Escándalo político en Colombia: Un alto dirigente de Uribe beneficiado de los paramilitares

Un alto dirigente del Partido Conservador, integrante de la coalición que apoya al presidente de Colombia, álvaro Uribe, es el gerente de una empresa agrícola que se ha beneficiado de la intimidación violenta de grupos paramilitares contra comunidades afro-colombianas para arrebatarles tierras y utilizarlas para cultivos de plátanos.

Se trata de Juan Manuel Campo, miembro del directorio nacional del Partido Conservador, uno de los aliados del Gobierno del presidente álvaro Uribe, que está siendo investigado por la Fiscalía por sus actividades al frente de la compañía multinacional estadounidense Multifruits, desde el 2004.

Según denuncias de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), esa empresa utilizó artimañas jurídicas y la ayuda de presiones de grupos paramilitares para dividir a la comunidad afro-colombiana, dueña de las tierras, y firmar una alianza estratégica que le permitió producir los plátanos.

Ana Carmen Martínez, una de las desplazadas por grupos paramilitares de ese territorio, que según establece la Constitución pertenece a su comunidad, manifestó que los "paras" decían que en esa zona operaban guerrillas de izquierda, pero que eso simplemente era "un pretexto por quitarnos las tierras. Porque saben que son tierras productivas y que las necesitan para sus megaproyectos".

Multifruits firmó un contrato con la multinacional estadounidense Del Monte Fresh Produce para exportar cada semana 52 toneladas de plátanos a los mercados de Estados Unidos y Europa desde terrenos disputados por comunidades afro-colombianas en el departamento del Chocó, en el noroeste del país.

La investigación por parte de la Fiscalía supone un nuevo eslabón en el escándalo que acecha al Gobierno de Uribe desde que sus aliados políticos fueron acusados por la Corte Suprema de Justicia de participar en la creación y financiamiento de grupos paramilitares, culpables de masacres contra la población civil y de apoderarse de enormes cantidades de terrenos en la década pasada.

Las averiguaciones indican que los grupos paramilitares, que se han desmovilizado como parte de un proceso de paz con el Gobierno, disfrutaron durante sus años alzados en armas de una relación simbiótica con dirigentes políticos y empresariales. Tres congresistas han sido encarcelados recientemente por esos vínculos.

Juan Manuel Campo, sin embargo, sería el primer caso en el cual un político con un alto cargo ha sido acusado de sacar provecho económico de sus vínculos con los grupos paramilitares.

Su tío, Rodolfo Campo, es un exitoso empresario en el sector agrícola y es desde agosto de este año director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la agencia estatal que ha sido acusada en repetidas ocasiones de corrupción y que tiene como una de sus funciones la redistribución de tierras en el campo.

Ambos provienen del departamento del César, en el norte del país, donde los grupos paramilitares dominaron amplios territorios con mano de hierro.

La elite política de esa región se benefició de la intervención de los grupos paramilitares en las campañas electorales y permitieron que sus comandantes desfalcaran las arcas públicas, aseguraron fiscales, senadores de partidos de oposición y víctimas entrevistadas por la agencia de noticias AP.

Nota distribuida por Red Virtin  virtin@etb.net.co