Lunes 4 de mayo 2015
Ya van más de 20 días de huelga de hambre de los ex prisioneros políticos que exigen al Estado mejoras en sus pensiones, legislación en reparación y un mayor protagonismo del Gobierno en los casos en los que piden que se haga verdad y justicia. En Rancagua, los dirigentes quedaron esperando a emisarios del Ejecutivo, mientras desde Santiago se acusa al subsecretario del Interior de buscar debilitar el movimiento mediante maniobras políticas.
Durante esta semana continúa la movilización de ex prisioneros políticos. Son cerca de 100 víctimas de la dictadura iniciada en 1973 que demandan un proyecto de ley desde hace más de 20 días en huelga de hambre.
Este lunes se manifestaron en las afueras del palacio de La Moneda como ya lo han hecho en otras ocasiones, y posteriormente ocuparon pacíficamente la Catedral Metropolitana exigiendo un pronunciamiento de la Iglesia Católica, que se comprometió a establecer reuniones para actuar de mediador.
Las demandas, recordemos, apuntan a la igualación de pensiones por violaciones a los Derechos Humanos, la liberación de información de la comisión Valech, una modificación al Código Penal tipificando el delito de tortura, y un mayor protagonismo del Gobierno en los procesos por delitos de lesa humanidad.
Según Víctor Rosas, abogado y presidente nacional de la Unión de Ex Prisioneros Políticos, debe cumplirse con la legislación internacional en la materia, corrigiendo acciones previas, como el proyecto de ley aprobado en 2004, el que es rotundamente rechazado por la organización.
“Nosotros siempre planteamos que debía cumplirse con la convención internacional contra la tortura, que tiene un sólo artículo que se refiere a la reparación, que dice textualmente que los Estados parte velarán porque su legislación garantice a las víctimas la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada. La ley que se dictó el 2004, en diciembre solamente contempló medidas de rehabilitación y eludió su responsabilidad principal que era la indemnización”, dijo.
Además, Rosas agregó que “repudiamos las maniobras del señor Aleuy que en vez de haber estado buscando una solución en este problema, siempre ha estado entrabando, con un criterio economicista, mirando el tema como un asunto previsional, más que como un tema político o de derechos humanos”.
Supuestamente estaba contemplado que el día 7 de mayo sesionara una mesa de trabajo para abordar el problema, anuncio hecho desde la SEGPRES y el programa de DDHH del Ministerio del Interior.
Sin embargo, persiste entre los huelguistas la opinión de que el subsecretario Aleuy intenta debilitar el movimiento y lavar la imagen del Ejecutivo frente a la opinión pública.
Carmen Gloria Díaz, ex prisionera política y abogada de Derechos Humanos describió estas maniobras políticas: “En las últimas conversaciones la vergüenza fue tal que a los compañeros en huelga de hambre les ofrecían un millón de pesos para que ese bajaran. Si no querían estratificar nuevamente, para tratar de dividirnos, entre la gente de 60 años para arriba y otros. Una de las cosas que ellos decían es que han gastado 18 millones de pesos en nosotros y que cuánta vida más nos queda. El maltrato ha sido permanente”.
Este lunes, los huelguistas de Rancagua, quienes lideran la movilización, esperaban una reunión con funcionarios del Gobierno, pero éstos no llegaron al encuentro, lo que a juicio de los ayunantes demuestra el interés del Ejecutivo en buscar una solución a sus demandas.
*Fuente: Radio U de Chile