El Foro Social de Madrid expresó su preocupación por trato a luchadores mapuche

El Foro Social de Madrid,  manifiesta su preocupación, por la situación que enfrentan los mapuches detenidos por el denominado caso Poluco Pidenco, quienes, fueron condenados en virtud de la Ley N°18.314, o Ley Antiterrorista, promulgada el 16 de mayo de 1984, tras ser propuesta por la Junta Militar, presidida por Augusto Pinochet Ugarte y cuyo objetivo era la persecución de quienes se oponían al régimen dictatorial.

Manifestamos nuestra consternación por la falta de actuación y de humanidad del Gobierno de Chile, que preside Michelle Bachelet Jeria, que ha mantenido absoluto silencio frente a la huelga de hambre que en la cárcel de Angol mantuvieron cuatro dirigentes mapuches y que aún mantiene Patricia Troncoso Robles, desde el 10 de Octubre de 2007 con peligro inminente de muerte.

Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Millalen Milla, José Benicio Huechunao Mariñan, Héctor Llaitul Carillanca y Patricia Troncoso, en prisión de 2001, han sido condenados por aplicación de la Ley Antiterrorista en procesos cuestionados por haber carecido de mínimas garantías procesales y que han derivado en penas desproporcionadas e injustas. En efecto, cumplen condenas de 10 años y un día por el supuesto delito de incendio terrorista de una plantación forestal perteneciente a Forestal Mininco S.A. Además fueron condenados a pagar 425 millones de pesos por concepto de indemnización.

Queremos insistir que en este caso estamos frente a situaciones de vulneración de derecho y abusos cometidos por el Estado constatadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos, el Relator Especial sobre libertades fundamentales y derechos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el Comité Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),  Human Rights Watch, y, en marzo del año 2007, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Todas estas instancias internacionales han condenado el uso de legislación antiterrorista para la persecución de la protesta social, y eventualmente de delitos comunes que puedan haber cometido los mapuche en el marco de los conflictos por tierras. Estos organismos han hecho un llamado a las autoridades para que en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, a través de la suscripción de los principales tratados sobre derechos humanos, reviertan a la brevedad esta situación.

Cabe señalar que, en el Senado de la República de Chile se han presentado, encabezadas por el senador Alejandro Navarro Brain, varias iniciativas legislativas con relación a la mencionada Ley Antiterrorista y los derechos de los indígenas, concorde con las recomendaciones de los Organizaciones Internacionales, y de este caso en concreto, que no han se han tramitado en el mejor de los casos, o no han prosperado por no tener la mayoría necesaria para su aprobación.

En 2007 por parte del Gobierno se acordó una instancia de diálogo con los voceros de los presos mapuches, convocada por el Ministro del Interior a una mesa de trabajo destinada a buscar soluciones en el marco de la institucionalidad, las cuales fracasaron porque las autoridades desistieron de esta posibilidad y, de los compromisos de beneficios penitenciarios, en base a los cuales depusieron la huelga de hambre Marileo, Millalen y Huenchunao.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió además a tramitación una demanda de medidas cautelares realizada por el abogado de FASIC Alberto Espinoza por la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista por la cual cumplen actualmente condena Troncoso y otros comuneros mapuches.

Según las últimas informaciones recibidas, el 15 de enero, el señor Mario López, abogado asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, requirió al Equipo Jurídico de Apoyo de los Presos Políticos Mapuches, gestionar una conversación telefónica entre Patricia Troncoso Robles y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señor Santiago Cantón, en el marco de la solicitud de medida cautelar 239-07 interpuesta ante la Comisión por el Equipo Jurídico a favor de los cinco comunero mapuche en huelga de hambre, el día 14 de noviembre de 2007.

El gobierno de Chile, de manera inexplicable, a través del SEREMI de Justicia Subrogante de la Novena Región ha informado que no accede a que Patricia Troncoso, quien llevaba en esa fecha 97 días en Huelga de Hambre, converse con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, imponiéndole en los hechos una incomunicación ilegal y arbitraria.

Los contactos establecidos con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y con Gendarmería de Chile, no han obtenido una respuesta favorable a la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ante esta manifiesta violación de los Derechos Humanos, por todas las instancias del Estado de Chile, el Foro social de Madrid,

Exige:

• El cumplimiento por el Estado de Chile, de las recomendaciones en el marco del respeto a los derechos Humanos y los compromisos adquiridos al suscribir los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos. Y Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Responsabilidad que corresponde a todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

• Arbitre medidas urgentes para proteger la vida de Patricia Troncoso Robles, como el traslado inmediato a un centro hospitalario de mayor complejidad (Hospital de Alta Complejidad Tipo 1), como lo indicó la comisión medica que la examino, con mayores medios técnicos para enfrentar su deteriorado estado de salud.

• Acceso al mas corto plazo a beneficios penitenciarios para ella y los procesados por esta causa, garantizando su vida, sus derechos y su dignidad, en consonancia con sus reivindicaciones, ya que si se hubiese aplicado la ley penal común, no se les habrían impuesto penas mayores a 5 años.

• Pasar a un CET, Centro de Educación y Trabajo con opción a actividades laborales.

• Salidas dominicales.

• Libertad condicional en un plazo prudente (6 meses como máximo).

• La revisión del caso Poluco-Pidenco
 

Insta al Gobierno:

• A declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados a los que se aplicado la Ley Antiterrorista, por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas.

• Constituya instancias de dialogo eficaces, donde resolver los conflictos del pueblo Mapuche, derivados de la discriminación histórica que vienen de la mal llamada "Pacificación de la Araucanía". 

• A adoptar todas las medidas administrativas y legislativas necesarias para poner fin a los abusos policiales y a garantizar que los delitos que involucren a los agentes policiales del estado sean vistos y sancionados por tribunales imparciales.

 Madrid 24 de enero 2008

* Fuente: AMFB