Democracia de los acuerdo: un negocio genial para la derecha

La famosa democracia de los acuerdos siempre ha terminado favoreciendo a la derecha: la Ley General de Educación, celebrada en la ridícula ceremonia en que todos se presentaban tomados de la mano, no puede ser más perjudicial al gobierno de Michelle Bachelet; hay que ser muy ingenuo para creer que una ley marco puede ser aceptada cuando a ella se oponen todos los componentes de la comunidad educativa – profesores, estudiantes, padres y apoderados- lo único que salva para la derecha esta Ley es la continuidad de la educación como un negocio.

En la historia constitucional de Chile, el Poder Judicial ha estado siempre supeditado al Ejecutivo: así se plantea en la Constitución de 1833, en la de 1925 y en la de 1980 – siempre está baja la jurisdicción del Ejecutivo en el nombramiento de sus integrantes y de su funcionamiento- posteriormente, se le agregó la participación del Legislativo, a través del Senado que, según el constituyente de 1925 posee facultades judiciales, como actual como jurado en el caso de las acusaciones constitucionales y participar en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema.

En la República Parlamentaria, (1891-1925), se prorrateaban entre los partidos políticos los cargos de la administración pública, la educación y el poder judicial: la primera correspondía a los liberales, la segunda a los radicales y la tercera a los liberales balmacedistas; sólo hay un caso en la historia de Chile en el cual el presidente de la Corte Suprema, Javier Ángel Figueroa, se opuso a las pretensiones dictatoriales del entonces ministro del Interior, Carlos Ibáñez del Campo – posteriormente dictador- demás está decir que duró muy poco en su cargo, a pesar de ser hermano del presidente de la república, Emiliano Figueroa. Es cierto que se concedieron algunos recursos de amparo a los a favor de los desterrados, sin embargo, todos estos fueron inaplicables, pues ya se encontraban fuera del país.

En el gobierno de Salvador Allende el acuerdo de la Corte Suprema sirvió  para justificar el golpe militar de 1973: Posteriormente, la Corte se transformó en un testaferro de la dictadura negando la mayor parte de los recursos de amparo, que hubieran salvado muchas vidas. El ministro Hugo Rosende nombró, a su amaño, a todos los ministros de de la Corte Suprema, cuya única condición era ser pinochetista convencido. A diferencia de la Corte de Pétain, en Francia, en Chile los supremos de la época de Pinochet jamás han sido juzgados y, ni siquiera, han pedido perdón.

En muchos artículos anteriores he criticado la actuación política de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sigo creyendo que dilapidó el 58% de los sufragios obtenidos en la elección presidencial: hizo un gobierno opaco y tecnocrático, en que dejó de lado los casos de derechos humanos, incluso, nunca recibió a los familiares de los detenidos desaparecidos; con su ministro del Interior, José Miguel Inzulsa, salvó al dictador y ladrón, Augusto Pinochet, de terminar sus días en una cárcel española, como bien lo merecía, sosteniendo el absurdo argumento de que la justicia chilena lo condenaría por sus múltiples crímenes de lesa humanidad y peculados.

Al parecer, Eduardo Frei está bastante cambiado – es como para creer en la reencarnación o en las segundas oportunidades, que siempre han sido desastrosas para nuestros presidentes: baste recordar los casos de Arturo Alessandri y de Carlos Ibáñez. El nuevo Eduardo Frei Ruiz-Tagle es un estadista, que expresa ideas del sentido común, un lenguaje bastante popular y oratoria rural

Mientras persistan estos torpes acuerdos, seguirá ganando la derecha y perdiendo prestigio la Concertación, que más que nunca necesita el apoyo popular para no morir  por tanto acuerdo con la derecha el pueblo los mando a la oposición.