Jiménez y Tuma denuncian incumplimiento de la ley que beneficia a exonerados políticos

Parlamentarios del PPD y dirigentes del Comando de
Exonerados de Chile reclaman que el Ministerio del Interior haya paralizado el
proceso de calificación y entrega de pensiones a exonerados por el gobierno
militar, desconociendo derechos que tienen amparo legal.

El diputado Tucapel Jiménez y el senador Eugenio Tuma, junto
a representantes del Comando de Exonerados Políticos de Chile A.G., denunciaron
este viernes un incumplimiento grave por parte del Gobierno, y específicamente
el Subsecretario de Interior, al desconocer los derechos de miles de exonerados
por la dictadura militar que fueron reconocidos en su derecho a ser reparados
por tres leyes dictadas durante los gobiernos de la Concertación.

“Estas tres leyes se han ido implementando lentamente y los
exonerados, después de mucho tiempo, han logrado ser reconocidos por el
Ministerio del Interior y otros pasaron la larga tramitación del Instituto de
Previsión y finalmente han podido recibir una pensión. Sin embargo, en el
Ministerio del Interior se desmanteló la oficina de calificaciones, se redujo
de 30 a 3
sus funcionarios, y el Gobierno decidió no cursar aquellas resoluciones que ya
estaban con aprobación y revisar más de 130 mil carpetas de exonerados que
están recibiendo el beneficio, con la posibilidad de eventualmente revocar los
derechos de muchos exonerados”, señaló el senador Tuma.

El diputado Tucapel Jiménez, en tanto, dijo que “tenemos una
tremenda preocupación porque el argumento de esto es que ha habido fraudes.
Nosotros los parlamentarios seremos los primeros en ayudar al Gobierno a
detectar si hay fraude y hacer las denuncias a Contraloría o los tribunales de
justicia porque no queremos que esta ley se eche a perder por personas que han
presentado testimonios o antecedentes falsos. Pero eso no puede ser motivo para
que hoy día esté todo el proceso detenido”.

“Hay gente que lleva esperando años y años y desde marzo no
han calificado a nadie. Se ha desmantelado el programa y todo pasa ahora por
una persona, el subsecretario Rodrigo Ubilla. Con esto se está sentenciando a
las personas que están a la espera, porque van a morir sin recibir el
beneficio”, indicó el diputado.

El parlamentario llamó al Gobierno a aclarar esta situación
y anunció que pedirá la comparecencia del Subsecretario del Interior a la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara
de Diputados para que dé una explicación.

“Esperamos que esto sea sólo un impasse y el Gobierno le dé
la prioridad a estas personas que están años y años a la espera de recibir un
beneficio por un daño que el propio Estado les causó”, recalcó Jiménez.

En tanto, la secretaria general del Comando de Exonerados de
Chile A.G., Zaida Araya, dijo que se han reunido con los subsecretarios de
Interior y de Previsión Social sin obtener una respuesta satisfactoria. Aseguró
que no avalan a quienes han reclamado la pensión con antecedentes fraudulentos
y respaldan que ello sea denunciado ante los tribunales pero enfatizó que eso
no puede dar lugar a una “caza de brujas” ni que se les meta a todos “en el
mismo saco”.

La dirigenta precisó que 1.700 resoluciones de pensiones
reparatorias que estaban listas para cursarse se encuentran paralizadas porque
se decidió revisar uno a uno los expedientes para su recalificación, mientras
que otras 15 mil solicitudes esperan trámite porque las personas de la oficina
de calificación son inexpertas.

“A los exonerados políticos este beneficio les corresponde
por ley y por justicia así que estamos preparando una movilización nacional e
internacional, para que sepan que a pesar de nuestra edad somos capaces de
defender lo que en justicia merecemos y no vamos a aceptar que nos venga a
pisotear”, expresó la vocera.

Publicado el 08 de octubre del 2010

 *Fuente: Cámara