La vía municipal a la corrupción

En la historia de Chile el municipio ha sido expresión de la mayor cercanía a la sociedad civil. El Padre de la Patria, José Miguel Infante, uno de los hombres de pensamiento más avanzado de los comienzos de la república, imitando a los Estados Unidos, planteó la famosa Constitución federal, que dividía a Chile en varias provincias autónomas. En esos tiempos era famosa la  rivalidad entre Santiago y Concepción. La reacción portaliana, que triunfó en Lircay anuló, a sangre y fuego, el federalismo de Infante dando paso a un régimen centralista, que aseguraba la hegemonía de la aristocracia santiaguina.

Don Luís Emilio Recabarren propuso una Constitución, en 1912, cuya centro era la “comuna obrera”. En toda la historia del movimiento popular mundial el ejemplo de gobierno fue la Comuna de París, donde los dirigentes eran revocados por los comuneros. La mayoría de los pensadores socialistas han tomado como ejemplo de Estado la Comuna de 1871: baste citar a Pruodhom, Carlos Marx y Bakunin.

En Chile, el partido conservador clerical, desde que fue expulsado del poder a raíz de la “cuestión del sacristán”, se convirtió en un defensor de las libertades públicas y en un opositor a la intervención electoral, que practicaban los presidentes liberales – Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda- el sucesor presidencial y el senado eran nombrados a dedo por el primer mandatario y los gobernadores controlaban las elecciones.

Ingenuamente, don Abdón Cifuentes preguntó al presidente Errázuriz “cuándo en Chile habrían elecciones limpias y sin intervención gubernativa, a lo cual le respondió que nunca”. Manuel José Irarrázabal, el marqués de Pica, dueño de la Ligua, cuyos tataranietos fueron violentamente denunciados por sus abusos contra los trabajadores. El famoso cura de Catapilco, propuso la famosa comuna autónoma, que había conocido  en sus viajes por Europa; don José Manuel creía que Chile podría ser algo igual a Suiza. Un diario de 1890 lo presentaba como un peligroso comunero del  brazo de Luisa Michel ex comunera de visita en Chile.

La comuna autónoma y libertad electoral constituyeron una bandera del bando parlamentario en la Guerra Civil de 1891. En 1893, Jorge Montt promulgó la ley de comuna autónoma, que entregaba a las municipalidades, entre otras facultades, el control de las elecciones. Los municipios se convirtieron así en verdaderos antros de corrupción: votaban los muertos y los alcaldes inscribían a quienes votaban favorablemente a sus partidos; las municipalidades ricas y grandes eran verdaderamente codiciadas por los jerarcas de la plutocracia: las salitreras del Norte, (como Iquique y Pica), las del Centro, (como Santiago, Valparaíso y Concepción), y las agrícolas, (como Curicó y Talca), se convirtieron en verdaderas posesiones de los gamonales, que colocaban a sus respectivos “operadores”.

Los alcaldes lucraban de diferentes maneras: sobornos de las trabajadoras sexuales para evitar el control médico, de los dueños de garitos de juego para no pagar contribuciones y propagar el vicio – hubo alcaldes que construían caminos pavimentados que llegaban a sus fundos- y todo tipo de peculados que les servía para enriquecerse.

Al igual que en la administración pública, las alcaldías eran prenda interesante en el reparto de la administración pública, además, porque poseían el control de las elecciones. La mayoría de los jueces eran liberales democráticos, los profesores, radicales y los funcionarios públicos, de los diferentes partidos. Los gamonales más famosos, por ejemplo en Curicó, era don Fernando Lazcano, y don Alfredo del Río, en Iquique. A esta lista podríamos agregar muchos más.

Tanto fue el escándalo que provocaron los alcaldes de la comuna autónoma que Manuel Rivas Vicuña y algunos otros jóvenes diputados liberales cambiaron la ley electoral entregando la inscripción electoral a las juntas de mayores contribuyentes, resultando tan corrupta como la anterior, pues los contribuyentes se compraban o, en su defecto, se compraban.

