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Educación: ¿Cómo se llegó a esto? 

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Ni la más fértil de las imaginaciones habría dicho hace un año que el 2009 iba a ser testigo de  grandes movilizaciones del magisterio.

El desencanto, la apatía, el cansancio, la  pérdida de autoestima, la precarización del empleo, la prepotencia de los alcaldes, la promulgación de leyes atentatorias al desarrollo democrático del sistema educativo y el consiguiente predominio del mercado, las voces de autoridades denigrando el quehacer de los docentes y sordas a sus planteamientos, la crisis de la violencia creciente en la sociedad y por ende en las escuelas y liceos, las bajas pensiones, la pesada carga laboral, la evaluación docente engañosa y absurda,   para qué seguir enumerando.

Un estado de ánimo que para nada indicaba que bajo ese cansancio y pérdida de credibilidad en las propias capacidades había y hay un magisterio que no ha  renunciado  a su mayor  valor: la dignidad.

No levantó banderas de mejoramiento salarial. Fue el propio sistema que le indicó el camino de la lucha para lograr que se cumpla una ley, el pago del Bono SAE.

Si se piden mejores salarios estamos demandando algo que es probable no se  otorgue. Pero si exijimos se cancele lo que se adeuda es distinto. Estamos reclamando nuestros derechos conculcados arbitrariamente por las mismas autoridades que día a día nos sobreexigen y  denostan.

Fue la larga lucha por el pago del Bono SAE que culminó con un pago, cuyo seguimiento dependería de una ratificación de Contraloría para sus cálculos posteriores, segunda cuota y pagos correspondientes a los años siguientes.

En dicha situación el magisterio fue nuevamente burlado. La Contraloría impuso un análisis del pago del Bono  que  concluye que los profesores adeudan por lo pagado y en la proyección hace que este Bono desaparezca.

Hubo que volver a la carga para reparar tamaño desaguisado. No se logra todavía.

En el intertanto la demanda por la deuda histórica, originada por la  suspensión de la aplicación del aumento salarial a los educadores del artículo 40 del decreto 3551 de 1981, en virtud del traspaso de la educación fiscal a los municipios y corporaciones, había cursado diversas etapas.

Desde las demandas a los municipios organizadas por los propios docentes, sin apoyo del Colegio de profesores de la época, hasta la demanda al Fisco donde miles de docentes demandaron ante el Consejo de Defensa del estado, camino que no prosperó, diversas situaciones se fueron dando:  juicios perdidos, juicios ganados y cancelados parcialmente, juicios ejecutoriados, ganados y no pagados, alcaldes encarcelados, bienes municipales  rematados entre otros. Se llevó a la OIT, en el marco de la necesaria revisión del actual sistema previsional chileno. Se demostró que el magisterio fue doblemente castigado, pues se vio afectado por el traspaso a las AFP, con el ya sabido cálculo del Bono de reconocimiento sin que el total de la renta fuera imponible, y además  por este concepto de la Deuda Histórica.

Cuando los parlamentarios a fines del 2008 en la Cámara interpelan al  Ejecutivo para resolver la deuda el sr. Viera gallo, Velasco y sra Jiménez dan el vamos a la Comisión Deuda Histórica del parlamento.

Al fin había un reconocimiento explícito a la Deuda Histórica.

Cursado el tiempo de trabajo de la Comisión, que fue muy serio, el plazo para la respuesta del ejecutivo para definir cuál iba a ser el mecanismo de solución a esta deuda , el magisterio y el mundo político quedó atónito: no había tal deuda.

Sin embargo, se había contestado desde el Gobierno a la OIT, que la solución de la Deuda estaba radicada en la Comisión parlamentaria. El gobierno miente ante la OIT o miente al país. Pero miente. Como también mintieron los diversos personeros cuando argumentaron que la no aprobación del presupuesto de educación generaría falta de textos escolares, alimentación y de becas; para reponer los recursos  contaban con el mecanismo de veto presidencial.

Entrampados en el problema semántico “DEUDA” Viera Gallo, Velasco y Jiménez, sin asco desconocen la deuda y se plantean en una negativa feroz, ante la cual, la única respuesta posible era el paro nacional.

Así fue como llegamos a esta situación.

