En lugar de hacer frente al conglomerado de descontentos políticos, sociales, económicos y sindicales que generaron la actual circunstancia de ingobernabilidad de la entidad, el foxismo optó por poner en práctica la intriga y la corrupción dentro de la sección 22; en vez de negociar de buena fe con sus interlocutores, el Ejecutivo federal realizó una labor de zapa en las filas de los maestros. Se echó mano, para ello, no de un espíritu transparente de negociación y diálogo, sino de las marrullerías tradicionales con las que los gobiernos priístas desarticulaban y neutralizaban los movimientos de oposición al régimen.
Previamente, el Senado de la República se desentendió de su responsabilidad y aprobó una resolución que es ejemplo de incoherencia: reconoció la ingobernabilidad que existe en Oaxaca, pero consideró que en esa entidad los poderes constituidos funcionan y que no hay, en consecuencia, motivo para reconocer su desaparición.
El sentido común indica que la vuelta a clases objetivo sin duda deseable y necesario sería consecuencia lógica de una vuelta a la normalidad en la entidad, y no al revés. Pero la normalización pasa necesariamente por el asunto de la permanencia de Ruiz Ortiz en el poder, tema en el que Acción Nacional actúa como rehén del priísmo.
En suma, da la impresión de que el grupo gobernante contagia y proyecta en Oaxaca su propio empantanamiento interno y de esa manera lleva el conflicto oaxaqueño por una espiral descendente que desemboca en nuevas simas de descomposición. ¿Cuál será la siguiente vuelta de tuerca de los operadores políticos del foxismo, los públicos y los que operan tras bambalinas? ¿Volver a colocar sobre la mesa las amenazas de represión?
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