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Viña del Mar: ¿Quién responde por los 11 mártires de las antenas? 

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Si nos ponemos serios, la única conclusión a la que podemos llegar con el asunto de las antenas de radiotelefonía celular, es que el gobierno, los políticos y el poder judicial, han abandonado a su suerte a los ciudadanos. Total, ellos viven en lugares a donde nadie va a instalar antenas.

No es posible que hasta la fecha, después de veinte años de instalar antenas en donde se les antoje, nadie haya entregado un informe oficial concluyente, en el que se asegure que las antenas no hacen daño a la salud humana.

Si nadie ha dicho formalmente que está probado que las antenas de celulares no hacen daño, significa que podrían hacer daño. Por lo tanto, lo lógico es que se prohíban. Y punto. Lo demás es poner en riesgo la salud pública, es dejar que una empresa instale un aparato que puede estar causando daño a la gente y que nadie asuma ninguna responsabilidad.

El gobierno no puede seguir callado, haciéndose como que no existe el problema, cuando ha habido cientos de manifestaciones de vecinos en todo el país reclamando contra la instalación de antenas entre sus casas. El gobierno debe hablar, pronunciarse claramente. Para eso existe el Ministerio de Salud, y para eso también, dicho ministerio cuenta con el Instituto de Salud Pública, un organismo dedicado a defender la salud de todos los chilenos. Hasta ahora han sido inoperantes, insuficientes, incapaces. Bastaría la voluntad política de querer pronunciarse médicamente, para dar un tremendo paso adelante en la solución de este largo conflicto. También es posible que el gobierno no calle, sino que los intereses económicos de las empresas de telefonía lo hagan callar, lo obliguen a abandonar a los ciudadanos afectados y a las familias que reclaman, incluso a olvidar a las personas que dicen que sus familiares murieron por efecto de las radiaciones de las antenas.

El poder judicial algo ha hecho, pero muy poco, porque ya es hora que entiendan los señores jueces que ellos tienen la obligación moral de impulsar soluciones con sus fallos, especialmente cuando sienten que no saben de qué están fallando, porque no hay informes científicos responsables sobre el daño que pueden causar las radiaciones. ¿Es tan difícil que un fallo judicial obligue al gobierno a entregarle a la justicia una respuesta sobre si las antenas hacen daño o no hacen daño a la gente?

Los políticos tienen dos niveles de acción.

El poder legislativo sigue mirando lo que les pasa a los vecinos (quizá con la boca abierta) sin decir ni una sola palabra que los salve, que los ayude, que los oriente a buscar una solución a sus inquietudes. Tampoco legislan rápido como para frenar la angustia de las familias que obligadamente viven al lado de una torre de radiotelefonía.

El otro nivel político es el poder municipal. Los alcaldes y concejales debieran acercarse a la gente para ayudarlas a resolver su situación. Presionar al Ministerio de Salud, haciéndolo que de una vez por todas entregue una respuesta.

En la población Nueva Aurora de Viña del Mar, en la calle de las antenas, en un radio no mayor de 40 metros, han muerto 11 personas por causas que podrían vincularse a las radiaciones de la radiotelefonía celular. ¿Habrá que seguir esperando que muera más gente para encontrar una simple respuesta?

No puede ser tan difícil pedirle al gobierno que responda de una vez por todas si fueron esas radiaciones las que causaron la muerte de esos vecinos. Nosotros, desde mañana en la mañana, seguiremos llamando al Ministerio de Salud para que nos responda, y si no hay respuesta, seguiremos hasta la Presidenta, para calmar el dolor y la angustia de las familias que han perdido a sus seres queridos por muertes extrañas, pero también para responderle a Chile sobre un tema que cada vez se pone más grave.

* El autor es Director “El Observador de Viña del Mar
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