Crimen de los dueños y el Estado en Mina San José

Chile: Treinta y tres mineros, uno tras otro
 “Las noticias que los obreros daban del accidente calmó un tanto
aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las
catástrofes de otras veces: sólo había tres muertos de quienes se
ignoraban aún los nombres. Por lo demás, y casi no había necesidad de
decirlo, la desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del
Chiflón del Diablo, donde trabajaba ya hacía dos horas en extraer las
víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de izar en el
departamento de las máquinas.
Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones devorados por
la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la
tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios. No era la
suya esperanza sino certeza: de seguro él no estaba entre aquellos
muertos. Y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres
oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus
ayes de desolación y angustia.”

El texto anterior no es parte de la crónica de la tragedia ocurrida en
la mina San José el 5 de agosto pasado, a 45 kilómetros de Copiapó, en
la Región de Atacama. Es el fragmento del cuento “El Chiflón del Diablo”
escrito por  Baldomero Lillo hace 106 años.

LAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS CRIMINALES

Los dueños de la Compañía Minera San Sebastián, de cuya órbita es la
mina San José, son Marcelo Kemeny Füller (40 % de la propiedad) y
Alejandro Bohn (60 %). El primero intentó vender infructuosamente el
yacimiento de cobre y oro el año pasado. El fundador de la empresa fue
su padre, Georges Kemeny Latay que, según miembros de la Sociedad
Nacional de Minería, le dio “impulso” a la faena, cuya explotación tiene
más de doscientos años. Ahora el directorio está formado por el 
gerente de la empresa, Pedro Simonevic; vicepresidente ejecutivo,
Marcelo Kemeny; el gerente general, Alejandro Bohn; subpresidente Planta
Tierra Amarilla, Marcelo Rodríguez; subpresidente Planta Copiapó,
Víctor Lamas; y el jefe de abastecimiento, Jaime Cerón. Sin embargo, uno
de los dueños, Marcelo Kemeny no dio señales de vida hasta el viernes
13 de agosto, 9 días después de los hechos.. Al respecto, Rafael Peña,
hermano de uno de los 33 mineros enterrados desde las 14:00 hrs. el 5 de
agosto, señaló que  “Acá ni siquiera lo conocen, nunca aparece. Esto es
para la risa, que el dueño no aparezca para nada”.

En una burda maniobra comunicacional –que debe estar muy bien pagada-,
Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny  el viernes 13 aparecieron al mismo
tiempo y diciendo prácticamente lo mismo, en las portadas de El Mercurio
y La Tercera. Sueltos de cuerpo y con casacas rojas iguales a las que
visten las autoridades piñeristas, por una parte, Bohn  dijo lo que todo
responsable de un accidente de estas proporciones debe decir
correctamente: “…nuestra única prioridad han sido nuestros trabajadores y
sus familias”, mientras, por otro lado, ante las sospechas de sus
relaciones políticas para reabrir una mina inexplotable, Kemeny afirmó
con inocencia que “Somos una hormiga, no tenemos capacidad para eso.”
Sobre este dicho, la comunidad nacional, los familiares y los dirigentes
mineros deben estar muy de acuerdo, pero en un sentido totalmente
distinto. El lavado de imagen de los propietarios del yacimiento San
José suena a pobre y desesperada estrategia mediática para procurar
salvar ilesos de sus responsabilidades. Pero los trabajadores y la gente
no son imbéciles.

