Declaraciones de Cheyre: No es ignorancia, es cobardía

Las declaraciones del ex General Mathei y las más recientes del ex General Cheyre no son aceptables, comprometen a las FFAA, ocultan sus responsabilidades e intentan encubrir en la Institución militar su participación en la represión. Con su actitud traspasan a las nuevas generaciones de Oficiales y Suboficiales, un pacto de silencio sobre la  historia de asesinatos, torturas y enriquecimiento ilícito, bajo la gran mentira de que el ejército luchó en contra del comunismo.

Contribuye a esto que a pesar de que se ha investigado y contribuido a saber la verdad de lo ocurrido, solo se ha juzgado a un reducido numero de militares involucrados directamente en crímenes de lesa humanidad. Pero la investigación sobre las responsabilidades institucionales y personales de quienes instigaron, planificaron y encubrieron las violaciones a los derechos humanos continua pendiente.

Tal pareciera que con esto se acepta un absurdo, que los Ministros y Subsecretarios, Directores y Jefes de Servicios y los demás funcionarios del gobierno militar, los políticos y autoridades civiles, no existieron en ese periodo. Tal cual sucede con el papel de los medios de comunicación y periodistas, quienes apoyaron a la dictadura, para ocultar información y manipular el relato de los hechos ocurridos.

Quién podría ocultar que fue el gobierno y las Fuerzas Armadas quienes se encargaron del control y manipulación de la información durante la dictadura militar, construyendo una única perspectiva. Durante ese periodo la propaganda, represento un símbolo de poder político y de control, a cargo de militares, políticos y especialistas civiles.

Estas complicidades cívico militares se extienden también al enriquecimiento ilícito de Pinochet, a sus cuentas secretas en el Banco Riggs y otras entidades financieras en la cuales acumuló entre 1973 y 1990, una fortuna de 21 millones de dólares, 17 de los cuales no tienen justificación contable. También existe toda la información que demuestra el enriquecimiento ilícito de empresarios chilenos y extranjeros durante todo el proceso privatizador de empresas publicas durante la dictadura.

Los chilenos queremos que se sepa la verdad pero que se haga justicia, sigue vigente la solida reivindicación de No a la Impunidad, sin esto no se podrá avanzar hacia un encuentro nacional verdadero. Para ello se  requiere de medidas políticas y judiciales concretas, algunas de las cuales señalamos de la manera siguiente.

En primer lugar es necesario aclarar política y judicialmente, que en Chile no hubo una guerra, lo que realmente sucedió es que al día siguiente del golpe de estado, Augusto Pinochet decretó el “estado de guerra interna” (Decreto ley Nª 5  del 12 de septiembre de 1973), para justificar el fusilamiento sin juicio, simulando consejos de guerra que nunca se efectuaron.

Lo anterior incluye eliminar por ley las condecoraciones entregadas por el ejercito a quienes “combatieron a la subversión” en 1973, combates inexistentes que se remiten al asesinato y a la tortura de miles de compatriotas en distintas cámaras de tortura o fusilamientos.

En segundo lugar, se requiere anular la disposición legal que ordena no investigar y mantener en secreto por 50 años, la información recibida por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. En tercer lugar, exigir, no solicitar, a las FFAA que se entregue la información de donde y como se hicieron desaparecer los cuerpos de los detenidos en distintos campos de concentración, agregando que cada uno de esos recintos estaba a cargo  de un Oficial de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Estos son algunas de las medidas efectivas, que los chilenos (as) necesitamos que se implementen, para avanzar hacia una convivencia nacional construida sobre la verdad.

Respecto a las responsabilidades que le caben a los militares en la represión en contra de los chilenos, seguir insistiendo en el argumento “que no sabia lo que pasaba”, es simplemente una vergüenza y por varias razones. La primera es que durante todo el periodo de la dictadura, la detención, la tortura y el exterminio de personas no fue un secreto de estado, salvo algunas excepciones, por el contrario, esto se planificó a nivel político ( y empresarial ) y se ejecuto a través de la cadena de mando en las FFAA.

Segundo, los miembros de la FACH, de Carabineros, de la Marina, de Investigaciones fueron involucrados de manera directa e indirecta en los procesos de violaciones de los DDHH y crímenes de lesa humanidad.  A partir del 11 de Septiembre de 1973, a través del mando militar se ordenaron acciones conscientes e informadas, con instrucciones algunas de ellas de carácter general y otras mas reservadas, pero todas orientadas por una instrucción general y pública, que fue la de formar parte de la guerra ( interna ) en contra del comunismo.

