Joan Garcés acusa a Lagos de otorgar inmunidad a Pinochet e impedir su condena

Madrid.- Joan Garcés -en afirmaciones hechas al diario El Mundo de Madrid- tiene claro que con la muerte de Pinochet «ha desaparecido una de las figuras más represivas de la Guerra Fría», pero no sólo denuncia, una vez más, y tras leerse cada uno de los documentos desclasificados a partir de la era Clinton hasta ahora por EEUU, que el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, ordenaron el golpe militar en Chile pocos días después del triunfo electoral de Salvador Allende, en diciembre de 1970.

«Fue incluso dos meses antes de que formara Gobierno, se pretendía crear las condiciones de crisis en el país que pudieran justificar un golpe de Estado». «Pero Pinochet no estaba precisamente entre el núcleo duro de oficiales que se hicieron eco de los planes de Washington», dice Garcés. «Esos militares golpistas fueron apartados por los sectores leales de las Fuerzas Armadas chilenas.Ese sector leal, que defendía las instituciones republicanas, se nucleó alrededor del general Prats [asesinado en 1974], y dentro de él estaba Pinochet». ésa es la razón, explica Garcés, por la que Allende lo nombró en agosto de 1973, «por sus muestras reiteradas de profesionalismo y lealtad constitucional». «No estaba al principio entre los golpistas sino entre las fuerzas leales. Si Pinochet no hubiera dado ese cambio de 180 grados, los chilenos hubieran podido votar en el referéndum que había convocado por el presidente para definir el rumbo que debía seguir el país, tras el rechazo de la Democracia Cristiana de Eduardo Frei padre a firmar el acuerdo nacional que le había ofrecido Allende y apostar por la salida militar».

Joan Garcés, abogado valenciano, doctor en Ciencias Políticas por la Sorbona y especialista en Relaciones Internacionales, fue uno de los asesores más importantes de Allende, a cuyo lado estuvo hasta el último momento, bajo los bombardeos del palacio presidencial de La Moneda, en Santiago de Chile, colaborando con él en la redacción del célebre y último mensaje del presidente socialista antes de morir. Abogado de las víctimas españolas de la dictadura chilena, hecho que le permitiría que se abriera un proceso judicial contra Pinochet en España ya en 1996 y que en 1998 pudiera solicitar su detención, Joan Garcés reconoce que a pesar de las posiciones de los gobiernos de España, Chile y Reino Unido, contrarias a la extradición a España solicitada por el juez Baltasar Garzón, «los tres países respetaron la independencia de sus tribunales para actuar».
Garcés no tiene ninguna duda de que los 503 días que estuvo Pinochet detenido en el Reino Unido facilitaron enormemente la situación política en Chile, y que «contribuyeron decisivamente tanto al fortalecimiento de los valores republicanos, como a los numerosos procesos que se abrirían no sólo contra Pinochet y cientos de sus oficiales, como también contra muchos represores en distintos países de América Latina». Sin embargo, reconoce que los avances logrados por la Justicia chilena para acabar con la impunidad de la que gozaban los responsables de los crímenes, se vieron obstaculizados.

Para Garcés, la causa principal que ha impedido que en ninguna de las numerosas causas judiciales abiertas contra el dictador se hubiera dictado sentencia, «hay que buscarla en la actitud que tomó el presidente Ricardo Lagos cuando Pinochet volvió libre a Chile en 2000». «Si en Chile no hubo sentencias contra Pinochet, en uno u otro sentido, fue debido a una serie de maniobras que se hicieron para evitar que se produjeran». Garcés recuerda que «cuando llegó Pinochet a Chile en 2000, el entonces presidente Lagos lo elevó a cargo de ex presidente de la República, a través de un proyecto de ley que llevó al Congreso. Fue así que un Gobierno democrático le confirió, a un ex presidente de facto, un reconocimiento a posteriori, con la correspondiente inmunidad».

Garcés acusa a Lagos de haber dado al dictador «un manto protector, que le posibilitó a este retrasar los procedimientos. En cada caso se debía decidir previamente levantarle la inmunidad, y, si se hacía, se recurría luego la medida, y así una y otra vez. No fue casualidad, fue algo buscado». Este veterano luchador por los Derechos Humanos se muestra convencido de que «si los tribunales chilenos no hubieran sido imposibilitados para dictar sentencia, habría supuesto un aporte a los valores democráticos».

Garcés aclara que «el jefe de la banda ha desaparecido, pero muchos de sus cómplices están sometidos a juicios, e incluso hay muchos que están cumpliendo pena, gracias a que ellos no gozan de la misma impunidad que se otorgó a Pinochet. Tampoco con ninguno de ellos se utilizó la falsedad del estado de demencia que se le atribuyó a Pinochet».

«También en España», añade, «desde 2004, está en curso un procedimiento por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, contra el Riggs Bank, Pinochet, su mujer y su abogado». «El Riggs Bank ha sido sobreseído, tras aceptar indemnizar a familiares de víctimas, con los más de ocho millones de dólares que pasaron por su circuito ocultando capitales de Pinochet, contra los que había un embargo dictado en España».
miércoles, 13 de diciembre de 2006