La inflexibilidad sostenida por el Ejecutivo creó una verdadera crisis política a partir de un problema económico gremial que tenía solución, pues los docentes jamás impusieron algún mecanismo de pago. Siempre estuvieron dispuestos a la gradualidad de tiempos, de monto. Y abiertos al diálogo. Diálogo que no se dio.

Y entonces ese magisterio deprimido, apocado, sometido, se levantó a pesar de las amenazas, a pesar de los miedos. Puso en jaque  al Gobierno al apoyarse en el Parlamento, también ofendido por la voltereta del Ejecutivo. Estuvo en el centro del debate nacional el problema de la deuda histórica y los alcances del movimiento del profesorado. Son aspectos de la crisis mayúscula del sistema educativo chileno.

Las necesarias reflexiones que nos hemos hecho en estos días van por la línea de tratar de comprender el fundamento de un Gobierno, que  a las puertas de una elección presidencial, debía, según el sentido común, resolver a favor de los docentes.

 Todos sabemos del poder de influencia de los maestros y maestras en la comunidad donde interactúan con los jóvenes, con los apoderados y apoderadas, con la comunidad  en general. Esta influencia se expresa también en la posibilidad de intencionar el voto político.

Esto fue absolutamente menospreciado por el ejecutivo. Fue soberbio ante la decisión de los docentes de producir un voto de castigo por la insensibilidad  y la falta de voluntad política de resolver un problema de justicia. Velasco, Viera gallo, Jiménez, se aferraron al concepto jurídico deuda y la negaron y la siguen negando. Sin duda allí habrá consecuencias.

En un país regido por el binominalismo, donde la exclusión  se ha mantenido , otra forma de reparación que no se ha logrado, las demandas del magisterio se tornaron un elemento de disputa.

Mientras los sectores de derecha corrieron a ponerse al servicio de los docentes, algunos por cálculo electoral, otros por sensibilidad auténtica, el Gobierno tardó en tomar nota de este hecho. Y trató a última hora, de aparentar soluciones desde sus bancadas. Y algunos , bien intencionados, hicieron lo posible para convencer al ejecutivo, de la legitimidad de nuestras demandas. No lo consiguieron. El llamado de La Moneda fue más bien criminalizando a estos parlamentarios, que , presionados por los electores en sus distritos y circunscripciones, saben fehacientemente de las bajas pensiones del profesorado y de las condiciones de indigencia en que muchos de ellos viven.

La Moneda fue inflexible. Los argumentos de que no se puede reconocer la deuda  pues si así se hiciera luego vendrían otros sectores organizados a reclamar otras reparaciones, nos parece indigno e inmoral. Nunca fue esgrimido el argumento de falta de recursos, pues recursos hay.

¿No es la esencia de una democracia, reparar el daño causado por una dictadura? ¿Qué oscuros acuerdos existen para  desconocer esto que debiera ser el ADN de una sociedad democrática?

Para todos aquellos, insatisfechos del actual modelo imperante en el pais este dato no es un dato menor. Viera Gallo lo reitera frente a las cámaras de TV:” No hay que pensar en  el pasado, lo que pasó con Pinochet ya pasó. Miremos el futuro”. Ello explica lo insuficiente de las pocas reparaciones logradas. Y efectivamente hay otras deudas sociales pendientes en este país, cuya democracia se funda en la mantención de los grandes cambios estructurales hechos por el neoliberalismo impuesto en dictadura a ultranza.

Algo muy profundo ocurrió cuando se dieron las manos sectores de derecha y de concertación para supuestamente derogar la LOCE. La LGE  deja un rayado de cancha muy difícil de remontar. El mundo social, estudiantes, funcionarios ministeriales, apoderados, profesores, levantaron su voz, pero fue en vano. Una democracia que no escucha el clamor de sus organizaciones sociales, que reprime y criminaliza las movilizaciones, que no atiende a las demandas democratizadoras de su gente, definitivamente NO ES DEMOCRACIA. Se privilegian los TLC y se concibe la educación como un servicio y no como un derecho. Ya operan en el país las transnacionales a través de algunos servicios universitarios.

