La Justicia tiene su hora

Cualquiera sea el desenlace de la prolongada huelga de hambre de los
presos políticos mapuche, su testimonio resultará  fundamental en la
lucha por la democratización del país y la necesidad de que Chile, su
legislación e instituciones velen efectivamente por los derechos
humanos. Quienes han arriesgado su vida a tal extremo han logrado sacar
al país de su letargo político y despertar la sensibilidad de millones
de chilenos respecto del estado de injusticia que afecta a nuestro
pueblo fundacional, así como volver a concitar la solidaridad
internacional que nos ha acompañado en tantos momentos cruciales en
nuestra historia.

Su ejemplo nos ha recordado que es siempre la movilización social la que
obtiene los cambios. Que no son las promesas, ni las negociaciones
políticas las que alientan la justicia social. Que todo cambio nace de
la lucha, la protesta callejera, el enfrentamiento franco con los
poderes retardatarios. Y que todo compromiso, en este sentido, siempre
entraña arrojo, riesgo, sinsabores e, incluso, tragedias sociales.

Es en esta constatación que se entiende (aunque no se explica) que desde
el primer día del gobierno de Patricio Aylwin se haya aplicado una
política destinada a desactivar la organización social y silenciar a los
medios de comunicación realmente comprometidos con una democracia
genuina. Como nos confesara el Embajador de Noruega en la época, tal
administración encargó incluso a una Comisión Especial viajar a Europa a
demandar la suspensión de toda ayuda a las ONGs , diarios y revistas
que habían encendido la protesta y las demandas que pusieron término a
la Dictadura Militar. Es también en este cometido de adormecer las
conciencias que se explica la debilidad del mundo sindical y estudiantil
después de 20 años de post pinochetismo, cuanto que todavía siga
vigente la Constitución del Dictador, la aberrante Justicia Militar, así
como la llamada Ley Antiterrorista, en realidad un terrorífico cuerpo
legal para neutralizar el descontento y aplastar las justas demandas de
los excluidos y oprimidos.

En la indolencia y complicidad política de estas dos últimas décadas es
que el Presidente Lagos agrega su rúbrica a la de Augusto Pinochet para
sacralizar una Carta Fundamental que se prometió derogar con una
Asamblea Constituyente. Es lo que explica, también, que el gobierno de
Michelle Bachelet haya demandado a los dirigentes mapuches por una Ley
que prometió nunca aplicar, pero a la cual se rindió por las presiones
ejercidas por la centro derecha para extremar la represión en contra del
justo levantamiento de la Araucanía. Los mismos que ahora, desde La
Moneda y el Parlamento, se ven forzados a reconocer que la lucha mapuche
es justa y que sus acciones no son terroristas.

La unidad y firme resolución de los mapuche tiene, por cierto,
descontrolado al conjunto de la clase política. Ni el Ejecutivo, ni el
Parlamento se muestran en capacidad de resolver el conflicto planteado
por nuestra etnia principal y la resolución heroica de sus líderes. Es
más, la Iglesia Católica ha debido reconocer su fracaso mediador o
“facilitador”, como eufemísticamente se ha llamado a los esfuerzos de un
obispo por avenir al gobierno y a los presos políticos en huelga de
hambre. Junto con el reconocimiento que algunos prelados ya hacen en
cuanto a que la misión de la Iglesia no es la búsqueda de la mediación o
componenda sino el compromiso evangélico con la causa de los pobres y
discriminados.

En la búsqueda de una solución digna es que debe ser el Poder Judicial
el que intente ahora concebir una solución. Sobre todo cuando consta el
repudio que le merece al propio Presidente de la Corte Suprema la
vigencia de tribunales militares y que estos se permitan, para colmo,
juzgar a los civiles. O cuando sabemos que en privado tantos jueces
reconocen que les repugna aplicar la Ley Antiterrorista vigente, cuerpo
legal  reñido con el derecho internacional, como tantas veces se le ha
representado al Estado chileno.

Nada podría limpiar más la imagen del Poder Judicial que la posibilidad
de intervenir ante el fracaso de las instancias políticas. Sobre todo si
se considera que lo que exigen los presos políticos mapuche no es
impunidad, sino juicios justos y ajustados al debido proceso. Una
posición más que prudente si se la compara con los despropósitos que han
sufrido en los dos siglos que cumple nuestra pretendida república y en
otros tres de colonialismo y guerra fratricida en contra de los que ya
estaban aquí antes e la conquista española.

Miércoles 29 de Septiembre 2010


*Fuente: Radio U de Chile