El Chile de la impunidad y la muerte de un genocida

Augusto Pinochet, para vergüenza de nuestro país, murió en su cama, rodeado de todos los cuidados y   sin haber pasado  ni un solo día por la cárcel, que merecía de sobra por todos sus crímenes de lesa humanidad. En el caso de Manuel Contreras Sepúlveda, Jefe del aparato represor más sanguinario y cruel que haya existido en Chile, la DINA, condenado a cerca de 530 años de prisión, apenas alcanzó a cumplir 18 de ellos, entre los resorts Punta Peuco y Cordillera y el Hospital Militar, de lujo y con los mejores especialistas. Las víctimas de Contreras, antes de morir, sufrían crueles tormentos y sus cuerpos eran luego destrozados y muchos de ellos hechos desaparecer.

Hanna Arendt, en su obra Eichmann en Jerusalen, u estudio sobre la banalidad del mal, define muy acertadamente a mi modo de ver, la tipología de los ejecutores y seguidores de los totalitarismos, en especial, del nazismo y el estalinismo: muchos de ellos son fanáticos y otros, nihilistas – oportunistas que, faltos de toda convicción y valores, adhieren al líder carismático o bien, al partido que les proporcionas algunos beneficios, producto del “botín” o del robo de los bienes del Estado o de las víctimas de la represión   -.

Para Arandt, Eichmann no era un loco, tampoco un psicópata, sino un tipo común y corriente, que tenía muchas carencias culturales e ideológicas, sin embargo, fue capaz de gasificar a millones de judíos. Sería muy torpe el creer que Manuel Contreras fue un psicópata, tampoco, un ser vulgar, más bien fue un fanático, con una ambición de poder ilimitada, poseedor de un cinismo  y de una anomia sin parangón.  En una de las últimas entrevistas a CNN Chile dijo que la DINA no mató a  ninguna persona, ni tampoco aplicó torturas, y que Villa Grimaldi y otros centros no eran casas de tortura, sino recintos militares, incluso, llegó a decir que él nunca moriría en presión y que ahora tampoco  era reo, pues sólo vivía en un “cuartel” que él mismo había elegido. Y que de la única autoridad en Chile era de su jefe y compadre, Augusto Pinochet.

La existencia de criminales no es explicable sin un tirano, dueño del poder total y de un ejército, cuya principal tarea es aterrar, someter al hambre y aniquilar a su pueblo. Aun cuando les duela, las fuerzas armadas han asesinado a más chilenos que a soldados enemigos. Dentro de este contexto, se desarrolla la labor criminal de la dupla Contreras-Pinochet y sus secuaces.

Los civiles han pretendido pasar inadvertidos, sin embargo, cada día se están conociendo más antecedentes sobre este maldito período de  nuestra historia en que, por ejemplo, el millonario Ricardo Claro  – hoy fallecido – financiaba al personal civil de la DINA. En el fondo, los milicos nazis y la “Gestapo chilena” fueron los chacales al servicio de los ricos de  Chile,  con la cooperación directa de Estado Unidos.

El criminal Manuel Contreras muere como ex general del ejército chileno, lo que constituye una ofensa para los detenidos desaparecidos y demás víctimas de la dictadura. Es increíble que los democráticos no hayan sido capaces, hasta hoy, de degradar a los oficiales que hayan participado en crímenes de lesa humanidad incluso, el código militar contempla la degradación para los oficiales que hayan sido condenados a cadena perpetua, como era el caso de Contreras y de otros militares que  encuentran cumpliendo más de 300 años, en Punta Peuco, entre ellos Pedro Espinoza, Marcelo Morén Brito Miguel Krassnoff. Y, como este abuso fuera poco, la mayoría de estos oficiales gozan de jubilaciones muy superiores a las del común de los chilenos y, además, Punto Peuco es una cárcel de lujo, “una jaula de oro” – según dichos de Conteras – si le la compara con las demás prisiones a donde van los reos comunes.

La muerte de este sanguinario criminal nos permite comprobar el enorme déficit en materia de derechos humanos que existe en nuestro país, debido a la impunidad que domina nuestra vida política y social .

La Presidencia está en deuda con el país, pues no es explicable por qué no se decide, de una vez por todas, a dictar un decreto o enviar un proyecto de ley que degrade a los militares que hayan participado en el atropello a los derechos humanos y, además, ponga fin a la cárcel de Punta Peuco y envíe a estos criminales a las cárceles comunes – a lo mejor, en recintos segregados para que no sean violados o asesinados por los reos comunes -. Esperemos que esta sea la ocasión propicia para el Chile de la impunidad, que siempre es el caldo de cultivo de los futuros “mamos” y de los “mamitos”.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El  Viejo)

09/08/2015

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