El país requiere transformaciones estructurales que garanticen la educación como un derecho, para todos. Ello requiere una nueva Constitución y una LGE que así lo exprese.

Por el contrario, una profunda transformación privatizadora está en curso. Coinciden en el mismo discurso un señor Velasco, Viera Gallo y Jiménez, con una sra. Mathei. Ahora dicen, hay que mirar el futuro, mejorar la calidad, como si la calidad de vida de los docentes no incidiera en el proceso educativo. 

Todo indica que entre gallos y medianoche pudieran legislar sobre la Agencia para la calidad de la educación, más mercado y menos estado, y sobre la Ley de Fortalecimiento de la educación pública, más mercado y siempre los alcaldes haciendo su clientelismo con el sector educativo.

No  hay voluntad de atraer la educación pública  hacia la real tuición estatal.

¿Cómo este magisterio, engrandecido en la lucha va  a trabajar para impedir el avance de la mercantilización en educación? Se anuncia desde los programas de las candidaturas, excepto en una, la mantención de la educación bajo los municipios, la disminución radical de la ingerencia del estado en el sistema, la mantención del sistema de subvenciones, perverso y fracasado, la permanente presión por terminar con el Estatuto Docente.

Todo ello en el supuesto de un traspaso a las llamadas corporaciones, cuya ley se podría  votar en enero próximo.

¿Qué va a hacer el parlamento en este escenario? Nuevamente tendremos algunos votos honestos que mantendrán sus posiciones a pesar de ser minoría. Nuevamente los hilos de La Moneda trabajarán para mover a sus representantes cual marionetas, dejando como letra muerta aquello de la independencia de los poderes del estado.

¿ Fueron los compromisos con el BID, con préstamos para la educación superior y la preescolar , los que impidieron que la sra. Bachelet se insensibilizara tanto con las legítimas demandas de los docentes?

¿Tan poco valoran a sus profesores que intentaron  engañarnos con supuestos mejoramientos que ya estaban ratificados en la ley de reajuste del sector público, como es la modificación en la reforma Previsional para que los educadores ya pensionados califiquen como pobres ( por su nivel educacional quedan hoy día fuera) y puedan recibir  un mejoramiento de pensiones?

¿Tan poco valoran a sus docentes que ofrecen, agilizar el pago del famoso bono post laboral, que tampoco resuelve el daño previsional, como un avance? ¿Qué clase de democracia es esta que ofrece cumplir con  una ley  y lo presenta como una generosidad? Vean qué buenos somos, vamos a destrabar el pago pues reconocemos ciertas dificultades.

¡Ciertas dificultades! Los alcaldes se negaron a cursar los formularios donde los profesores solicitan el beneficio, que tiene plazo para impetrarlo, caso contrario , se pierde.

Este magisterio aguerrido, que hizo  paros  a contrapelo de todo lo que se pudo prever, que hizo huelgas de hambre y tomas de carreteras, marchas, asambleas, ayunos y velatones , caravanas y ollas comunes, este magisterio, está llamado a mantenerse unido y además a vincularse sólidamente con otras organizaciones, pues el escenario que viene será muy complejo.

El quehacer docente debe apropiarse de su capacidad de construir futuro, trabajar con sujetos con mirada crítica. Los vínculos reales  que se producen en el aula con la construcción  permanente de saberes deben ligarse a la real construcción de propuestas para una sociedad más justa y participativa.

Cada docente debe transformarse en educador popular, trabajar con la comunidad. Debemos mantener informados y en discusión a los padres y apoderados, y a los estudiantes. Los trabajadores organizados en los sindicatos pueden y deben abrirse para que los maestros puedan llegar hasta ellos y mostrar que el falso discurso de la calidad de la educación no es más que la mascarada para la privatización total.

Habrá que trabajar para derogar la LGE, para derogar la SEP, para desmunicipalizarnos de verdad. Para estabilidad laboral de los docentes, para generar mejores condiciones para el  ejercicio de la docencia, para construir un curriculum con una mirada desde el mundo real y no tecnocrático, para vincularnos fuertemente con la comunidad organizada, en fin , para avanzar en la construcción de una sociedad distinta.
Santiago, 25 de noviembre, 2009

– La autora es dirigente nacional del Colegio de profesores de Chile

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