9 de mayo de 2019
La declaración de la Cancillería, en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, en el que manifiestan sus «inquietudes en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos”, y en la que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respete la autonomía de los países en la promoción y protección de derechos sin invadir las competencias de los Estados, ha desatado una ola de reacciones en amplios sectores del establishment.
La declaración de la Cancillería, en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, en el que manifiestan sus «inquietudes en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos”, y en la que pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respete la autonomía de los países en la promoción y protección de derechos sin invadir las competencias de los Estados, ha desatado una ola de reacciones en amplios sectores del establishment.Los estados americanos al suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, el pacto de Costa Rica, se sometieron a la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente para asegurar la protección de los derechos humanos cuando los tribunales nacionales infringen normas de la Convención. Es decir, en el respeto a los derechos humanos los países signatarios no pueden ni deben invocar “autonomía”. De modo que la declaración de Chile y otros cuatro países constituyen sólo una desvergonzada presión indebida.
Pero, ¿qué es lo que concretamente plantean dichos gobernantes con esta declaración? Simplemente, que no están contentos con las últimas resoluciones en las cuales a dichos países se les ordena anular fallos que contravienen el Derecho Internacional Humanitario y aplicar medidas para que no se sigan cometiendo las mismas faltas. Además, se han determinado montos de indemnización a las víctimas por el daño causado, lo que se les había denegado por los tribunales en sus respectivos países. Precisamente, esta denegación fue la que llevó a los afectados a hacer la denuncia ante estos organismos internacionales.
Lo que no puede dejar de llamar la atención es la reacción de muchos miembros de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, haciendo notar que lo que busca el Gobierno al firmar dicha nota, es debilitar los organismos internacionales de derechos humanos, lo que sin duda es absolutamente cierto. Pero, lo que no puede dejar de indignar es ver a estos personajes rasgar vestiduras, y sentirse con el derecho moral de criticar, en consecuencia que si revisaran y echaran retrospectivamente una mirada a lo que ellos mismos hicieron en todos los Gobiernos pos dictadura hasta ahora, verían que están deslegitimados para pronunciarse siquiera sobre el tema.
Hay varias formas de debilitar el Derecho Internacional Humanitario. Una es lo que hacen estos cinco gobiernos de facto, criticar y cuestionar abiertamente y con esto deslegitimar para luego no cumplir. Y, la otra forma es la archiconocida por las víctimas y sus familiares en Chile, y que han usado los Gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, quienes con bombos y platillos, suscriben tratados internacionales, para luego sistemáticamente por décadas ignorarlos y no cumplirlos.
Les queremos recordar que el dictador el año 1988 suscribió la CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, adoptada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la resolución 39/46, de fecha 10 de diciembre de 1984. Patricio Aylwin cuando asume como Presidente ratificó este tratado internacional de derechos humanos, aquí cabe destacar el artículo 14 de la Convención que ordena:
“Todo Estado Parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización”.
El 18 de diciembre de 2013, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU la resolución, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la cual es Chile parte, establece en su punto 23 que:
“Exhorta a los Estados a otorgar un resarcimiento a las víctimas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que abarque un recurso efectivo y una reparación adecuada, efectiva y rápida, la cual debe incluir la restitución, una indemnización justa y adecuada, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición, teniendo plenamente en cuenta las necesidades específicas de la víctima”
Y cómo si esto fuera poco, el 21 de marzo de 2006 se aprueban los “Principios y Directrices Básicos” dados por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, impulsada por CHILE, en la comisión de la ONU presidida por el Abogado Alejandro Salinas, quien fue posteriormente asesor para la política de derechos humanos de la Ex Presidenta Michelle Bachelet, quien además fue el relator al momento de darla a conocer. Esta Resolución, ordena a los países miembros a adecuar la legislación para permitir a las víctimas el acceso a una justicia rápida para alcanzar una reparación digna, incluida la indemnización justa y adecuada que manda el Art. 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.
Sin embargo, nuestro país sigue sin adecuar su legislación procesal a los “Principios y Directrices Básicos” dados por la Resolución 60/147, de tal modo que las causas civiles por derechos humanos no sean sujeto del lato procedimiento de Hacienda y en vez de eso se las tramite con las reglas del juicio sumario y que el Fisco, por fuertes razones morales y jurídicas, se abstenga de alegar prescripción en las demandas que entablen las víctimas. De esa forma se podría evitar que “el recurrir a la justicia no se transforme en un nuevo trauma” (que es lo que ha estado ocurriendo con las demandas de indemnización que interponen víctimas de graves violaciones a los DD.HH.).
Chile ha sido objeto de constantes interpelaciones a consecuencia del incumplimiento de compromisos adquiridos por nuestro país en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado y que se encuentran vigentes.
Desde las reiteradas condenas de los 70 y 80 al gobierno de Pinochet por parte de la Comisión de Derechos Humanos y Asamblea General de la ONU por graves violaciones a los derechos humanos, el Estado chileno también ahora con «gobiernos civiles” ha sido objeto continuamente de categóricas interpelaciones por el Sistema de las Naciones Unidas, por sus reiterados incumplimientos y por no atender sus recomendaciones.
Se trata de una situación claramente indecorosa para un gobierno como el de la Presidenta Bachelet, que hizo pública su adhesión y compromiso con los derechos humanos, posesionándolos, al menos en el discurso, como una piedra angular tanto en su programa de gobierno y como en su política pública. Más aún, se trata de una situación crítica para un gobierno que desarrolló una estrategia diplomática que permitió a Chile pasar a integrar el Consejo de DH de Naciones Unidas, órgano máximo del sistema de la ONU para la promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales y que sin embargo no actuó en consecuencia.
Hemos podido constatar, además, serias limitaciones institucionales para asegurar la vigencia y protección efectiva de estos derechos, y la ausencia de una política y actuación coherente desde el Estado, incluyendo sus distintos poderes, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en esta materia.
Cuando un país suscribe un tratado y se hace parte de él, se obliga a respetar su contenido, a promoverlo y adecuar su legislación interna para poder cumplir a cabalidad el compromiso que se contrae. Por ello resulta incongruente que lo que se predica y prestigia a Chile en el exterior no se lleve a la práctica y se ignore por las autoridades y órganos del estado.
Cómo organización de derechos humanos, que en la práctica concreta nos hemos visto forzados a recurrir como denunciantes en representación de más 3000 demandantes, ante estos organismos de Justicia Internacional, justamente por la denegación de justicia en Chile, y por el no cumplimiento de los tratados internacionales, no podemos aceptar que sean objeto de deslegitimación, a través de la nota enviada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay y Chile. Pero, de la misma forma, rechazamos que no se respeten los tratados y compromisos que se suscriben y sean letra muerta en nuestro país. Ambas formas debilitan los organismos internacionales e impactan negativamente en las protección y defensa los derechos humanos.
La mayoría de aquellos que hoy se pronuncian escandalizados ante la desafortunada nota enviada a la Corte Interamericana, en una actitud de cinismo y desvergüenza sin precedentes, cargan con la responsabilidad de no haberse preocupado de que los tratados suscritos sean respetados, a pesar de que en muchos periodos contaron con mayoría en ambas cámaras (por ejemplo el último Gobierno de Michelle Bachelet). En consecuencia, deben hacerse una autocrítica y asumir la responsabilidad política por su funesta política de derechos humanos que fue cómplice de haber fortalecido la injusticia y la impunidad.
-La autor, Nelly Cárcamo, es Presidenta UNExPP