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Acogen recurso de protección contra Servicio Electoral

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Corte de Apelaciones de Valdivia: Acogen a tramitación recurso de protección contra Servicio Electoral

Tibunal de alzada dio curso a la acción legal presentada en conjunto por el abogado Vladimir Riesco y el estudio jurídico Figueroa y Coddou —con el apoyo de Fundación Pro Bono— que pretende garantizar el derecho a voto de José Manuel Ruiz-Tagle, a quien no se le otorgaron las facilidades para sufragar el 11 de diciembre.

José Manuel Ruiz-Tagle fue condecorado este año con la Orden Gabriela Mistral al Mérito Docente y Cultural

La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió a tramitación un recurso de protección en contra del Servicio Electoral interpuesto esta semana por José Manuel Ruiz-Tagle Molina, el periodista no vidente y con movilidad reducida a quien se le impidió votar en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Marcela Fajardo, encargada del programa de acciones de interés público de Fundación Pro Bono, calificó la decisión del tribunal de alzada como un "primer paso" para a evitar que se vuelva a vulnerar el derecho de sufragio del afectado, en particular, o de cualquier otra persona con discapacidad, en general. Resaltó que este caso revela la necesidad de adecuar la ley a los requerimientos de todos los chilenos en facultad de votar, sin excluir a aquellos que por una limitación física requieran de ciertas facilidades para ejercer este derecho.

El recurso de protección fue interpuesto en conjunto por el abogado Vladimir Riesco y el estudio jurídico Figueroa y Coddou y contó con el respaldo de Fundación Pro Bono.

El pasado 11 de diciembre, José Manuel Ruiz-Tagle acudió a la Escuela Francia, Mesa 131, registro 316, de la ciudad de Valdivia, donde le correspondía cumplir con su derecho y deber cívico. Pese a su ceguera, sus limitaciones para desplazarse y falta de motricidad fina, el periodista de 29 años no había tenido inconvenientes en ninguna elección anterior para sufragar acompañado de una persona de su confianza.

Permitir que un votante ingrese a la cámara secreta con alguien que lo asista queda a discreción del presidente de la mesa. En esta ocasión no se extendió este beneficio al afectado, y tampoco estaban disponibles las plantillas especiales para que voten las personas no videntes.

La negativa fue ratificada por las personas encargadas de supervisar el proceso electoral que se encontraban en el lugar de votación, quienes le señalaron que la ley de Votaciones Populares y Escrutinios sólo contempla o la discapacidad física o la sensorial pero no ambas a la vez, por lo que existiría un vacío legal para situaciones como las de Ruiz-Tagle.
El profesional padece de displejia espástica producto de una parálisis cerebral ocurrida durante su nacimiento. Sus limitaciones visuales se deben a una fibroplasia retrolental que le significó una ceguera parcial desde la infancia, transformándose en total luego de un desprendimiento de retina en el año 1998.
Alternativas discriminatorias

Las soluciones propuestas al periodista fueron que entrara solo a la cámara secreta –algo impracticable, no solo por su condición de ausencia completa del sentido de la vista sino que por su avanzado deterioro en su capacidad motora – o que emitiera su preferencia frente a la mesa, vulnerando la privacidad del sufragio de Ruiz-Tagle.

Ante los reclamos por la situación injusta, discriminatoria y arbitraria vivida y por la falta de facilidades estipuladas en la ley para personas de su condición, José Manuel fue recriminado de manera muy agresiva por el presidente de mesa, quien incluso lo amenazó con llamar a la fuerza pública si no desistía en su accionar.

La gravedad de los hechos motivó la intervención de Fundación Pro Bono, que contactó al abogado Vladimir Riesco (quien presentó la demanda en el Caso Cisnes) con el estudio jurídico Figueroa y Coddou, y juntos prepararon las acciones legales a favor del periodista, quien este año recibió del entonces ministro de Educación Sergio Bitar, la medalla al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por su trabajo en pos de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad.

Marcela Fajardo explicó que el recurso de protección presentado el lunes 26 de diciembre tiene por objeto hacer valer los derechos de José Manuel Ruiz-Tagle, pero también evidenciar que el Servicio Electoral no ha dado cumplimiento a la obligación de informar y capacitar a los presidentes y vocales de mesa sobre la atención a personas con discapacidad. Aseguró que es una forma de evidenciar la situación, que en época de elecciones, deben enfrentar las personas con discapacidad.

"No es posible que el derecho a voto de una persona quede sometida a la buena voluntad del presidente de mesa. Eso es algo que debe estar en la ley y situaciones como ésta demuestran que deben existir soluciones claras y precisas para que efectivamente todos seamos iguales ante la ley", aseguró.
Artículo enviado a PiensaChile por la Fundación Pro Bono
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