Una de las contribuciones al conocimiento que la cultura política estadounidense ha incorporado es la “desclasificación” de algunos de sus documentos y memorandums que fundamentan, describen y explican sus políticas. La develación nunca es plena, a la par que siempre tardía para impedir las habitualmente criminales consecuencias de la ejecución de ellas. Los hechos, estrategias, alianzas y complicidades serán expuestos cuando el tiempo permita liberar de imputabilidad a los responsables y cuando hayan perdido vigencia y valor por ocultamiento, las políticas implementadas. Sin embargo es mejor que nada.
Algunos de los documentos desclasificados recientemente, por ejemplo, podrán contribuir parcialmente a aportar datos y pruebas sobre los terrorismos de estado en América Latina, ya que a diferencia del terrorismo imperial, éstos destruyeron toda prueba y documentación, al tiempo que los criminales aún vivos se encubren y cobijan en un círculo de silencio. Si esta tradición continuara, las generaciones sobrevivientes a la Sra. de Clinton y hasta al propio Presidente Obama, tal vez tengan la oportunidad de conocer detalles de las fintas diplomáticas, de las acciones políticas concretas, de sus propósitos, los chantajes, crímenes y corrupción inextricablemente unidos a sucesos contemporáneos como el golpe en Honduras o la ampliación de las bases militares norteamericanas en territorio colombiano. A través de estas “desclasificaciones” hoy conocemos la simpatía del ex presidente Nixon por el dictador brasileño Garrastazu Médici y su contribución al triunfo de Bordaberry en Uruguay o al derrocamiento de Allende en Chile.
No obstante, el análisis y caracterización de nuestro tiempo no puede esperar la apertura y buena voluntad de futuros funcionarios para con la verdad histórica. Deberá hacerse con los opacos insumos informativos disponibles y, fundamentalmente, con su inclusión en una tipología política de los actores, para cuya construcción resultan útiles las fuentes primarias “desclasificadas” que documentan la historia pasada, además de instrumentos teóricos como el concepto de ideología, la delimitación y reconocimiento de los intereses materiales, la relación de fuerzas entre las clases sociales, sus niveles de organización, entre muchos otros.
Aún la más simple y ramplona acepción del concepto de ideología es muy potente para deconstruir y resignificar la estructura discursiva de los principales responsables del presente. La canciller norteamericana no se diferencia en este aspecto de sus antecesores pero es quien hoy se ocupa de justificar la continuidad del terrorismo imperial en los casos actuales que venimos mencionando aquí y tratado en otras contratapas. Continúa de esta forma el tipo de aseveraciones que nunca dejarán de ser incluidas a modo ejemplificativo en los cursos de sociología y semiótica. La estructura básica parte de convertir lo subjetivo en objetivo y viceversa, que sin embargo, no es producto de una percepción ilusoria sino de una inversión de la realidad misma. Expresa, encubriéndolas, las contradicciones y padecimientos del mundo real. Por supuesto que éste es el más simplificado de los alcances que dieron lugar a una larga y compleja deriva teórica del problema. Sin embargo continúa siendo un componente clave de la comprensión discursiva, donde en un primer nivel de análisis es particularmente indispensable la interposición de antónimos en sus verbos y adjetivos.
Cuando la Sra. de Clinton, justificando el acuerdo de uso de 7 bases militares colombianas por 10 años, sostiene que “esperaría que más países nos ayuden” debe leerse que “nos dejen hacer y se metan en sus cosas”. Cuando resalta “los esfuerzos que nuestros gobiernos están haciendo para afrontar la amenaza del narcotráfico”, basta leer que tales esfuerzos no son para combatir al narcotráfico (que es además una cuestión subalterna de su estrategia) sino para controlarlo, regularlo y ponerlo a su disposición a fin de intervenir en la satisfacción de la demanda de estupefacientes de su abultado mercado interno.
