La Presidenta Michelle Bachelet había prometido no aplicar la ley antiterrorista en el conflicto de la Araucanía que, para enfrentarlo, todos los gobiernos a través de la historia de nuestro país han mostrado una incapacidad e inercia para resolverlos. En el fondo, a partir de la mal llamada “pacificación de la Araucanía”, el estado militarista y represor chileno se ha limitado a negar y aniquilar el pueblo mapuche, problema que se arrastra por más de un siglo.
El gobierno de Bachelet-Burgos – no está claro cuál de los dos manda más – ante la incapacidad de enfrentar políticamente esta problemática, recurre a lo más estúpido, insensato y brutal: aplicar la ley antiterrorista y, de esta manera, faltar a la palabra empeñada durante la campaña presidencial. Esta ley ha sido rechazada por los diversos organismos internacionales como inhumana y contraria a todo estado de derecho, mínimamente civilizado.
El control de identidad, denominado eufemísticamente “preventivo” no es más que vuelta a la detención por sospecha, aplicada durante los 17 años de dictadura pinochetista, que atropella gravemente la libertad de los ciudadanos.
Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde existe un racismo y un clasismo repugnante. El concepto del orden público que está inmerso en la mentalidad de la oligarquía de castas, se basa en llevar a la cárcel a todo aquel que tenga cara y traje de pobre, sea joven o bien, alguien que se atreve a reclamar sus derechos y, más grave, rebelarse contra una sociedad intrínsecamente abusiva.
Darle poder a los carabineros, una institución que en la historia de nuestro país se ha caracterizado por la represión a las manifestaciones de los movimientos sociales, para una medida intrusiva como el poder controlar la identidad de los ciudadanos e, incluso, detenerlos y llevarlos a la Comisaría, es de por sí ya una medida prácticamente liberticida.
De seguro, la brutalidad policial de la cual Carabineros ha hecho gala en las manifestaciones populares deteniendo sin motivo justificado a jóvenes y sindicalistas, con esta nueva facultad otorgada por el Congreso – hecha para salvaguardar a los verdaderos delincuentes, especialmente los de cuello y corbata – a los carabineros se prestará para reprimir nuevamente a los estudiantes, obreros y demás trabajadores, insatisfechos con el “desorden establecido”.
Para complementar el cuadro de violación a las libertades públicas, el senado – institución inútil e ilegítima – intentó imponer una ley mordaza no muy diferente a la planteara, en tiempos de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar, uno de los coautores de la ilegítima Constitución de 1980.
Nuestra clase política actual es tan mediocre, incapaz y corrupta que sólo produce senadores “pacos”, entre ellos Alberto Espina, quien intenta justificar estas leyes liberticidas como una forma de atacar y prevenir el delito, orientado a perseguir y encarcelar a los jóvenes y todo aquel que se atreva a cuestionar el orden precario.
¡Qué falta nos hacen legisladores libertarios, como Carlos Vicuña Fuentes, Pedro León Gallo y Alberto Cabrero que se atrevieron a rebelarse contra la promulgación de la ley de seguridad interior del Estado, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma!
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
10/04/2016