Según el Ingeniero en Minas, Agustín Holgado, quien se desempeñó por más
de 10 años en la zona de Copiapó, “Para nadie de la zona resultó una
sorpresa el accidente, mucho menos para los fiscalizadores. Son
innumerables los incumplimientos de la Minera San Esteban con la
seguridad de los trabajadores, así como también con la legalidad
ambiental. Baste decir que la reglamentación de seguridad que fiscaliza
el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), obliga a la
minería subterránea a contar con al menos dos accesos alternativos a
todas las labores, pero al parecer hay autoridades y empresas que están
por encima de la ley.” El ingeniero indicó que en 2004 la Corte de
Apelaciones rechazó un recurso de protección interpuesto por el
sindicato en contra de la empresa y Sernageomin producto de la muerte
del trabajador Pedro González Rojas, luego de un desprendimiento de roca
en la mina San José. En julio de 2010, el minero Gino Cortés sufrió un
grave accidente donde perdió una de sus piernas, una vez que un planchón
(roca desprendida en la galería de acceso) le cayó encima cuando se
desplazaba para almorzar. ¿Qué fuerzas permiten la apertura de un
yacimiento extraordinariamente peligroso?

LAS AUTORIDADES EN EL LUGAR EQUIVOCADO Y LA VOCACIÓN MEDIÁTICA DE PIÑERA

Por su parte, el ministro de Minería, Lawrence Golborne (ex gerente de
sistemas de Esso Chile, filial de la petrolera norteamericana
ExxonMobil; y ex gerente corporativo de Cencosud) aseguró la semana
pasada que el miércoles 11 de agosto habría un primer contacto con los
mineros atrapados en el refugio del yacimiento. Naturalmente ello no
ocurrió. Y se explica, en parte, por su total inexperiencia en la
industria del sector. Lo que, a su vez, se agrega al conjunto de
irresponsabilidades gubernamentales en la materia. Sebastián Piñera,
teatralmente se apersonó en la mina a casi tres días del ingreso de los
trabajadores al yacimiento, y luego de hacerse de los antecedentes pidió
“rezar por los mineros”. Días después Piñera cortó por lo más frágil,
mediático y económico políticamente: destituyó al director de
Sernageomin, Alejandro Vio, al subdirector de Minería y al director
regional de Atacama de esa entidad, Rodolfo Díaz. Olvidó decir que
Senageomin cuenta con sólo 17 fiscalizadores para alrededor de medio
millar de minas del país. Por eso su anuncio de triplicar el presupuesto
de la unidad fiscal suena bien, pero es ridículo para los
requerimientos.

El ex director regional de Sernageomin –anterior al recientemente
retirado de sus funciones-, Antón Hraste dijo que el gerente de la mina
San José, Alejandro Bohn; el director expulsado de Sernageomin,
Alejandro Vio, y el jefe del Departamento Nacional de Seguridad de ese
servicio, Santiago Pinilla, “deben responder por qué se reabrió la mina.
Ellos tomaron la decisión.”

Hraste abandonó su cargo el 30 de junio de 2007, y el 30 de mayo de
2008, el subdirector de Sernageomin, Patricio Leiva, autorizó “la
reapertura de la mina San José”, luego de una largo historial de
accidentes, muertos e irregularidades a granel.

LOS TRABAJADORES Y LA VERDAD DURA

Moisés Labraña, vicepresidente de la Confederación Minera de Chile y uno
de los líderes históricos del sector, expresó que  “La mina jamás debió
reabrirse porque tiene fallas estructurales. Un derrumbe en una mina no
puede producirse porque existen mecanismos para evitarlo: hay clavos de
anclaje, enmallado, chorroteo de cemento, lo que asegura los avances en
la mina. En la San José no había nada de eso. Se hicieron avances en
forma irracional”, y agregó respecto del mítico refugio del que tanto se
habló los primeros días que “no hay lugar para que los mineros puedan
guarecerse de un derrumbe: lo que debería existir es un refugio contra
incendios, no contra derrumbes.”

