Caso bombas: «Comparar las casas okupas con terrorismo significa no conocer la realidad social»

La defensa de 9 de los imputados del llamado "Caso bombas"
está en manos de la
Defensoría Popular, cuyo objetivo es la defensa legal de los
luchadores sociales que son víctimas de la criminalización del Estado. Su
Director Ejecutivo es el abogado Rodrigo Román.

Discrecional e ilegalmente, el 23 de septiembre gendarmería
trasladó de la Cárcel
de Alta Seguridad (CAS) a Santiago 1
a cuatro de los aprehendidos, producto de lo cual
comenzaron una huelga de hambre. Sólo después de las gestiones de sus abogados
fueron reingresados el 1 de octubre a la CAS.

Rodrigo Román ofreció 
los detalles del caso.

¿Cuáles argumentos
esgrimieron para que los jóvenes fueran trasladados de nuevo junto a los demás
imputados?
"Lo que nosotros alegamos es que el contacto criminógeno de
Santiago 1 hace peligrar la integridad física y psíquica de estas personas. En
todo caso, el régimen en el que se encuentran en la CAS es tremendo. Tienen 2
horas de patio y 22 de horas de encierro. El tribunal ordenó el retorno a la CAS de los cuatro imputados y
eso produjo el fin de la huelga de hambre. Es decir acogió la solicitud de la
defensa. Hay que considerar que la medida fue tomada inconsultamente por
gendarmería."

EL FISCAL PEÑA
¿Cómo se han
desarrollado los procedimientos legales?
"Ha habido una dilación exagerada por parte del 11 Juzgado
para resolver las peticiones de la defensa. Al respecto hoy está pendiente el
debate relativo a cuál es el juez de garantía competente para conocer esta
investigación, sin perjuicio de que la investigación la lleva el Ministerio
Público. Según el Ministerio Público, sobre datos entregados por el Ministerio
del Interior, los bombazos comienzan a sucederse en el 2005. A la fecha habrían
ocurrido más de 100 en distintas comunas de Santiago. La investigación durante
varios años estuvo en manos del fiscal Armendáriz y particularmente de
Francisco Jacir, fiscal destacado para esta tarea de la Fiscalía Oriente.
Sorpresivamente, hace  tres meses supimos
que se entregó el caso al Fiscal Alejandro Peña."

¿En qué redundó el
cambio de fiscal?
"En menos de dos meses, Peña, supuestamente, hizo lo que en
cuatro años no pudieron hacer Armendáriz y Jacir, lo cual, entre otras cosas,
considero una falta de respeto a la dignidad profesional de los fiscales. Peña
es especialista en desbaratar bandas de narcotraficantes. Pero lo que no
entiende es que los traficantes son distintos a 
muchachos libertarios de casa okupa.

En dos meses, el fiscal Peña, configura aparentemente la existencia de la Asociación Ilícita
Terrorista, que es un delito, y la colocación de artefactos explosivos, que es
otro. Por esas dos situaciones los muchachos son formalizados. Y rápidamente
Peña ubica el caso en el 11 Juzgado de San Miguel, toda vez que estaba en el 8
Juzgado de Garantía. Esto violenta  el
derecho del debido proceso, y el derecho al juez natural o competente y no
otro. Esto se resolverá recién el 7 de octubre, 40 días después de nuestra
solicitud, lo que implica que los imputados se quedan encerrados más tiempo.
Nosotros estimamos que lo que corresponde es que el 11 Juzgado se declare
incompetente."

 ¿Qué es lo que hace
el Fiscal Peña en dos meses?
"Lo sorprendente es que Peña dice haber descubierto la
existencia de ciertos componentes de uso exclusivamente militar, como TNT, RDX.
Lo curioso es que se habrían hallado sólo trazas de TNT. No se ha encontrado ni
un gramo de TNT."

LOS FUNDAMENTOS
PEREGRINOS
¿Cómo transcurre el
proceso?
"Los 14 imputados refieren absoluta inocencia respecto del
delito de colocación de explosivos. Sobre el delito más rimbombante, pintoresco
y pirotécnico, la
Asociación Ilícita Terrorista, esa pretensión punitiva del
Ministerio Público no llega ni a la vuelta de la esquina. Por lo menos en un
tribunal oral en lo penal. Porque no concurren los presupuestos establecidos
por el Legislador para que se configure el delito."

¿Cuáles son los
fundamentos de Peña?
"El fiscal argumenta que las casas okupa  no son tales, sino "centros de poder".
Entonces si no es posible configurar el delito, obviamente no hay participación
de los imputados en él. Lo que sí es una ignorancia inexcusable es decir que
las casas okupas son fachadas de "centros de poder". Homologar las casas okupas
con terrorismo significa no conocer la realidad social actual."

EL PORVENIR DEL CASO
¿Han tenido problemas como defensa durante el
proceso?
"Hemos tenido muchas dificultades. Ya ha pasado un mes y
medio y la defensa no tenemos copia integra y completa de la carpeta de
investigación. El principio de igualdad de armas ha sido afectado y es
inaceptable. Bajo el argumento de que todavía se están digitalizando. Y ya han
pasado 50 días. De hecho, nos hemos noticiado más a través de El Mercurio y La Tercera."

¿Cuánto tiempo para
investigar tiene el Ministerio Público?
"El plazo de investigación es de 6 meses, aunque puede
llegar hasta dos años. Sin embargo, ello no quiere decir que los muchachos
tienen que estar privados de libertad todo ese tiempo. Apenas terminemos el
trámite correspondiente a la competencia, comenzaremos la defensa estricta para
que los jóvenes puedan optar a la libertad, sin perjuicio de ir preparando el
camino para el juicio oral donde se resuelven los temas de fondo."

¿Cómo calificarías la
defensa de los prisioneros?
"Nosotros vamos por buen camino. Yo creo que ganaremos sobre
la pretensión punitiva del Ministerio Público que ha demostrado su total falta
de independencia, autonomía, y objetividad. El Ministerio Público ha sido
influenciado por el poder político. Es decir, existe una estrecha relación con
el momento político actual. Ahora, para nosotros el Ministerio Público está
excusado porque en Derecho nadie está obligado a lo imposible, y es imposible
que demuestren la
Asociación Ilícita Terrorista. Y si la justicia no hace eco
de las presiones políticas y se comporta como un tribunal de Derecho conforme a
la ley y al Código Penal, no pueden sino absolver a nuestros representados."