Respuesta a José Piñera

Siempre que se trata de responder desde este periódico a los defensores
del golpe y la dictadura, o a aquellos que atacan arteramente al
Presidente Allende, su gobierno y su obra, con el fin de refutar sus
intentos de justificar lo injustificable, saltan desde nuestro propio
campo aquellos que se oponen a este tipo de respuestas, argumentando que
no debería contestarse a dichos escritos, o declaraciones, porque eso
equivaldría a “darle tribuna al enemigo”, que es mejor “no hacerles
caso”, “que nunca los vas a convencer”, etc., etc. Quienes así piensan
asumen, ingenuamente, que el destinatario principal de aquellas
respuestas sería el autor de tales escritos o declaraciones, cuando en
realidad lo que se pretende es responder al adversario derechista, o
simplemente fascista, con el fin de poner en evidencia, ante los
lectores, sus falacias, refutar sus afirmaciones y mostrar el carácter
puramente ideológico de la mayoría de sus
planteamientos.                  

Las recientes declaraciones del tristemente célebre ex ministro de
Pinochet y hermano del presidente chileno, en apoyo a la destemplada
defensa del Golpe y la dictadura militar hecha en Argentina por el ex
embajador Otero, vuelven a poner bajo la mirada pública los dolorosos
acontecimientos de la dictadura que azotó por 17 largos años nuestro
país, al tiempo que suministra a los defensores intelectuales de
aquellas negras páginas de nuestra historia la ocasión para desempolvar
sus ya gastadas y malolientes pseudo-justificaciones,  que vienen
repitiendo, bajo diferentes formas y variaciones, desde el mismo día 11
de septiembre de 1973.

Nos referimos, por cierto, a aquellas recientes declaraciones de José
Piñera que fueron reproducidas y contextualizadas por Leandro Dario, en
su reportaje para Perfil.com, y posteriormente publicadas en su
totalidad, el día 16 de junio, en piensaChile.

Muchos se preguntarán: ¿por qué Piñera partirá comparando a Allende con
Hitler?

A mi juicio, simplemente “para desordenar las piezas del tablero”, es
decir, para confundir el debate por medio de un pase puramente retórico.
Porque es manifiesto que Piñera sabe que Allende y Hitler tienen tanto
en común como Santa Teresa de Calcuta y Charles Manson. Por lo demás, ni
siquiera se trata de algo original, porque mucho antes que Piñera ya
habían hecho la misma ridícula comparación. Víctor Farías, y el alemán
Lothar Bossle, este último en una diatriba impresa, traducida al
castellano por el historiador derechista Ricardo Krebs, y titulada
ALLENDE Y EL SOCIALISMO EUROPEO.    

Como siempre, la estrategia defensiva de los golpistas y sus
simpatizantes se centra en dos grandes pseudo-argumentos: 1. en la
falacia de la ilegitimidad del gobierno de Allende y la Unidad Popular
y, 2. en la falacia del Golpe Preventivo.  En cuanto al primero de estos
argumentos, su forma lógica es sumamente simple: el gobierno de Allende
se había vuelto ilegítimo, legal y moralmente hablando, y por lo tanto
era legítimo derrocarlo, por todos los medios, legales o ilegales. El
segundo de los argumentos justificatorios adopta diferentes formas, pero
se reduce en lo esencial a la idea de que el golpe era, moral y
políticamente, legítimo porque la UP planeaba  la instalación de una
dictadura, previo a lo cual se disponía a asesinar a un gran número de
los jefes civiles y militares de la oposición golpista.

Como puede verse, José Piñera no se sale de aquel viejo patrón
argumental cuando declara, por ejemplo,

“que las fuerzas armadas al
remover al gobierno de la Unidad Popular, no realizaron el típico golpe
de estado latinoamericano, sino que obedecieron al mandato moral y
político de la cámara de Diputados”. De modo que para el ex ministro de
Pinochet “la intervención militar no fue otra cosa que el resultado de
una rebelión civil ante una tiranía”.

