Privatización de Aguas Andinas y Lagos de impudicia

En junio de este año el gobierno vendió el 30 % del 35 % de las acciones que el Estado de Chile poseía, a través de la CORFO, de la empresa sanitaria Aguas Andinas. En julio se vendieron las acciones que CORFO tenía de Essbio y Esval, es decir, de las sanitarias de la VIII y V regiones respectivamente. Por una arbitraria e inconsulta disposición del ejecutivo, el pueblo de Chile perdió su participación e ingerencia en esas compañías estratégicas (…un antiguo concepto ya en desuso; pero no por eso menos obvio). Y además en el caso específico de Aguas Andinas, perdió unos US $ 100 millones al año por concepto de las utilidades que le rendían dichas acciones.

Fuera del despropósito que representa vender las acciones de un monopolio natural ya instalado, eficiente y viable, el Estado recaudó en la transacción US $ 1548 millones. Supuesta buena noticia por la también supuesta necesidad de dinero para la reconstrucción y para otros proyectos que fueron apareciendo desde el imaginativo sombrero de mago de La Moneda.

Lo singular es que el país no tiene hoy problemas de “caja”. Muy por el contrario. Y, a decir de un analista del sector, las sanitarias eran “un negocio muy rentable” que “a más largo plazo es mejor negocio todavía: las inversiones ya se hicieron, la demanda es cautiva y no tiene ningún frente de conflicto, es una empresa con un marco regulatorio estable”. Peor aún, de junio a la fecha las acciones vendidas de Aguas Andinas han subido, lo que implicó que Chile dejara de ganar US $ 153 millones. Para sopesar la cifra, considérese que el gobierno ofreció aportes basales por unos US $ 77 millones a las universidades del CRUCH.

En ese contexto, bajando de su Olimpo personal, el Rey Sol nos concedió la gracia de dejarnos oír el metal de su voz. Lo hizo para criticar la privatización de Aguas Andinas: “fue una operación ideológica que no tiene ninguna justificación económica”. Para él, lo “realmente importante es tener una inversión a largo plazo, entre otras cosas, para poder defender mejor asuntos de interés público”.¹

Así las cosas, pocos podrán dudar que la venta responde al “fundamentalismo de mercado”… término tomado aquí de Joseph Stiglitz, Nóbel de Economía y convencido libremercadista. El dogma neoliberal afirma que el Estado no debe poseer negocio alguno, la iniciativa económica ha de estar en manos de los privados; salvo en los casos en que no haya incentivos lucrativos suficientes.

Al tenor de las altas sumas de dinero involucradas y de la pérdida de soberanía del país, los únicos que podrían apoyar la venta de las sanitarias son tecnócratas obtusos y/o quienes algo ganaron con el negociado (cargos, contratos, coimisiones, etc.). O sea, quienes no tienen el menor interés por sus conciudadanos y conciudadanas actuales; menos por los que vendrán luego. Los tecnócratas porque las personas son sólo puntos de una curva y los winners porque ya han de haber a$egurado el futuro a $u$ hijo$.

Vistas así las cosas, las declaraciones del Rey Sol dejan ver una lógica impecable. Fuera de ser muestra de su loable patriotismo, siempre superlativamente muy requetecontra preocupadísimo de los “asuntos de interés público”… El único problema es que en el mismo ámbito de las sanitarias, Su Majestad también tiene sus yayitas.

La privatización de sanitarias emprendida por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle —que contó con la participación ministerial de nuestro ilustre personaje— siguió su curso durante la siguiente administración… ¿de adivine quién? La víctima de turno fue Essbio: empresa viable, eficiente y que generaba ganancias. Con ella sus trabajadores y todos sus clientes fueron sacrificados a las transnacionales. El Rey Sol prometió que parte del dinero iría a la región, que no habría despidos ni alza de tarifas. Pero las palabras se las lleva el viento. Con mayor razón las de Su Majestad. Aparte que con la privatización de Essbio, el 73 % del sistema de agua potable y alcantarillado chileno pasó a manos de empresas extranjeras.²

De tal modo, la crítica de nuestro magnánimo monarca a la privatización de Aguas Andinas es impresentable y descarada. Su falta de pudor —como con el Transantiago, el Crédito con Aval del Estado, etc.— es insultante. Este gobierno ha hecho lo mismo que él hizo en el suyo y lo mismo que realizaron las otras administraciones de la Concertación: regalar el país y/o venderlo a precio vil (Si las sanitarias no son prueba suficiente, tómese en cuenta el regalo inconstitucional del cobre y la legalidad construida para que las mineras no paguen impuestos³). En tal sentido, el actual desgobierno no difiere un ápice del antipatriotismo de los anteriores.

A estas alturas la reiteración sistemática y la gravedad de los hechos perpetrados por la clase política, dejan ver que ni siquiera estamos ante un puntual notable abandono de deberes. Por eso creo llegada la hora de dejar para siempre de lado los eufemismos; los cuales además cooperan a encubrir descaradas maquinaciones. Por mucho que pueda parecer destemplado, en cualquier diccionario de sinónimos se encuentran diversas palabras para nombrar como se debe a las y los traidores: infieles, desleales, perjuros, alevosos, pérfidos, felones, aleves, tránsfugas, vendidos, intrigantes, conspiradores, etc.

Es absurdo que las víctimas seamos calificadas de culpables por no respetar las formas democráticas; en este caso, parapetos de las y los antipatriotas. No tienen derecho a apuntarnos con el dedo por decirles quiénes son en realidad.

NOTAS:

1. Las cifras y citas usadas hasta aquí en el texto, se  extrajeron desde: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/27/los-153-millones-de-dolares-que-dejo-de-ganar-el-estado-por-la-venta-de-acciones-de-aguas-andinas/

2. http://www.rebelion.org/hemeroteca/economia/guerra050102.htm

3. Julián Alcayaga en su Manual del Defensor del Cobre (http://druzhba.se/druzhba/articulos/cobre_chileno_ja.pdf) da cuenta del ignominioso regalo concertacionista del mineral y de las facilidades legales dadas a las compañías privadas para que eludan tributar por sus millonarias ganancias. Puntualmente respecto al caso de Su Majestad, Alcayaga se refiere al “engaño” del “impuesto específico a la minería” o ley de royalty 2 (pp.: 99-104).