Justicia en Chile: el manto de impunidad

LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE LA DICTADURA
El 17 de septiembre de 1973, sólo seis días después del golpe de Estado, el Poder Judicial fue la primera institución del país que se apresuró en legitimar el gobierno impuesto a sangre y fuego por los militares; así como las medidas decretadas por éstos: cierre del Congreso, estado de sitio permanente, decretos ilegítimos, etc. Este Poder fue el único de los tres Poderes del Estado que continuó existiendo sin que fuera intervenido ni disuelto por los militares, lo que nos ahorra todo comentario. Enseguida, esta institution adoptó una vergonzosa actitud de sumisión y complacencia ante las graves violaciones de Derechos Humanos producidas como resultado de la feroz represión al movimiento social y a los partidos de izquierda.
Los informes establecidos por las Comisiones de Verdad y Reconciliación y de Detención y Tortura señalan, sin ambiguedades, que el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a estas violaciones, siendo este Poder el encargado de salvaguardar estos derechos, funciones establecidas por la Constitución y por la ley (artículo V del Código Civil).
Un ejemplo revelador de esta actitud, lo constituye el discurso pronunciado en Marzo de 1975, por el Presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano: "…En cuanto a torturas y otras atrocidades, puedo afirmar aquí que no existen paredones, ni cortinas de hierro y cualquiera afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria". Enseguida negó que existieran personas detenidas desaparecidas y finalmente respecto de la labor de las Cortes señaló: "La Corte de Apelaciones de Santiago y esta Corte Suprema por las apelaciones deducidas, han sido abrumadas en su trabajo con los numerosos recursos de amparo que se han interpuesto, so pretexto de las detenciones que ha decretado el poder ejecutivo. Eso ha traído perturbaciones en la administración de Justicia, quitando a los Tribunales Superiores, especialmente en Santiago, la oportunidad para ocuparse de asuntos urgentes de su competencia”.
Los recursos de amparo (varias decenas de miles) fueron invariablemente rechazados y solamente a fines de la década de los años 80 excepcionalmente algunos de estos recursos fueron acogidos. Las arbitrarias sentencias de los tribunales militares en tiempo de guerra no fueron revisadas a causa de la interpretación que la Corte Suprema hizo del período inmediato al Golpe de Estado. El ejercicio de los tribunales militares sobre civiles predominó en el período dictatorial y lo grave, es que ello continúa hoy día : las largas condenas impuestas a los actuales presos políticos lo demuestran.

CONTEXTO 2003. “Los 30 años del golpe militar”
Para comprender la gravedad de la reciente actuación de este Poder es indispensable situar las cosas en su contexto:
a.- En el plano político la Unión Democrática Independiente (UDI), expresión más pinochetista de la Derecha chilena, se otorgó el lujo (en marzo 2003) de sobrepasar y desafiar al propio gobierno de la Concertación, al denunciar la trágica situación de miseria en que se encontraban los familiares de Detenidos Desaparecidos. El colmo del cinismo y del oportunismo político: pues al mismo tiempo que denuncian, ahora, la situación de “los olvidados” proponen con gran arrogancia mejorar la condición de estas familias aumentando el monto de las indemnizaciones. Pero la audacia, con mucho cálculo político, va aún más lejos al proponer una política de Derechos Humanos “más progresista” que la que practica la Concertación desde 1990. La UDI propuso hacer un listado general de todas las víctimas e indemnizarlas para, así, no hablar “nunca más” de este tema.
b.- En el plano militar y tomando el marco de celebraciones de los 30 años del golpe, las fuerzas armadas por intermedio del general Cheyre, jefe del ejército, hicieron una declaración pública en la que por primera vez reconocen que los uniformados chilenos habían violado los Derechos Humanos. Cheyre hace su mea-culpa, argumentando como causa la existencia del contexto de guerra fría que vivió nuestro país y el mundo. El sonoro y mediático “nunca más”, naturalmente fue aplaudido por el gobierno, la clase política y la Iglesia. Pero esta frase tenía una condición: nunca más un nuevo 4 de septiembre de 1970, nunca más un nuevo Allende…En esta euforia colectiva, Cheyre se queja del frecuente desfile de militares (activos y retirados) ante los jueces que intentan procesos por violaciones de Derechos Humanos.
c.- Por el lado de la Iglesia chilena, el acento es puesto ahora en la reconciliación para mirar el futuro y cerrar las heridas.
d.- En este escenario donde se reconoció la existencia de detenidos desaparecidos, de la prisión política, de torturas, de exilio forzado, surgieron además mea-culpa de dirigentes políticos de la Concertación, situando en un mismo plano los partidos pinochetistas de la Derecha y los partidos de Izquierda de la Unidad Popular. La conclusión se resumía en la frase “todos culpables”: en el fondo se estaba implementando un verdadero revisionismo de la historia. Una serie de proyectos fueron presentados al Gobierno para resolver la situación de Derechos Humanos. Ello se concretizó en la tramitación de un proyecto global en el Parlamento donde hasta hoy se encuentra estancado.
e.- En este mismo marco, el gobierno creó la Comisión de Detención Política y Tortura, donde no estuvieron representadas las víctimas y con un plazo reducido de trabajo para recoger los testimonios. El informe elaborado por esta Comisión también hace mención de la abdicación por parte del Poder Judicial de sus funciones durante este período.
Sin embargo, pese a esa toma de conciencia, casi general, respecto a las violaciones de Derechos Human
os el Poder Judicial se muestra sordo, mudo y no manifiesta ningún remordimiento.

