Confirman sentencia contra cúpula de la DINA por secuestro de sacerdote español

Santiago de Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, ocurrido a partir de fines de septiembre o comienzo de octubre de 1973 en Santiago.
 
En fallo de la Tercera Sala del tribunal de alzada los ministros ratificaron el fallo de primera instancia del ministro Jorge Zepeda Arancibia, que estableció siete años de presidio por su responsabilidad como autor al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y a otros tres agentes de inteligencia del Estado. En el aspecto civil se ratificó la decisión que condena al Fisco a pagar una indemnización de $ 100 millones a la hermana del sacerdote Josefina Llidó Mengual.  El religioso se unió durante la Unidad Popular al Movimiento de Cristianos por el Socialismo, con ese fin se reunió con 80 sacerdotes con quien discutió sobre el camino que debía seguir la iglesia en aquella época. Posteriormente se hizo militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
 
Durante el 11 de septiembre de 1973, Llidó se dirigió a la fábrica textil Rayón Said, en Quillota, a oponer resistencia a los militares que cercaban la industria. Pasa a la clandestinidad. Fue detenido aproximadamente el 1 de octubre de 1973 por agentes de la DINA. Su arresto está relacionado con la detención de varios militantes miristas. Fue encarcelado en un primer momento en el recinto de José Domingo Cañas, donde fue víctima de torturas repetidas. Es trasladado a la prisión de Cuatro Álamos, donde continúan las sesiones de tortura. Se le pierde el rastro aproximadamente el 25 de octubre del mismo año, cuando fue sacado de la prisión clandestina sin destino conocido.

Según el convencimiento de la comisión Rettig, Llidó fue entonces asesinado por agentes del estado, y su cadáver fue hecho desaparecer.

Cabe recordar que en 1996, cuando quedaba poco tiempo para que se cumplieran  20 años desde el fin de la dictadura militar argentina, nacía en Madrid la Fiscalía Anticorrupción para promover querellas por violaciones a los derechos humanos cometidas por los regímenes chileno y argentino en las décadas de los setenta y ochenta. El 4 de julio del mismo año, el grupo presentó una denuncia contra Pinochet a nombre de las víctimas españolas de la dictadura chilena, por los delitos antes indicados. Veinticinco días después  interpuso una querella, en España, la hermana del sacerdote valenciano Antonio Llidó detenido en Chile. Ese mismo año, se inició la primera ronda de testigos ante el juez Zepeda y ante el cónsul español en Chile.

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