Por cierto, las palabras ‘remover’ e ‘intervención militar’, utilizadas
aquí, pretender ocultar el palmario hecho de que lo que hicieron los
golpistas militares y sus instigadores civiles: la DC y la Derecha
Chilena Tradicional, fue ni más ni menos que el típico golpe de estado
latinoamericano, entre otras razones, por el hecho de que su principales
autores intelectuales y financistas, no fueron ni siquiera chilenos,
sino el Presidente de EE.UU, Richard Nixon y su Secretario de Estado,
Henry Kissinger, como lo han demostrado de modo categórico e inapelable,
innumerables documentos desclasificados del gobierno gringo de aquella
época. (1)

Subyacente al alegato de Piñera a favor del Golpe, se encuentra, por
cierto, la invocación de una especie de “derecho a la rebelión”, a
partir del cual se afirma que puesto que el gobierno de Allende habría
perdido “legitimidad moral” era justificado su derrocamiento. Por
cierto, el gobierno que había nacionalizado el Cobre, establecido
relaciones diplomáticas y comerciales con aquellas naciones que formaban
parte del bloque soviético, u otras que simplemente no eran
subservientes del Imperio, que había elevado el nivel de los salarios de
los trabajadores, puesto su economía y comercio exterior al servicio de
las grande mayorías, se encontraba en proceso de realizar una profunda
Reforma Agraria, etc., no podía sino aparecer como ilegítimo ante los
ojos de aquellos que siempre se creyeron depositarios de una suerte de
derecho divino de propiedad sobre el país y sus riquezas. Porque,
contrariamente a lo que afirme Piñera, eran, precisamente, todas estas
realizaciones del gobierno de Allende las que le daban, ante la historia
de Chile, su más profunda legitimidad moral.

En cuanto a la legitimidad legal, que habría, supuestamente, asistido a
los golpistas, astutamente y con selectiva memoria, Piñera dice algo que
intenta ocultar nuevamente el carácter esencialmente militar del Golpe:

 “Quienes de verdad removieron a Allende  fueron los 81 diputados
chilenos que votaron a favor del acuerdo del 22 de agosto de 1973” En
otras palabras, lo que se afirma es que Pinochet y los golpistas habrían
“removido” a Allende, nada menos que por mandato constitucional”.

Piñera se refiere aquí, sin duda, a la acusación en contra del
presidente presentada por diputados democristianos y nacionales, que fue
votada en la Cámara aquel día, en la que se lo acusaba de haber
“quebrantado gravemente la Constitución”. El propósito de esta maniobra
era, evidentemente, precipitar la caída del gobierno mediante una suerte
de “golpe blanco”. Pero lo que, astutamente, omite señalar Piñera es
que de acuerdo con el artículo 42. 1a. de la Constitución de 1925, (2)
entonces vigente, la atribución  de destituir, mediante una Acusación
Constitucional, al Presidente de la República, le correspondía
exclusivamente al Senado, y sólo en caso de que dos terceras partes de
los senadores se pronunciaran en su favor. Porcentaje que los
pro-golpistas no estuvieron nunca en condiciones de alcanzar, ni en la
Cámara de Diputados, ni en el Senado.

De manera que la acusación presentada en la cámara por aquellos 81
diputados a la que alude Piñera no podía conferirle a la “alianza  por
el golpe” la menor autoridad legal para derrocar al Presidente, y menos
por la vía armada. Allende comprendió de inmediato  el carácter golpista
de aquella maniobra parlamentaria del 22 de agosto, y declaró que era
“un acuerdo político destinado a desprestigiar al país en el extranjero
y  a crear confusión interna, y que facilitaría con ello la intención
sediciosa de determinados sectores”(3).