LA JUSTICIA EN TIEMPOS DE LA TRANSICION
En todas las ocasiones en que algunas instituciones del Estado han reconocido en parte sus responsabilidades en las violaciones de Derechos Humanos, la Corte Suprema ha claramente evitado hacerlo y sus voceros han entregado explicaciones que no están a la altura de la investidura que ellos representan. El hecho que el actual Presidente de esta Corte, Marcos Libedinsky, argumente que “en dictadura no es posible ejercer la justicia” constituye un mal precedente para las futuras generaciones, pues este tipo de actitud ha servido únicamente para consagrar la impunidad y fomentar la pasividad y resignación frente al miedo y terror heredados de la dictadura. No son éstos los valores de libertad, coraje, dignidad, solidaridad, integridad y honestidad que nos han legado nuestros antepasados.
Las resoluciones de los Tribunales, contradictorias en varias ocasiones, contrastan enormemente con los pasos dados en este sentido, aunque insuficientes, por otros Poderes del Estado. El balance de ello se puede sintetizar en el sobreseimiento de Pinochet en tres oportunidades: en los casos “Caravana de la Muerte” y “Plan Cóndor” argumentando “demencia senil” del dictador y en el rechazo del desafuero del dictador en el “Caso Prats” invocando “cosa juzgada”. En concreto, Pinochet hasta aquí no ha sido juzgado, a pesar del compromiso que adquirió el Gobierno de la Concertación frente a la comunidad internacional que sería juzgado en Chile, cuando lo sustrajo a los tribunales ingleses.
La reducción de los plazos impuestos a los jueces especiales en el trabajo de Derechos Humanos, ya ha sido ejercida anteriormente por la Corte Suprema.
Otra resolución importante, fue la sanción impuesta recientemente al Juez Daniel Urrutia quien en un informe académico planteó que esta Corte debería hacer un mea culpa por las omisiones que cometió este Poder durante la dictadura. También impusieron una sanción disciplinaria a seis jueces de la Asociación Nacional de Magistrados, quienes criticaron la resolución de la Corte Suprema de fijar un plazo de seis meses para cerrar los procesos por violaciones de Derechos Humanos.
Gracias a las iniciativas de protesta realizadas, tanto a nivel nacional como internacional, la alta Corte fue obligada a SUSPENDER su decisión de fijar plazos a los procesos. La opción para suprimirla no contó con los votos necesarios para ello. Se pronunciaron en contra de este plazo perentorio: la Agrupación Nacional de Magistrados, la Fundación de Acción Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), las organizaciones de Derechos humanos en Chile, Amnesty International y Human Rights Watch, así como, la Democacia Cristiana (partido de la actual coalición gobernante). Al mismo tiempo las causas fueron reafectadas, de tal manera, que se teme que este reajuste contribuya igualmente el cierre de ellas. Además, la Corte Suprema no aceptó la petición de aumentar la designación de jueces especiales y exclusivos que habían hecho las organizaciones de Derechos Humanos.
Concerniendo la Reforma Procesal Penal en curso, es necesario destacar las resoluciones contradictorias emanadas de los juicios contra los comuneros mapuches acusados de infracciones a las “leyes especiales” creadas por la dictadura. Ello está generando un serio descrédito en la implementación de esta reforma.
Un cuestionamiento al Estado de Derecho acaba de surgir luego del rechazo, por el Gobierno de Suiza y la Corte Federal de Buenos Aires en Argentina, de las demandas chilenas de extradición de los resistentes Patricio Ortiz y Sergio Apablaza. Este rechazo está basado en la inexistencia de las condiciones para un debido proceso en Chile.