Comunidad Mapuche denuncia hostigamiento policial e interrogatorios extrajudiciales

El pasado 13 de septiembre la Comunidad inició una ocupación indefinida del Fundo El Notro, de 360 hectáreas, a fin de recuperar por la vía de los hechos estas tierras ancestrales que le pertenecen, y que irregularmente CONADI compró e inscribió a nombre de la comunidad Agustín Curín de Nueva Imperial, en el marco del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas del gobierno.
Hace ya años la Comunidad había iniciado una demanda de restitución de tierras usurpadas, siguiendo todos los procedimientos exigidos por CONADI y la Ley Indígena (Ley Nº19.253).  La fiscalía del órgano público determinó, mediante resolución Nº032 de fecha 5 de abril del 2005, que procedía la aplicabilidad del artículo 20 letra b – contemplado en la Ley Indígena – para la adquisición del predio a su favor.

Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, CONADI adquirió el Fundo El Notro en más de 600 millones de pesos, y en vez de adjudicarlo a la Comunidad Carimán Sánchez y Gonzalo Marín, el pasado 10 de marzo lo inscribió en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de la Comunidad Agustín Curín, que lo arrendó en calidad de “medería” al mismo latifundista al que le fue adquirido.

La declaración también denuncia que “…con fecha 27 de septiembre de 2006; fuimos desalojados por carabineros de las tierras que nos pertenecen históricamente, sobre las cuales tenemos derechos ancestrales y somos sus legítimos dueños; para llevar a cabo la ocupación de la mismas por parte de siete personas desconocidas –supuestamente- de la Comunidad mapuche Agustín Curín de la Comuna de Nueva Imperial, quienes cuentan con protección policial y continúan provocando violencia y amenaza para nuestra comunidad”.

Pese a la gravedad de los hechos, que ponen en una situación creada de conflicto a dos comunidades mapuche, hasta ahora la entidad no ha dado respuesta a las demandas de los afectados, pese a haber sido tema de tabla en la reciente reunión del Consejo Nacional de CONADI.

Dicho silencio, consolida un estado permanente de incertidumbre y no avanza en resolver la grave irregularidad cometida por el propio organismo público.  Siendo “…preocupante – como señala la declaración – que las instituciones públicas aún no dimensionen ni reaccionen frente al daño causado y el impacto negativo de este tipo de estrategia”.
 
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas rechazó categóricamente los hechos, e informó que en la actualidad se encuentra recopilando antecedentes sobre este caso y otros que le han sido denunciados, a fin de estudiar las salidas administrativas y judiciales que permitan resolver las distintas situaciones.