Labraña informó que  los mineros venían exigiendo desde 1999 que se
cerrara el yacimiento. El 2005 la Dirección del Trabajo decidió
clausurarla porque no existía salida de emergencia, ni chimenea (para
renovar el aire). Esto llegó a los tribunales de Copiapó y se lavaron
las manos. Luego, y no se sabe por qué, la mina se reabrió el 2009.
“¿Existen influencias políticas, gente importante involucrada? Eso
tendrá que ser parte de la investigación. Puede que nos encontremos con
más de una sorpresa” indicó el dirigente. El 30 de junio, en el marco de
una reunión de trabajo de la comisión de minería donde estuvo el
ministro Lawrence Golborne,  Javier Castillo, secretario del Sindicato
de Trabajadores de la Mina San José, le espetó al ministro que  “No se
puede trabajar a cualquier costo. En la mina San José la situación es
catastrófica. En cualquier momento se va  a producir un derrumbe, por lo
tanto el gobierno debe tomar medidas.” Pero el ministro no tomó ni
nota. Y el 5 de julio, a un mes del desastre, se le fue a dejar una
carta para pedirle que la empresa, sino era cerrada, por lo menos fuera
obligada a abrir la salida de emergencia y destapar la chimenea, porque
el fondo de ella se había llenado de material estéril, lo que la volvía
inoperante. El ministro no recibió a los dirigentes sindicales. “¿Qué
esperanzas hay ahora? Pocas. Es muy difícil que estén con vida. Ya el
primer día se optó como única vía de rescate, la chimenea. Y no ha
habido ningún tipo de comunicación con los mineros enterrados. Aquí los
empresarios tendrán que pagar por su responsabilidad criminal en el
hecho, incluso si sobreviviera algún minero. También hay una
responsabilidad de Estado, responsabilidades políticas. Sernageomín
depende del ministro”, sentenció Labraña e ilustró que  “Aquí
transitamos por la vereda del siglo pasado.

Tantos los convenios, como
las recomendaciones del convenio 176 y de las recomendaciones 183 de la
OIT,  no han sido suscritas por el gobierno. De hecho, Chile no ha
suscrito ninguna norma de seguridad, porque se tocan muchos intereses.”

-¿Y en qué consisten esas normativas no firmadas?
-“El convenio plantea tres principios: la participación de los
trabajadores en materia de resguardo de la mina; el derecho a conocer e
informarse plenamente del lugar y las condiciones en las cuales se
labora; y el derecho a paralizar, que asume el sindicato, el comité
paritario o el trabajador mismo cuando advierte una situación de
peligro, sin perder la remuneración. Aquí está el temor de los dueños.
Los trabajadores se accidentan y no son considerados como tales. Son
enviados a una clínica particular y se busca la manera de esconder el
accidente. Al respecto, existe una concomitancia entre la Mutual de
Seguridad y las empresas.”

-¿Por qué?
“La seguridad es un negocio. Las mutuales gastan apenas un 6 % en
prevención de accidentes y un 21 % en gastos administrativos. El Estado
no tiene una sola política de seguridad. La política la improvisa “el
guaripola” de turno. Si al ministro le interesa la inversión, como es el
caso actual, Sernageomin actúa según ese criterio. Debe terminar la
irracionalidad. Aquí los empresarios deben pagar con cárcel. Y el Estado
debe responder. 60 días se demoraron en ratificar a las autoridades de
Sernageomin. Después se pone un ministro que no tiene idea de minería, y
que sólo quiere promover la inversión. Ahora bien, hasta hace poco
había una mina clausurada en Las Pataguas, en la V Región, y volvió a
estar en funciones, ¿Quién lo ordenó? En la II, III y V regiones debe 
haber un resguardo superior a la vida de los trabajadores.”

Néstor Jonquera es presidente de la Confemin. Expresó que los mineros
bajo la mina derrumbada son socios del sindicato Mina de los
Trabajadores de la Compañía San Esteban y afimó que “Según los
supuestos, hubo un acuerdo político con los propietarios para reabrir la
mina. Aquí hay corrupción, paleteada o favor político. Con qué sector
político, es un misterio.”

Jonquera manifestó que “El gobierno ha apoyado a la empresa a no dar la
cara como corresponde. Y cuando, en otra situación, están involucrados
los trabajadores, el Estado nos ataca.”