Este diario, entre otros del mundo, tituló en tapa esta semana la noticia de que la casi totalidad de los dólares en circulación en los Estados Unidos tienen vestigios de cocaína, además de algunas otras sustancias “ilegales”. Si bien el promedio nacional es de 90%, la investigación de la University of Massachusetts in Dartmouth sostiene que la contaminación es del 100% en Detroit, Boston, Orlando, Miami y Los Angeles. No se sigue de aquí que esas sean las proporciones de adictos ya que varias piezas monetarias pasan por las manos de un mismo consumidor, pero viene a confirmar la suposición de que se trata del país con mayor nivel de demanda y consumo y que se encuentra en una tendencia incremental. Suposición al fin, en virtud del carácter ilegal de la práctica masivamente consentida por omisión que impide de este modo la construcción de indicadores sociales y estadísticas.
Se trata de un ejemplo más de la doble moral generalizada que condena discursivamente las prácticas que íntima y secretamente convalida y celebra, como lo es también el caso de buena parte de los antiabortistas, los célibes, entre otros. La prohibición aquí juega el rol de placebo ideológico, de tranquilizante moralista, para circunscribir al ámbito privado y velar una realidad social de enormes magnitudes. Cualquier política al respecto no puede sino comenzar reconociéndola como de hecho lo hacen varias ONGs que suplen muy parcialmente la ausencia de políticas de estado en la materia.
En otros términos, más temprano que tarde habrá que asumir la existencia masiva y generalizada de las drogas en la vida moderna e informar a la sociedad en general y a los consumidores en particular, para atenuar los riesgos del consumo, tal como se hace con las sustancias “legales” como el tabaco y el alcohol, de muy dañinas aunque divergentes consecuencias y costos sociales (tal vez un buen ejemplo de estas iniciativas es el Energy Control de Barcelona: http://www.energycontrol.org/). Un primer paso indispensable es que el consumidor conozca los recaudos que debe tomar en función del tipo de droga, las dosis por contextura física, estado de ánimo, mezclas peligrosas, las respuestas a adoptar frente a cuadros de intoxicación, etc. No existen sociedades libres de drogas, aunque no todas alcancen los niveles de masividad de la norteamericana y de buena parte del resto del llamado primer mundo. En Japón y China, estudios similares de contaminación de billetes no superan el 20%. Las sociedades conviven con ellas y tienen que tener respuestas sanitarias y comunicativas sólidas y efectivas.
Pero a la vez, resultará indispensable propiciar un debate sobre la funcionalidad social de la ilegalidad de las sustancias y la consecuente ausencia de control sanitario (entre otros de índole laboral, impositivo, etc) de su producción y distribución. En suma, poner en debate la legalización de la producción y consumo de drogas. No está en duda la indispensable necesidad de luchar contra la producción y distribución de pasta base o paco, por ejemplo, sino contrariamente señalar que su existencia es posible por la clandestinidad de su producción y la inexistencia de control respecto a la eliminación de los residuos del proceso de producción de cocaína de la que deriva.
En cualquier caso, las razones de fondo para la instalación de bases militares no hay que buscarlas allí dónde el discurso las sitúa, tal como señalamos líneas arriba, aunque las prácticas de las FARC contribuyan a darle algún viso de supuesta verosimilitud a su argumento, sino en la clásica expansión terrorista imperial para intervenir sin control ni límite alguno en terceros países y desarrollar prácticas acordes con la tipología del conquistador, que normalmente son las que su propio código penal condena. De allí que dentro del acuerdo se incluya la típica cláusula de inmunidad para los militares ocupantes.
Una base militar extranjera es un punto ciego tanto en la geografía como en la soberanía, un enclave de corrupción, amenaza y descontrol. Una suerte de embajada sin contraparte ni reciprocidad, ampliada e hiperpertrechada, un puerto y aeropuerto libres, un portaaviones y un acorazado en tierra firme junto a un campo de concentración. Precisamente aquello con lo que todo narcotraficante siempre soñó. La sola aquiescencia frente a esta realidad que la diplomacia norteamericana sembró por buena parte del mundo y que ahora pretende expandirse en Colombia es la principal amenaza a la paz, la democracia y la libertad. No debe pasarse por alto que Honduras es otro de los países con bases militares yanquis.
Sus alegres marines no se contentarán solo con el rock patriotero que el Departamento de Defensa escogió para sus ipods, ni con las hamburguesas de sus readaptados comedores, sino que, para sentirse como en casa, irán en busca del resto de sus hábitos, esta vez a las propias fuentes y sin intermediarios.
– Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.
– mail del autor: cafassi@mail.fsoc.uba.ar
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