Fujimori, la impunidad y la Corte Suprema chilena
por Lucía Sepúlveda Ruiz (Chile)
17 años atrás 7 min lectura
Al cumplirse el pasado 17 de julio, quince años de los sucesos por los cuales es acusado Fujimori, los familiares de los estudiantes y profesores de la Universidad "La Cantuta" recordaron con un acto cultural y una misa en la iglesia limeña de La Recoleta, el aniversario del secuestro, desaparición y ejecución de sus familiares. “Chile: devuélvenos a Fujimori”, se leía en uno de los carteles de las masivas marchas de protesta contra la sentencia de primera instancia que negó la extradición del dictador.
El cuaderno Nº 15-05, se refiere a los casos “Barrios Altos-La Cantuta”, masacres ejecutadas por el grupo “Colina”, un escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército, órgano controlada por Fujimori, en una relación comparable a la de Pinochet con la DINA. Las ejecuciones de vecinos y estudiantes, desaparición forzosa, incineración de restos y entierros en fosas clandestinas, en la legislación peruana constituyen homicidio calificado, lesiones graves y Desaparición Forzada. En la chilena, serían homicidio calificado, lesiones corporales y secuestro agravado. El juez que falló en contra de la extradición desechó todos esos argumentos, recurriendo a los criterios de la defensa de Fujimori, copiando textualmente sus fundamentos en el cuestionado fallo.
En su primera visita a Chile, realizada en marzo de 2006 al iniciarse la solicitud de extradición, Francisco Soberón explicaba a esta periodista: “Comparando nuestras historias, es posible asimilar la figura de Fujimori a Pinochet, la de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador, al ex general Manuel Contreras. El servicio de Inteligencia Nacional de Perú es como la DINA chilena, y la Operación Colombo y Caravana de la muerte son episodios represivos a nuestro juicio asimilables a La Cantuta, y Barrios Altos. El asesinato de Tucapel Jiménez es comparable al de Pedro Huillca Secretario General de la Confederación General de Trabajadores, ultimado en diciembre de 1992.Nosotros exigimos la extradición del prófugo para que rinda cuentas por estos crímenes de lesa humanidad. Como jefe de Estado, fue cúspide de la cadena de mando de una estructura de operaciones encubiertas; condujo violaciones graves y sistemáticas a los ddhh en los años de régimen autoritario y dictatorial que ejerció en el Perú junto con Vladimiro Montesinos.”.
Andrea Ortiz es sobreviviente de esa operación represiva, ya que también ella estudiaba en la Universidad Enrique Guzmán Valle, “La Cantuta”, un pedagógico con alrededor de 3000 estudiantes, ubicado en las afueras de Lima. Así recordó ella esos días: “Los hechos ocurrieron el 18 julio 1992, con la universidad intervenida, quemas de libros, y. control militar total, incluidos los ingresos. Estaban prohibidos los eventos culturales, y organizaciones de estudiantes. Esa madrugada el grupo Colina secuestró a 7 estudiantes varones, a dos mujeres y un profesor, En julio de 1993 se encontraron unas fosas en Cieneguilla, fuera de Lima. Los desaparecidos fueron quemados en los hornos del Servicio de Inteligencia del Ejército y luego enterrados.”
“Dos recicladores de basura vieron ingresar personas con cajas de cartón a la quebrada de Cienaguillas y lo denunciaron a un medio de comunicación. Se hicieron los exámenes de ADN y también se hallaron en las fosas dos juegos de llaves de los estudiantes. Se encontró allí el cadáver de mi hermano, Enrique Ortiz Perea, estudiante de Cultura Física y Deporte. Esta evidencia mostró la forma cruel en que actuaba este escuadrón de la muerte”.
Fujimori se encuentra en Chile desde noviembre de 2005, cuando llegó en un vuelo privado desde Tokio, Japón, país en que se refugió luego huir de Perú el 2000. Permanece bajo arresto domiciliario en Chicureo mientras se resuelve la extradición. Siguiendo las pautas de trato para victimarios de derechos humanos VIP, Fujimori espera el fallo judicial en una parcela de Chicureo, ubicada al norte de Santiago en la que, como sus vecinos, puede distraerse jugando en alguna de las canchas de golf, o utilizando la piscina temperada y el spa del que disponen “gente como él” o con sus recursos financieros. Hasta ahora el ex dictador nunca ha enfrentado la justicia, pero sí hubo denuncias anteriores contra él. La primera fue formulada por el ex general Rodolfo Robles Espinoza, siendo comandante de la Escuela de Instrucción del Ejército (COINDE) y tercer hombre en la jerarquía del Ejército peruano. El ex oficial ha declarado que por la forma que se manejaban las Fuerzas Armadas en esa época, todo acto como el de La Cantuta, tuvo que ser conocido y aceptado por Alberto Fujimori. Robles Espinoza fue llamado a retiro, detenido y luego debió asilarse en Argentina, reiterando en 1994 sus planteamientos ante la Comisión Interamericana de DDHH. Este organismo obligó al Estado peruano a reparar el daño infringido por la destitución del oficial, con una ceremonia de desagravio en la Comandancia General del Ejército, y una reparación económica. Acusaciones similares han formulado también otros seis comandantes generales del ejército.
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