La Corte Suprema contra la Clase Política

La renovada discusión sobre derechos humanos y derecho internacional no ha empezado con la detención del ex fiscal Podlech. En realidad, pocos conocíamos a este señor cuando la Corte Suprema, hace unos meses, ordenó realizar un estudio técnico, a cargo de los ministros Sergio Muñoz y Héctor Carreño, después de constatar los fallos contradictorios en casos de violación de derechos humanos. La intención del nuevo presidente de la Corte Suprema, Milton Mujica, era uniformar la legislación al respecto “pues de no resolverse pueden seguir sucediendo casos contradictorios, es decir, algunos en que se falle según el derecho internacional y otros en que se absuelva a los acusados basados en el derecho penal” (La Nación).

Nada he visto en la prensa sobre este informe, que debía estar listo para marzo de este año. Pero sigue siendo una tarea urgente introducir en la legislación chilena la tipificación de los delitos de violación de los derechos humanos que cubre la Corte Penal Internacional y algunos otros que podríamos sugerir para tipificar como delito grave, en el caso del personal militar y policial, tanto dar como obedecer una orden claramente atentatoria contra los derechos humanos, facultando a los subalternos para eliminar si no hubiese otro remedio a los oficiales y suboficiales que ordenasen la ejecución de secuestros, torturas y homicidios y otros crímenes de ese tenor.

Por lo que ha ocurrido en los últimos meses, parece claro que la clase política en su conjunto no ha entendido ni el propósito ni la urgencia del presidente de la Corte Suprema.

Es impresentable que el gobierno, uno de cuyos deberes es garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos (“la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, dice la Constitución), tolere que en el país se dicte justicia con dos varas distintas, una apegada al espíritu de la ley y otra, la que representa el juez Pfeiffer, preocupada dejar impunes los crímenes cometidos por los militares y otros criminales civiles que defiende. Ciertamente incurre el gobierno en lo que llamamos abandono de deberes, pues deja en la indefensión a ciudadanos que debiesen en realidad contar con su protección. Es lo que comúnmente se llama denegación de justicia.

Es evidente que el gobierno no logra conciliar su indiferencia, o peor, con respecto a las violaciones de los derechos humanos pasadas y presentes, con su posición como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es simplemente monstruoso que en estos precisos momentos esté Chile en el banquillo de los acusados, entre otros casos, por denegación de justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la causa de Claudio Lecaros Carrasco, autor de innumerables asesinatos de ciudadanos chilenos que fue favorecido por un fallo aberrante de la Sala Penal de la Corte Suprema en el que participaron conocidos encubridores pinochetistas (José Fernández Richards y de los ministros Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura; en La Nación del 14 de noviembre de 2007 y la edición del 14 de noviembre del mismo año). Estos jueces mismos debiesen ser llevados a justicia, dentro o fuera de Chile.

La clase política en su conjunto, con escasas y loables excepciones, prefiere ignorar el clamor de las víctimas y continuar con la actual política de dejar en la impunidad a los criminales amparándose en la imaginaria autonomía de los poderes del estado. La corrupción moral pinochetista está todavía presente todo el aparato estatal y amenaza con extenderse hacia los propios partidos de la Concertación, donde personajes como el ex presidente Lagos son declarados partidarios de la impunidad. 

Hace algunas semanas tuvo el Senado la oportunidad de avanzar en el sentido que ha sido expresado por el presidente de la Corte Suprema, y uniformar las sentencias chilenas sobre casos de delitos de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad o de derechos humanos y de adaptar la legislación nacional al derecho internacional, se hayan o no firmado los tratados y pactos pertinentes. A principios de junio de este año, la presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, denunciaba precisamente que el ex senador concertacionista Adolfo Zaldívar, en su aberrante calidad de presidente del Senado, rechazara tratar un proyecto de ley que prohibía la aplicación del decreto de amnistía de Pinochet a autores de crímenes de lesa humanidad -que es lo que vienen haciendo varios jueces pinochetistas (en El Mercurio). 

