
consecuencia o coherencia que algunos quieren ver en las actuaciones del
alcalde Ossandón respecto de la píldora, no es tal. Como funcionario público,
su deber es actuar de acuerdo a la ética de las responsabilidades de su cargo.
Si el Estado de Chile ha llevado a cabo todas las instancias de validación
necesarias para que la anticoncepción de emergencia esté disponible en los
consultorios, entonces no hay creencia personal que lo justifique para no
cumplir las responsabilidades de su cargo.

Esta lógica se aplica independiente del sector político del
cual provenga la autoridad. Aunque todavía sea motivo de crítica desde algunos
sectores de la izquierda, la actitud que asumieron los gobiernos de Frei y
Lagos respecto de la detención de Pinochet en Londres fue la correcta desde la
perspectiva de la responsabilidad, aunque haya sido incómoda o incluso dolorosa
desde la óptica de la convicción. Ministros que fueron exiliados por el
dictador se vieron en la necesidad de actuar con criterio de Estado (aunque
podamos discutir si éste fue el correcto), supeditando sus anhelos personales
de retribución.

Pero en el caso de Ossandón hay otro problema más grave aún,
que suele darse en la derecha más que en la izquierda. Se trata de la precaria
comprensión de la necesaria prioridad de lo Justo por sobre las concepciones
personales del Bien. En las sociedades complejas y cada vez más diversas en las
que vivimos, es posible encontrar variadas visiones respecto de cómo vivir la
vida. Todas esas visiones, mientras no destruyan la convivencia, merecen
respeto. El alcalde Ossandón también tiene derecho a que respeten la suya.

Pero ninguna de ellas -tampoco la suya- puede ser impuesta
sobre los demás en el espacio público. Es imperativo, entonces, establecer
acuerdos o consensos básicos -la idea de lo Justo- que se traduzcan en
instituciones y normas, las únicas que pueden ser legítimamente obligatorias.
Volviendo a la píldora, no es la particular creencia o concepción del Bien del
alcalde Ossandón la que debe ser satisfecha, sino la adecuada razonabilidad
pública de acuerdo a los procedimientos establecidos, es decir, lo Justo para
todos los ciudadanos.

No conozco exactamente la extensión del decreto y posterior
legislación que autoriza la repartición de la píldora en los consultorios
municipales. Pero si se llegara a configurar la trasgresión legal, no hay ética
de la convicción ni concepción del Bien que valga. El alcalde Ossandón tendría
dos caminos: la renuncia en nombre de sus valores (lo que tiene un enorme
mérito más allá de lo político), o bien el sometimiento a la ley como todos los
mortales.

Por supuesto, nada de esto tiene absolutamente nada que ver
con su evidente reclamación de que hay cosas más importantes de que
preocuparse. Este es un asunto, como él mismo señala, de convicciones y
principios.
1 de Diciembre de 2010

– El autor es profesor de la Universidad Adolfo
Ibáñez.

*Fuente: El Mostrador