En las acciones mas generales, a los militares se nos informaba y arengaba todos los días sobre nuestro papel en la liberación de Chile del comunismo. Esto se repetía todos los días en las formaciones de la mañana y cuando se les reunía en patrullas para salir a realizar allanamientos, a casas particulares, empresas, a perseguir personas, informándose a todos los participantes ( los suboficiales que formaban parte de la patrulla ) de las acciones que tenían que realizar.

Esas patrullas estaban al mando de un Oficial, casi siempre un Teniente, quien ejecutaba junto a sus subordinados la orden de reprimir, la que emanaba de un Oficial de mayor grado a cargo de los operativos territoriales, Capitán o Comandante. En las acciones mas especificas actuaba el servicio de Inteligencia, cuya misión estaba destinada a descabezar a las dirigencias de los partidos políticos calificados de enemigos, Comunista, MIR, Socialista y MAPU. (Normalmente estos equipos actuaban durante la noche o de madrugada, persiguiendo, torturando y asesinando a personas indefensas).

Durante el primer año la represión fue masiva y brutal, indiscriminada, bastaba recibir una denuncia, en la mayoría de los casos proveniente de los propios vecinos o funcionarios u obreros de alguna industria o centro de trabajo, para que la persona o la familia indicada como Mirista, Comunista, marxista o subversiva fuera maltratada y algunos de sus miembros llevados a un centro de detención ( unidades militares y retenes de Carabineros ). En una segunda etapa el proceso de represión fue selectivo, esto después  que se creo la DINA formada por Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea, Ejercito, Marina,  Carabineros e Investigaciones ( hoy PDI ).

Ahora bien, es posible aceptar que hubo órdenes verbales secretas, pero lo que cumplieron todos los militares, fue la orden generalizada desde la Junta Militar hacia abajo, de exterminar el cáncer marxista. En este proceso se mezclan la planificación detallada y sistemática de las operaciones de exterminio, con otras improvisadas por el alto nivel de discrecionalidad con que actuaban oficiales y suboficiales en la ejecución de la orden de “extirpar” el cáncer marxista.

El fanatismo, la brutalidad y la irracionalidad con la que actuaban los mandos superiores y subalternos, me hace pensar que estos hicieron todo lo posible para que el asesinato en masa de los opositores a la dictadura quedara en el secreto, velando para que no quedaran registros escritos, lo que se han encargado de proteger con un vergonzoso pacto de silencio. Por esta razón los mandos de la DINA, luego la CNI, de los Servicios de Inteligencia, seguramente destruyeron la mayor parte de la documentación que pudo existir al fin de la dictadura en 1989.

A pesar de lo anterior se han hecho investigaciones profundas y responsables, se cuenta con suficiente información y testigos, para reafirmar que las FFAA con su Comandante en jefe, Augusto Pinochet, ejecutaron una política de represión y exterminio como política de estado y con recursos públicos. Por otra parte nosotros como militares sabemos, que los miembros de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea su grado, tienen una responsabilidad personal, la de haber dado cumplimiento a las disposiciones y ordenes institucionales, que terminaban en la represión en cualquiera de sus formas.

Según las disposiciones del Código de Justicia Militar, “todo militar está obligado a obedecer, salvo fuerza mayor, una orden relativa al servicio que, en uso de atribuciones legítimas, le fuere impartida por un superior. El derecho a reclamar de estos actos de un superior que conceden las leyes o reglamentos, no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden del servicio”.

Lo anterior es así, pero cuando se nos llamo a una guerra en contra del comunismo, todos los militares ( y civiles ) tuvieron la oportunidad de negarse, como fue nuestro caso, a cumplir las ordenes, porque en esos momentos, uno como militar tenia la información suficiente como para al menos percibir que se estaban cometiendo arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos.

Quienes fuimos militares, que nunca traicionamos nuestro juramento y que fuimos leales a nuestro pueblo, nos identificamos con el ejemplo moral de Allende, que supera largamente la cobardía de quienes le atacaron y de quienes hoy no son capaces de reconocer lo que hicieron. Grafica esto la reacción del presidente en la mañana del día 11 de septiembre, cuando el general Baeza le conmino a rendirse, este le contesto con un mensaje que perdura hasta hoy: «Ustedes, como generales traidores que son, no conocen a los hombres de honor»…. mi recuerdo será el de un hombre digno, de un hombre que fue leal».

Que mensaje, un ejemplo para estos soldados, oficiales y generales que hoy se esconden en las FFAA para ocultar su cobardía. Como un soldado patriota, Allende tomo la decisión de morir en combate, entendiendo que era su deber el defender al pueblo que las FFAA habían traicionado.

– El autor, Enrique Villanueva M., es Vicepresidente CEEFA-73 (Centro de Estudios Exonerados Fach-1973)