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Los docentes ante el Fin de la Historia en las aulas 

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Las reducción de las
horas de Ciencias Sociales e Historia impartidas en los colegios, medida
anunciada por el jefe del Mineduc Joaquín Lavín, no debiera sorprender
demasiado a nadie. En una sistema social como éste, que la mayoría de la gente
acepta de buena gana, tiene mucho sentido disminuir el tiempo dedicado a unas
materias que ya se habían vuelto superfluas para una población dedicada por
entero a la subsistencia, y que considera natural vivir en la más completa
ignorancia y desinterés sobre los asuntos cruciales de este mundo.

En cuanto a los
profesores, deberíamos preguntarnos por qué les molesta la reducción
cuantitativa del tiempo de clases, a la vez que han aceptado casi sin chistar
la degradación cualitativa del contenido de esas clases. Es decir, ¿quién ha
reclamado hasta ahora porque en los colegios se enseña una Historia banalizada,
vaciada de contenido, reducida al absurdo? ¿Quién, durante los quince años de
aplicación de la
Reforma Educacional, se mostró indignado por el
desvanecimiento de toda referencia al antagonismo de clases, por el
ocultamiento del conflicto social y material que subyace a la historia mundial
del último siglo? Casi nadie.

Casi nadie se quejó por
el hecho de que cada momento de ese conflicto fuera presentado como un simple
episodio de la historia burguesa. Casi nadie alzó la voz para denunciar esa
masiva operación de desmantelamiento de la memoria histórica, llevada a cabo
principalmente en las salas de clases y asistida por la televisión (casi todos
consideran ambas cosas como "derechos" de los que debemos gozar). Casi
nadie se levantó para recordar que la Memoria Histórica
es un campo de batalla de la guerra de clases, y que la historia oficial es la
historia ideologizada de la burguesía.

La verdad es muy cruda y
desagradable: mientras los dueños de este país remodelaban la memoria de la
población condicionando las percepciones sociohistóricas de los menores de
edad, los profesores no tenían nada que reclamar excepto el pago de unas
asignaciones prometidas por el gobierno de Pinochet en ¡enero de 1981! El cobro
de esas asignaciones no imponibles, que iban del 50% al 90% del sueldo base y
que les fueron prometidas a cambio de una moderación del terror que se ejercía
contra ellos – el mismo terror que se ejercía contra tantos otros obreros
chilenos – , es lo que les ha mantenido ocupados por más de 20 años. Eso, y
casi nada más.

Si los profesores tienen
memoria, se acordarán de las circunstancias en que les fue prometido ese
dinero, y comprenderán quizás que es inútil reclamar el pago de esa "deuda
histórica" sin reclamar el restablecimiento de la verdad acerca de ese
pasado que conocen de oídas, y del que esa deuda es apenas un dato accesorio.

El hecho es que los
profesores chilenos insisten en reclamar su Derecho de Herencia sobre un pago
prometido hace treinta años, pero muestran muy poco interés en heredar la lucha
de clases que obligó al régimen pinochetista a ofrecer ese pago. Quieren el
dinero, pero no la sucia memoria de su origen. Quieren que el pasado pague sus
deudas, pero no quieren saber nada de lo que ellos le deben al pasado, a esa
historia de resistencia proletaria y comunitaria. Por eso, mientras en los
últimos veinte años aleteaban por la plata que se les debía a fin de asegurar
su ascenso social privado, nunca tuvieron ningún reparo en que esa Historia de
luchas, en realidad terrible y actual, se enseñara en las aulas como si fuera
una fábula televisiva, un mero preámbulo de este régimen definitivo e
insuperable que es la
Democracia.

Parece que de aquella
Historia marcada por los anhelos de revolución, por la acción colectiva y la
identidad de clase, por la violencia y el heroísmo, los profesores sólo
recuerdan la plata que se les debe. Mientras se les pague, o se les mantenga
ilusionados con la promesa de pago, estarán contentos de ser los portavoces del
fundamentalismo democrático y de poder enseñarle a las nuevas generaciones este
credo sin memoria.

Se podría aventurar esta
hipótesis: a los profesores – especialmente a los profesores de Ciencias
Sociales – les molesta que se reduzcan las horas lectivas de su área y se
aumenten en su lugar las de Matemáticas, por la sencilla razón de que al ser
reducidas esas horas disminuirá la demanda de mano de obra calificada en ese
sector, lo cual hará que se incremente la competencia por las horas que queden
disponibles, tendiendo así a disminuir el precio de esas horas en el mercado. En
una palabra: tendrán que competir más por los puestos de trabajo, y ganarán
menos. Por la misma razón, es probable que los profesores de Matemáticas y
Lenguaje no estén demasiado molestos por los cambios anunciados.

Es una hipótesis
plausible, y que en nada desacredita a los obreros en cuestión. A los
profesores, puesto que son obreros asalariados, les interesa por sobre todas
las cosas que se les pague un mejor precio por su fuerza de trabajo. Es lo que
persiguen todos los obreros asalariados que el mercado pueda ofrecer, y no hay
nada reprochable en ello. Lo que sí se puede discutir, es que sea necesario
recubrir ese interés con el aura de una buena consciencia que en realidad no
existe. En general a los asalariados de la enseñanza, como a todos los demás
asalariados, les importa un comino la Historia, les da lo mismo si alguna vez hubo o
sigue habiendo lucha de clases, y les tiene sin cuidado conocer y transformar
las causas profundas de sus padecimientos y los del resto de la humanidad. En
general, lo que a los obreros de la enseñanza les interesa es recibir un mejor
precio por la única mercancía que pueden vender en el mercado: su fuerza de
trabajo. Al jefe del Mineduc, por su parte, dado que él representa a la clase
capitalista compradora de mercancía-fuerza de trabajo, le interesa exactamente
lo contrario: crear las condiciones para que el precio de esa mercancía se
reduzca al mínimo.

En esto consiste el
conflicto que hoy empieza a despertar la inquietud de algunos profesores. Se
trata de un conflicto económico, inmediato, básico, banal. Un conflicto que
desde luego tiene que ser llevado hasta sus últimas consecuencias, tal como determina
la lógica misma de las relaciones de mercado. Ahora bien, si además de este
conflicto por el precio de la fuerza de trabajo empleada en los colegios, hay
algo más en juego, algo relacionado con la Memoria Histórica
de un pueblo que sabe de dónde viene y por qué lucha, eso tendrá que
demostrarse en la práctica. Los profesores, como siempre, tendrán la última
palabra.
23 de noviembre de 2010

Omnia sunt communia!
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