La Ley Maldita o Ley de Defensa Permanente de la Democracia fue creada bajo el gobierno de Gabriel González Videla, en 1948 y tenía por finalidad la proscripción del Partido Comunista. Al parecer el sueño de la derecha fascista, que hoy gobierna, es el reflote de esta ley y han enviado al parlamento una que le reemplaza: es el proyecto de ley que tipifica delitos contra el orden público: esto implica que quienes se manifiesten por medio de “tomas” u ocupación de edificios universitarios, colegios, oficinas públicas con la finalidad de hacerse escuchar por la autoridad, estarán infringiendo la ley y podrían ser castigados con penas de cárcel.

No da para tener respeto por alguien que se dice de izquierda, pero no está en todas las paradas de la lucha contra la derecha. Ahí se quedan quietos, acechando para atacar a la izquierda, sea porque no es suficientemente radical, sea porque no derrotó de forma radical y definitiva a la derecha. Ellos mismos, no son capaces de afectar el poder de la derecha, ni están centralmente preocupados con eso, les importa sobre todo las “traiciones” de la izquierda.

¿Se acuerdan ustedes de la Europa resplandeciente de los últimos veinte años, del lujo de las avenidas de los Campos Eliseos, en París, o de la Knightsbridge, en Londres? ¿Se acuerdan del consumismo exagerado, de los desfiles de modas en Milán, de las fiestas de Barcelona y de la sofisticación de los vehículos alemanes?
Todo ello continúa por allá, pero ya no es lo mismo. Las ciudades europeas son hoy calderos de etnias.

La reciente iniciativa del Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en la ONU solicitando el reconocimiento de Palestina como un estado miembro de la comunidad internacional, correctamente acompañada por la mayoría de los países de la Unasur, difícilmente alcance su objetivo explícito. Sin embargo tiene, al menos, tres grandes méritos develadores que justifican el apoyo a la decisión.