Jueves 4 de enero 2018
El abogado Roberto Ávila presentará una acción judicial para decretar la nulidad de la norma aprobada en el año 2000 y que otorga una millonaria remuneración mensual a los ex mandatarios. Sebastián Piñera por este concepto ha recibido 832 millones de pesos en los últimos cuatro años.
“Esta fue una reforma constitucional hecha para garantizar una buena vejez al dictador Augusto Pinochet”, así califica el abogado Roberto Ávila la creación de la norma que dictamina el monto de la dieta que reciben los expresidentes de la república en Chile, que sumado a las asignaciones, alcanza en promedio los 18 millones de pesos.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado confirmó que presentará una acción judicial en los tribunales civiles para anular dicha norma dado que señala “es un privilegio inaceptable, la moción parlamentaria que se presentó establece la creación de una nueva dignidad, algo más cercano a las monarquías que a la República.
De acuerdo al sitio web del Senado, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle recibe una dieta mensual que alcanza los $9.121.806, sumado a las asignaciones por traslado y gastos de oficina que llegan a los 9.610.842 pesos. Similares cifras reciben también los ex mandatarios Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.
En total, desde que dejaron la primera magistratura, Frei habría recibido un monto cercano a los 6 millones de dólares por este concepto; Ricardo Lagos 4 millones de la divisa estadounidense y Sebastián Piñera cerca de 832 millones de pesos.
Para el abogado Roberto Ávila, a esto hay que sumarle el beneficio del fuero judicial, lo que atenta contra el principio de la igualdad dictada en la Constitución.
“Chile se independizó de España no solo para separarnos de la metrópolis, sino que por la nueva concepción que existía en el mundo basado en los principios de la igualdad y la fraternidad. Aquí lo que se establece es un privilegio inaceptable”, señaló.
Para el jurista esta situación podría constituir incluso un fraude al fisco “por lo pronto, a mi juicio, jurídicamente lo que hay es una ley dictada bajo sanción de nulidad de derecho público. Se ha establecido un privilegio, se provocó un desembolso sin causa al Estado y esto se puede anular con un juicio en los tribunales civiles”, sentenció.
Según Ávila, “el dictador Augusto Pinochet estaba convencido que él era el Estado, el problema fue que la clase política que hizo la transición terminó pensando lo mismo” y agregó que “los ciudadanos no pueden ser pasivos al respecto, este es un tema transversal, estoy seguro que gente de derecha, que tiene como referente al austero Jorge Alessandri, esta situación les debe repugnar”.
*Fuente: Diario UdeChile