El político por vocación y el político profesional 

El político por vocación, según Max Weber, está al servicio de ideales, mientras que el político profesional hace de esta  noble actividad una carrera para mejorar su status social por medio del dinero y del poder. Hoy hay  muy pocos políticos por vocación, en su mayoría se eternizan en cargos públicos, transformándose de pobres en ricos. En la Concertación se han impuesto las famosas sillas musicales: no importa si usted esté capacitado para un cargo; puede pasar, fácilmente, de ministro a senador, de esta silla a director de   empresas, particulares o fiscales.

El político profesional sabe de todo y de nada, así puede manejar una locomotora, en ferrocarriles, con la misma facilidad que una central hidroeléctrica. Si se le arma un desastre económico o contable o de ineptitud siempre tiene la posibilidad de acogerse a una pega, que le buscará su amado “partido”. No es que tenga terror a la pobreza, pues sabe muy bien que mientras esté en el poder, nunca será un cesante; el Partido se convierte así en una agencia de empleos y no en canal de la ciudadanía para lograr el bien común.

No creo que las leyes hagan buenos a los hombres, como lo sostenía el ilustrado Juan Egaña en la Constitución moralista, por consiguiente, dudo de que las medidas legales permitan la transparencia, pues la costumbre de vivir a costa del fisco no es fácil de erradicar. Por cierto, que la confianza pública ya está dañada, sin embargo, el desprecio popular a la política y a los políticos profesionales no significa, necesariamente, el fin de una combinación política.

En la historia chilena, como lo pruebo en artículo Corrupción y poder, ha habido varios partidos y regímenes políticos carcomidos por la corrupción, como fue el período de predominio de la casta oligárquica 1891-1925. Si pensamos bien, esta oligarquía no murió hasta 1925, es decir, 35 largos años de deshonestidad; pienso que hoy ocurre lo mismo con la casta tecnocrática y neoliberal que predomina en la actualidad. La corrupción por sí sola no derrumba a los regímenes de casta, pues son necesarios otros elementos para provocar el fin del predominio de los políticos profesionales. Piense solamente que el Imperio Romano sobrevivió, desde  el siglo II al V, a puro pan y circo.

El ex presidente Lagos y la mandataria actual usan metáforas completamente inadecuadas para referirse a la corrupción; por cierto que no fue el “robo de un florero” el desfalco de los dineros de CORFO por Inverlink, ni tampoco estamos en una pecera a la que bastaría cambiar el agua, para hacer transparente al Estado y  los partidos políticos, por el contrario, creo que hay  que romper el jarrón y la pecera para  someter a los políticos al control popular. Es cierto que la Presidenta propone medidas bien inspiradas, como establecer responsabilidades políticas y patrimoniales a los candidatos, la destitución de los parlamentarios cuando tengan responsabilidades en el mal manejo de fondos fiscales o de campaña, prohibir las donaciones anónimas y de empresas, formar una comisión de hombres buenos, que controlen la idoneidad política de los funcionarios y la posibilidad de hacer concursable la mayoría de los cargos fiscales, entre otros.

Haciendo uso del derecho de petición, me permito agregar algunas proposiciones a las treinta del Ejecutivo:

1-     Plebiscito revocatorio de todos los mandatos que emanen de la soberanía popular.

2-     Limitar la reelección de los diputados a un solo período consecutivo.

3-     Reducir a cuatro años, con posibilidad de sólo una reelección inmediata del periodo de los  senadores, lo cual evita la eternización de los padres conscriptos en sus cargos.

4-     Iniciativa popular de las leyes.

5-     Eliminación de las leyes de quórum calificado

6-     Creación de una defensoría del ciudadano.

7-     Prohibición a ex ministros, jefes de servicio y ex parlamentarios a formar parte de directorios de empresas privadas, a lo menos durante un año de la dejación de su mandato.

8-     Instauración de un juicio de residencia, es decir, que todos los funcionarios públicos de alto rango puedan ser fiscalizados a un año de la dejación de su mandato. Esta es una vieja institución colonial.

9-     Que la interpelación parlamentaria tenga consecuencias en la responsabilidad política.

10- Revisión de las urgencias, permitiendo a los parlamentarios iniciativas en la agenda de tratamiento de los proyectos de ley.

11- Posibilidad de reformar la Constitución en forma plebiscitaria, eliminando el carácter pétreo de la Constitución de 1980.

(Algunas de estas iniciativas han sido iniciadas por el grupo de parlamentarios ,llamados “díscolos”)

Es evidente que estas proposiciones no serán acogidas de inmediato, pues limitan la monarquía presidencial, heredada de Pinochet, pero incorporan elementos propios de la   democracia participativa o directa, además de entregar facultades al parlamento, convirtiéndolo en representativo de la soberanía popular, y no como hoy: un mero receptor del poder ejecutivo. Todos estas propuestas y las demás que surjan de los demás ciudadanos, serían intrascendentes si no superamos la democracia tutelada que aún predomina.