-¿Quiénes son los responsables de la tragedia?
“El primer responsable es el empresariado, los dueños de la mina. Y
luego el Estado, Sernageomin, la Inspección del Trabajo,  el Ministerio
de Salud, y la Asociación Chilena de Seguridad, empresa que lucra
administrando la ley 16.794 que tiene que ver con enfermedades
profesionales y accidentes del trabajo. La ley dice que tiene que
prevenir; para eso se le paga una prima todos los meses. Y los
responsables son parte de este gobierno y del anterior. Todos tendrán
que pagar.”

El máximo representante de la Confederación  certificó que “Los mineros
quieren seguridad. Para el empresario, el trabajador es un simple perno,
una pieza cambiable rápidamente por otra. No importa que se muera o que
se enferme, porque hay otro que hará la pega. Esto ocurre entre las 400
a 700 minas que existen.”

-¿Qué exigen y qué harán?
 “Si los trabajadores entraron vivos a esa mina, tienen que salir vivos.
El viernes 13 nos reunimos todos los dirigentes sindicales relacionados
con la minería de todo el país. Aquí construiremos una política común,
primero, asegurando el bienestar de las familias de los trabajadores de
la mina San José y exigiendo su cierre total. Queremos ofrecer un
mensaje a las otras industrias de la producción y al conjunto de los
trabajadores de Chile  respecto de la importancia de la unidad. Aquí los
únicos que actúan unidos son los empresarios con el apoyo del Estado.
En cambio, los trabajadores estamos dispersos. A nuestros compañeros
enterrados bajo toneladas de roca y tierra no se les preguntó su color
político. Por eso deben unirnos nuestros intereses comunes. Los
dirigentes sindicales, el martes 9 de agosto, bajo el sol vertical del
desierto, hicimos un juramento de que debemos juntarnos. Ya no hay
tiempo que perder.”

-¿Y cómo evalúa la actuación de las autoridades?
 “Piñera y el ministro de Minería han dicho  que esa mina no está en
condiciones de trabajar hoy día, pero si el empleador le hace alguna
modificación en torno a la seguridad, puede seguir explotándose. Esa
mina tiene más de doscientos años. Es muy rica en oro, y por eso es tan
codiciada. Pero sus condiciones geológicas están formadas durante miles
de años. Tendría que invertirse muchísima tecnología si se quisiera
abrir. Pero aquí quedó demostrado que en Chile no existe tecnología de
punta.”

Diario Uno tomó contacto con un minero de la zona, quien por razones de
estabilidad laboral solicitó mantener su nombre en el anonimato. El
trabajador, con amargura y rabia, aseguró que “lo más probable es que
los compañeros murieron el mismo jueves 5 de agosto, en el primer
derrumbe. El sábado, cuando los rescatistas llegaron al famoso refugio,
ese ya no existía. Y las primeras faenas de rescate se hicieron con
gente que no conocía la mina. Uno siempre guarda una esperanza, pero a
esta altura ¿Cómo podrían estar vivos? Hasta el jueves 12, por lo menos,
estaban excavando al “achunte” no más. Yo creo que la pega de encontrar
a los “niños” va a tomar un mes, por lo bajo. Esto es muy duro. Pero
todos  saben la verdad y la callan.”

MÁS DOCUMENTACIÓN QUE FUNDAMENTA RESPONSABILIDADES DE DUEÑOS DE MINA SAN JOSÉ



A menos de un mes de la tragedia de la Mina San José, el 9 de julio se
realizó una fiscalización de la Inspección del Trabajo de Copiapó por el
funcionario Herman Mery Véliz a ese yacimiento. Según la Resolución de
Multas Nº 6279 / 10 / 42 a la que tuvo acceso D1, el fiscalizador
documentó un conjunto de graves irregularidades en la mina.

