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Verano caliente en Santiago, no sólo por las altas temperaturas, sino también en el alto mando del Ejército. El termómetro «Paine» sigue y sigue subiendo, poniendo sabor a salado a las vacaciones de muchos.

La otra cara de la masacre masiva de 22 campesinos el 16 de octubre de 1973 (el desentierro de sus cuerpos en 1978 para lanzarlos al mar) golpeó fuerte el portón de calle Zenteno.

El juez Héctor Solís, que instruye el proceso, quiso saber ahora quiénes integraron el Comando de Aviación del Ejército (CAE) el año de esta exhumación. El Ejército le respondió que la información la tiene, pero es «secreta por seguridad nacional». Para la parte querellante, el problema es que aquí se trata de investigar un delito común, y más aún de un crimen de lesa humanidad, que nada tiene que ver con la seguridad nacional.

La negativa al magistrado le llegó por oficio N 595/967 de fecha 19 de diciembre de 2007, firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Alfredo Ewing Pinochet. El fundamento del rechazo a entregar la información fue el Artículo 436 del Código de Justicia Militar.

Pero ahora se trabará una contienda que puede calentar todavía más el estío castrense y perturbar el sueño de su alto mando. Los querellantes, abogados Luciano Foullioux y Pamela Pereira el primero representa legalmente a la segunda en la causa donde su padre fue uno de los asesinados y arrojados al mar , irán a la Corte Suprema solicitando que el pleno de este tribunal obligue al mando militar a entregar toda la información requerida por el juez.

Lo que el ministro Solís quiere saber no es poco, y resulta fundamental para empezar a abordar ahora la segunda parte del doble crimen de Paine, la operación desentierro y el destino final de las víctimas al fondo del océano.

El coronel (R) Andrés Magaña Bau fue el subteniente de la Escuela de Infantería de San Bernardo que comandó entonces la masacre, junto a otros dos subtenientes. Se sospecha que estos dos oficiales pueden estar hoy en servicio activo y ocupando altos cargos en la institución, y por ello el misterio y la protección de sus identidades por parte de los que actuaron en el exterminio.

Hace tiempo que Magaña admitió en el proceso que en 1978 «la inteligencia del Ejército» lo contactó para mostrar el lugar donde en 1973 escondieron los cuerpos, deshechos por los centenares de disparos, para desenterrarlos y hacerlos desaparecer para siempre.

PILOTOS, COPILOTOS Y MECÁNICOS

Solís quiere conocer la nomina completa de los oficiales, suboficiales y clases que en 1978 servían en el CAE, donde estaban radicados los escuadrones de helicópteros Puma que participaron en la Operación Retiro de Televisores. En ella, a partir de 1978 y a través de todo el país, se tiraron al mar los cadáveres de prisioneros exhumados desde fosas clandestinas por orden del dictador Augusto Pinochet, como quedó establecido en varias causas que se instruyen.

Al juez también le interesa conocer la lista de todos los pilotos que comandaron ese año los Puma, y la información acerca de los copilotos y mecánicos que viajaron con ellos.

Igualmente, Solís requirió al Ejército los libros con las rutas de vuelo de ese año. Con esto último pretende identificar si existe algún tramo aéreo que arroje un trayecto entre el noreste del lago Rapel, en la VI Región donde se ubica la quebrada Los Arrayanes que es el lugar donde los mataron, enterraron y desenterraron , y la dirección hacia algún punto de la costa donde los lanzaron.

El informe de las Fuerzas Armadas de enero de 2001 dando cuenta del destino final de 200 prisioneros, producto de la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos realizada en 2000, confirmó que las víctimas de Paine fueron lanzadas al mar.

Se estima que difícilmente el pleno de la Corte Suprema podría declarar improcedente esta solicitud, puesto que los querellantes sostienen que, con el secreto impuesto por el Ejército a la información demandada por el juez Solís, la institución estaría obstruyendo el actuar de la justicia, protegiendo identidades que también podrían ser llevadas al banquillo en el Operativo Dos, como en el proceso se conoce la exhumación de 1978.

EL CASO CASTRO

A raíz de la citación a declarar ante el juez Solís, el pasado lunes 14 de enero, del general activo Guillermo Castro, comandante de la II División del Ejército y juez militar de Santiago, en las últimas horas se han producido reuniones y «conversaciones» entre integrantes del mando militar y algunas autoridades. El comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, ha estado en los últimos días fuera de Chile. Se sabe que a su arribo en las próximas horas asumirá el conflicto «con la profundidad y gravedad que tiene», según informaron diversas fuentes a LND.

En 1973, el general Castro tenía el grado de subteniente, al igual que Magaña, y ambos servían en la Escuela de Infantería de San Bernardo. A esta repartición pertenecía el pelotón que participó en el Operativo Uno, vale decir, la detención, asesinato y escondite de los cuerpos de los 22 campesinos de Paine.

Existen indicios no concluyentes hasta ahora en la investigación judicial de que Castro podría haber formado parte aquel Operativo Uno.

* La Nación Domingo

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