Pero al comienzo de la defensa del golpe hecha por Piñera encontramos
una frase que inadvertidamente deja traslucir cuales fueron las
verdaderas razones de la acusación en contra de Allende por parte de
aquella mayoría pro-golpista de la Cámara de Diputados el día  22 de
agosto de 1973:

“Lamentablemente, la Constitución vigente en 1973 en Chile hacia casi
imposible remover a un violador de la constitución y la ley”.

Es decir, de lo que verdaderamente se trataba, entonces, para los
golpistas civiles era poder derrocar al gobierno legal y constitucional
del presidente Allende por cualquier medio. Pero para ello primero había
que conseguir que Allende fuera declarado como habiendo quebrantado, o
violado, la Constitución. Como en realidad eso no había ocurrido, ni
podía demostrarse que había ocurrido, por no contar la oposición
golpista con los votos para hacerlo, en ninguna de las dos cámaras,
había que echar mano de una maniobra pseudo-legal, que tenía por objeto
producir el mismo efecto político que una acusación constitucional en
contra de Allende, y que iba  dirigida no sólo a la ciudadanía sino
especialmente a las FF.AA. con el objeto de suministrarles una cobertura
igualmente pseudo-legal para conminarlas a que desencadenaran el golpe,
que venían preparando, por instigación norteamericana, desde hacía
muchos meses.              

Pero, ¿qué hicieron aquellos puntillosos guardianes de la legalidad y la
Constitución a partir del mismo día 11 de septiembre? El golpe de
estado que Piñera y su clase vieron desde el primer momento como salida a
la situación de dualidad de poderes en que los ponía el gobierno de la
UP, equivalió en realidad el sumum de la ilegalidad, porque significó la
destrucción no sólo de la Constitución entonces vigente, sino que de
todas las instituciones del estado chileno hasta entonces
existentes.        

Más adelante señala Piñera que:  

“La intervención de las FF.AA. chilenas fue una acción conjunta de las
cuatro instituciones armadas para evitar una dictadura comunista”.

He aquí el segundo gran pseudo-argumento justificatorio del Golpe, que
diera origen al tan tristemente famoso como apócrifo Plan Zeta, de
acuerdo con el cual  cualquier acción “preventiva” en contra del
gobierno y los partidarios de Allende, se tratara de represión,
encarcelamiento, tortura o asesinato, aparecía justificada, moral y
políticamente, como una reacción conmensurable con los supuestos
propósitos cuasi-genocidas de la Unidad Popular.      

Hoy todo el mundo sabe que el tan famoso Plan Zeta nunca existió, y que
no fue más que una maniobra justificatoria del Golpe, sus brutalidades y
atropellos, concebida por un oficial naval golpista y elaborada por los
asesores civiles de la dictadura, entre los que se contó el historiador
pinochetista Gonzalo Bulnes, en colaboración con el almirante Patricio
Carvajal. Pero no es necesario referirse aquí en detalle a esta ficción,
de la que pueden informarse los lectores, en la bien documentada página
de la Wikipedia, correspondiente al nombre Plan Zeta.
 
Notas:
1. Véase por ejemplo: Hernán Soto y Sergio Villegas (Traducción y
notas), ARCHIVOS SECRETOS. Documentos Desclasificados de la CIA,
Santiago, LOM Ediciones, 1999, Armando Uribe y Cristián Opaso,
INTERVENCION NORTEAMERICANA EN CHILE [Dos textos claves]. Santiago,
Editorial Sudamericana chilena, 2001. Peter Kornbluh, LOS EE. UU Y EL
DERROCAMIENTO DE ALLENDE. Una historia desclasificada, Barcelona,
Ediciones B/Grupo Z, 2003. 

2. Constitución Política de la República de Chile, 1925, en:
CONSTITUCIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DE CHILE, 1810-2005., Diario
Oficial de la Republica de Chile, Santiago, 2005, pág .272.

3. Manuel Salazar, CHILE, 1970-1973 Una detallada cronología política,
económica y cultural de los 45 meses que estremecieron el país,
Santiago, Editorial Sudamericana, 2003, págs. 350-51