Primero, el hecho de que el empleador –Alejandro Bohn- no haya suprimido
en los lugares de trabajo los siguientes factores de peligro: “Nivel 60
N/E: no realizar la fortificación del techo, habiéndose constado que no
existía fortificación, razón por la cual ocurrió el desplome del
planchón. No evaluar una situación de riesgo, dada la falsa sensación de
estabilidad por un buen resultado obteniendo después de haberse
realizado una operación de acuñadora mecanizada del sector y aplicación
de pernos lechados existentes. Tal hecho constituye incumplimiento de
las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e
implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud, y
en general, la integridad física de los trabajadores”.

Segundo, “No contar con señalización visible y permanente en las zonas
de peligro, indicado sector sin cobertura de malla en nivel 60 NSE donde
ocurrió la caída de la roca. Tal hecho constituye incumplimiento a las
condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica
no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en
general, la integridad física de los trabajadores”.

Y tercero, “No cumplir el Comité Paritario de higiene y seguridad las
funciones de su competencia, consistentes en investigar las causas de
los accidentes y enfermedades profesionales, en relación a lo ocurrido
el día 03 / 07 / 2010 a las 00:15 hrs. por accidente ocurrido en
interior de Mina San José de empresa Minera San Esteban Primera, que
afectó al trabajador Sr. Gino Cortés Calderón. Tal hecho en un
incumplimiento a las obligaciones legales sobre funcionamiento de los
comités paritarios de higiene y seguridad e implica no disponer medidas
que protejan eficazmente la mina, salud e higiene de los trabajadores al
interior de la empresa”.

TAMBIÉN LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

Por otra parte, la Asociación Chilena de Seguridad aseguró que en junio
de este año, emitió el informe 227, en el que advertía a los
propietarios de la Minera San Esteban sobre el riesgo de derrumbe en la
Mina San José, y le pidió a la empresa que asegurara los procedimientos
de fortificación, poniendo a los equipos de trabajo en lugares seguros
de riesgo. “Lo que pedíamos era que la empresa afirmara la mina”, señaló
Alejandro Pino, gerente de la mutual.

La investigación se habría efectuado luego de la caída de un planchón
que provocó la herida contusa en la zona lumbar del trabajador Jorge
Galleguillos el 1 de junio, un mes antes de otra caída de roca -3 de
julio- que terminó con la pierna de Gino Cortés.

LOS ANTECEDENTES DE MARÍA ESTER FERES

Por su parte, la ex directora del Trabajo, María Ester Feres, indicó en
un programa radial que en 2001 no se pudo cerrar el yacimiento San José
por presiones del sector minero.

Feres dijo que "en la mina se hicieron trabajos menores, pero la
percepción de los funcionarios de la Dirección del Trabajo era que esa
mina era una bomba, no había por dónde, no tenía salidas de escape".

Las presiones empresariales y políticas argumentaron hace 9 años que el
yacimiento  "generaba empleo, porque no había fuentes (de trabajo) de
alternativa. Entonces, otra vez poniéndonos contra la espada y la pared:
o queremos crecer y eso tiene costos en vida humana o priorizamos
derechos fundamentales y eso nos replantea el crecimiento"

Respecto de la seguridad, Feres fue vehemente al afirmar que  "Yo tengo
estadísticas que pueden demostrar que en el año 2009 murieron más
personas en Chile, en el lugar de trabajo, por accidentes predecibles
más que los que murieron en el maremoto y terremoto".

Por otra parte, pese a que el jueves 19 de agosto la sonda empleada en
la mina llegó a los 726 metros de profundidad, no se encontró el refugio
del cual se habla desde el principio de la tragedia. Y las protestas de
las familias de los trabajadores han motivado la vocación represiva del
mal gobierno piñerista mediante el traslado de un fuerte contingente de
carabineros y fuerzas especiales a la zona del desastre. Fuertes
rumores señalan en Copiapó que podrían ser más de 33 los mineros
enterrados debido a una cantidad no calculada de trabajadores que
laboraban ilegalmente en el yacimiento.