En la Constitución de 1925 se planteaba la creación de asambleas provinciales, idea regionalista que nunca se llevó a cabo. En general, el cargo de alcalde o regidor se consideraba como el inicio de una carrera política, que continuaba como diputado, senador o presidente de la república. Los índices de abstención, en las elecciones municipales, eran siempre mucho mayores que en las parlamentarias: el promedio de abstención ascendía al 26.2 por ciento llegando, en algunos casos, hasta el 50 por ciento.

En la historia electoral ha habido algunos casos emblemáticos, como la elección municipal de 1953, en que la Democracia Cristiana logró más del 22 por ciento, bajo el lema “el gobierno comienza en el municipio”. En 1971, por primera vez en la historia, los partidos de izquierda, sumados a la USOPO, lograron el 51 por ciento. En otros casos, como en la elección municipal de 2004, la derrota de la Alianza, que apenas llegó al 37.64 por ciento, contra el 47.89 por ciento de la Concertación, sepultó la candidatura de Joaquín Lavín quien, en esos tiempos era primero en las encuestas -vaya poniendo sus barbas en remojo, Sebastián Piñera.

La vía municipal a la corrupción
La regionalización, impulsada por la dictadura, es una mera copia de las zonas militares; las regiones corresponden, mas bien, a una concepción cuartelaria y no a sus realidades sociales, económicas y sociales; intendentes y gobernadores fueron militares, y los alcaldes, nombrados por ese gobierno, aumentaron su poder al gestionar la educación y la salud. Muchos de estos funcionarios se convirtieron, posteriormente, en diputados de la UDI, una especie de partido popular militar y aprendieron a convertir en clientes a los vecinos.

En la Comisión de los 24, el tema municipal ocupó gran parte de su propuesta constitucional: se quería un Chile democrático y descentralizado. Recuerdo aún el enorme esfuerzo que se hizo para la formación electoral municipal.

Es cierto que algo se ha avanzado con respecto a las municipalidades: no hay alcaldes nominados por el presidente de la república, se aplica el sistema electoral proporcional, hay elecciones separadas para alcaldes y concejales, sin embargo, estos últimos tienen pocas facultades fiscalizadoras y el alcalde sigue siendo un rey absoluto en su comuna. Es notorio el bajo poder de los Codecos y de las Juntas de Vecinos. En el fondo, el municipio sigue siendo la reproducción del presidencialismo en un determinado territorio.

Como sostiene el profesor Patricio Orellana Vargas, el mejor especialista en el tema  de la probidad en Chile, es necesario  distinguir entre  corrupción administrativa y la corrupción en general.        

En el Chile neoliberal poco o nada se denuncia sobre la corrupción privada, no se acusa el uso de  información privilegiada, las quiebras fraudulentas, las practicas anti sindicales, los monopolios, como el de las farmacias, los carteles, y otros. Para la derecha son dineros privados, por consiguiente, fuera de control. Tampoco importa que las universidades privadas lucren ofreciendo carreras sin campo ocupacional y que sus dueños se  arrienden a  sí mismos los locales. 

Libertad y Desarrollo  es una fundación al servicio de la derecha, cuyos estudios se caracterizan por la denuncia a la corrupción de los gobiernos de la Concertación. En su último informe entrega un listado de actos de corrupción  perpetrado  por esta combinación política: Aylwin,  12  casos; Frei, 32; Lagos, 77 y Bachelet, 70, con un total 191 casos de corrupción.

Nada más dañino que minimizar los actos de corrupción, como lo hace el ministro vocero Francisco Vidal, al decir que son casos focalizados, como también es torpe sostener que la corrupción es  parte esencial del ser humano y que todo  poder conlleva a la corrupción, pues la idea es exigir  a toda institución pública o privada una praxis constante de la probidad.