Este senador, acogiendo una petición del senador pinochetista Arancibia, rechazó por inconstitucional un proyecto de ley “que impide que los crímenes de lesa humanidad y de guerra puedan ser amnistiados, prescritos por el paso del tiempo o indultados” (La Nación del 9 de junio de este año). Y esto pese a que el proyecto de ley, en cuya redacción participó el recién fallecido diputado socialista Juan Bustos, ha sido aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por la comisión del Senado encargada de su estudio. Según el informe de prensa, “lo que hace el proyecto de ley es impedir que la responsabilidad penal se extinga por amnistía, prescripción o indulto, cuando se trata de este tipo de delitos”.

Este debate fue comentado en la prensa en la semana anterior al 10 de junio, cuando se debatió y rechazó en el Senado este proyecto que reinterpretaba el artículo 93 del Código Penal y excluía de amnistía, prescripción o indulto a los autores de delitos de lesa humanidad o de crímenes contra la humanidad. 

En el Chile de hoy apenas si sorprende encontrar en el listado de los senadores que prefirieron continuar amparando a los criminales pinochetistas a los senadores Fernando Flores (al que un semanario llamó ‘Cerdo Traidor’), Adolfo Zaldívar, Carlos Bianchi y el ex presidente Eduardo Frei. Los otros senadores que rechazaron el proyecto fueron Andrés Allamand, Jorge Arancibia, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García, Antonio Horvath, Carlos Kutschel, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Evelyn Matthei, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Waldo Prokurica y Sergio Romero (en La Nación).

De los impredecibles y volátiles senadores Flores y Zaldívar se podía esperar en realidad cualquier cosa, incluso que se unieran a la extrema derecha, con la que venían coqueteando desde hace algún tiempo, pero el voto de Frei causó sorpresa universal. Hasta el momento, sin embargo, el senador y ex presidente no ha ofrecido ninguna explicación pública por su repentino giro hacia la bancada del terror. La senadora Alvear, profundamente decepcionada, prefirió creer que fue un error involuntario (en La Nación). Y cuando el periodista Matías del Río tuvo al senador a tiro para esas fechas en su programa ‘Tolerancia Cero’, del canal Chilevisión, prefirió curiosamente interrogarle sobre la inmortalidad del cangrejo.

Cuesta creer que sea El Mercurio el que esté llamando a esos mismos políticos -que prefirieron archivar un proyecto clave para adaptar la legislación nacional a la internacional- a desandar camino y legislar finalmente sobre derechos humanos, como un paso previo a la ratificación del Estatuto de Roma. Con el polvo levantado por la detención del ex fiscal militar en España y posterior extradición a Italia, donde ha negado los cargos, El Mercurio y políticos de Renovación Nacional han manifestado un curioso interés en abordar nuevamente el tema de la ratificación de la Corte Penal Internacional.

Los políticos de RN han concluido una reunión declarando que el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, tiene interés en iniciar un diálogo con el gobierno sobre esta materia (en La Tercera Según El Mercurio, el candidato presidencial “está interesado en abordar fuerte el tema [de la ratificación del Estatuto de Roma, vale decir, de la Corte Penal Internacional] y hacerlo parte de su programa de gobierno”.

Probablemente inspira a ambos el temor de que persistir en la postergación de la ratificación deja a los acusados de crímenes de derechos humanos en Chile sin recursos jurídicos con los cuales impugnar esas acusaciones en el extranjero. Según un editorial de El Mercurio, el Estatuto de Roma debiese ser aprobado pues “de lo contrario, se le estaría dando una competencia directa a la CPI, impidiendo que nuestros tribunales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre estos graves delitos". Y en los tribunales chilenos, donde actúan hienas pinochetistas de la calaña del juez Alfredo Pfeiffer, tienen esos acusados muchas más posibilidades de quedar impunes que en el tribunal internacional.

Cuando la Corte Suprema encargó ese estudio, solicitó de paso a la clase política que actuase para reformar la legislación chilena en conformidad con el derecho internacional. La derecha viene obstaculizando estos proyectos desde hace un buen tiempo y no es probable que abandone la defensa de sus matones, a menos que ahora, como lo señala el editorialista de El Mercurio, recupere la razón y advierta que su testaruda oposición al tribunal penal internacional acarreará a sus criminales peores consecuencias que su aceptación.

La Corte Suprema ya se los había advertido.

[mérici]