Es poco exigente compararnos con índices de corrupción de otros países de América Latina –es evidente que Colombia, México y Haití, entre otros países, cuentan con índices de corrupción más altos que en Chile, pero es sabido que la corrupción penetra lentamente y, en poco tiempo, un país puede pasar, de buenos de probidad a una corrupción generalizada. Me cuentan que Colombia en un tiempo fue bastante proba y, poco a poco, se fue corrompiendo pasando de la mafia de la esmeralda a los poderosos carteles del narcotráfico, donde se han involucrado la clase política, empresarial, la justicia, ramas militares y policía, y otras instituciones. Ningún país está asegurado respecto a la probidad si no hay un control ético por parte de la sociedad; la banda de los “Cavieres” constituye una buena señal de alerta.

En estos días recordamos el centenario del nacimiento de Salvador Allende, un ejemplo de probidad y consecuencia democrática. Cuentan los prisioneros de Dawson que la dictadura envió a un grupo de inspectores de Impuestos Internos que, a pesar de su omnímodo poder, no pudieron descubrir ninguna irregularidad en el uso de los bienes fiscales; la mayoría de los políticos de esa época vivían en casas “ley Pereira” y no eran propietarios de acciones bursátiles. Puedo dar testimonio de que mi padre, al morir, sólo me legó un apellido honorable, un gran ejemplo de honestidad y cero pesos.

La Fundación Libertad y Desarrollo, de la derecha, en un informe de 2008 plantea que las dos instituciones más desprestigiadas, en una escala de 1 a 10, son las empresas públicas con 6.0 y las municipalidades, 5.7. Las menos corruptas son Contraloría y Carabineros. Las principales preocupaciones son el tráfico de influencias, 41%, los pagos ilícitos, el 39%, y el mal uso de los bienes fiscales, el 13%. En el gobierno detectaron 85 casos de corrupción y en las municipalidades, 71 casos.

En la encuesta de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, las principales víctimas de la corrupción son los pobres, con un 72.21%; posteriormente viene la clase media, con 33% y luego el Estado, con 30%. El 92% de los encuestados cree que la corrupción aumentará en el futuro.

La Contraloría ha detectado, en la última semana, una serie de irregularidades en las municipalidades UDI de Huechuraba, Recoleta y Viña del Mar, muchas de las cuales adquieren carácter de gravedad. Es cierta la presunción de inocencia, pero nadie puede negar que, en otros casos, la Alianza utilizó la acusación constitucional para exigir responsabilidad política ante desórdenes administrativos.

Joaquín Lavín, como San Pablo de Tarso, acaba de descubrir que la corrupción no tiene color político y que en su partido, la UDI, hay bastantes casos de corrupción; para que esta conversión se produjera se hizo necesario que surgieran las graves acusaciones por parte de su yerno, Isaac Givovich, contra la alcaldesa UDI, Carolina Plaza. Ojalá este camino a Damasco se hubiera llevado a cabo antes para que Lavín denunciara, con igual fuerza, las privatizaciones de la dictadura.

Evelyn Matthei es una especie de “Pasionaria” de la derecha: acaba de descubrir que la GMA (gestión Municipal Avanzada) es una institución excelente, y su método georeferencial es simplemente genial. Poco le importa a la senadora las relaciones empresariales entre el alcalde Cornejo y Jenny Acevedo e Iñaki Bustos, la primera ex jefa de gabinete del alcalde. 

La Alianza hizo pebre a los famosos “operadores políticos” de la Concertación, hoy está tomando sopa del mismo plato, pues da la impresión de que la GMA no es otra cosa que una bien montada empresa de operaciones políticas de la UDI.

Como ocurre en muchos casos de corrupción, y como la justicia a veces es muy lenta, seguramente pagarán funcionarios secundarios, protegiendo la responsabilidad política de sus jefes; al menos así ha ocurrido hasta ahora. Por lo demás, el tiempo todo lo borra.

Como en Chile la Prensa es un bipolio dominado por la derecha, es seguro de que se le bajará el perfil a los casos denunciados por la Contraloría, como también a la querella presentada por los Concejales de esas municipalidades, que presentan delitos bastante graves, como asociación ilícita y negociación incompatible.

Las elecciones municipales pueden convertirse en un punto importante para definir las próximas elecciones de parlamentarios y de presidente de la república. Aún no se puede medir el daño que significaría para la candidatura de la derecha, de comprobarse las acusaciones que pesan sobre sus municipalidades.