Vía redes sociales se viralizó este jueves el hashtag #RemocionJuezUrrutia, con mensajes contra el titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien cuestionó el “copamiento preventivo” en Plaza Italia y validó el derecho a la libertad de reunión. En respuesta, la Organización Mundial Contra la Tortura condenó “de forma enérgica la persecución en contra del juez Daniel Urrutia ya que todos estos actos parecen tratar de deslegitimar sus actividades en defensa de los derechos humanos”, mientras organizaciones nacionales e internacionales activaron una campaña en la que exigen al Estado chileno garantizar la vida e integridad física del magistrado.
De hecho, ayer, vía redes sociales se activó una campaña con el hashtag #RemocionJuezUrrutia, con mensajes acusando al magistrado de ser un “activista encubierto” y un “lacayo de la zurdería”. Así quedó graficado en los tuits de dirigentes como el exdiputado Rojo Edwards (exRN, hoy integrante del Partido Republicano de José Antonio Kast), quien criticó al magistrado de “activismo judicial”, mientras el exdiputado UDI Gustavo Hasbún dijo que Urrutia “es una vergüenza para el Poder Judicial”.
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A raíz de estos mensajes de odio en redes sociales, que se suma a una denuncia por presunto espionaje que el magistrado interpuso ante la Fiscalía Centro Norte, una serie de organizaciones nacionales e internacionales activaron una campaña en la que exigen al Estado Chileno garantizar la vida e integridad física del juez Urrutia. A la fecha, al menos 2.739 personas de diversas partes del mundo han firmado la exigencia del cese de las agresiones contra el juez Urrutia, a través de la plataforma Change.org.
“Cabe recordar que el juez Urrutia, ha mostrado una actitud proactiva en la defensa de los derechos humanos en su actividad como operador de justicia, a través de decisiones basadas en un enfoque de derechos humanos en cuestiones como el derecho de voto de personas en prisión preventiva, derechos de adolescentes en internación provisoria o el derecho a la protesta social, entre otros”, señala la declaración de estas organizaciones.
A su turno, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH también condenó “de forma enérgica la persecución en contra del juez Daniel Urrutia ya que todos estos actos parecen tratar de deslegitimar sus actividades en defensa de los derechos humanos como operador de justicia”.
“Entre los mensajes publicados aparecen llamamientos a que se produzca la desaparición del Sr. Urrutia y un grupo de extrema derecha ha hecho un llamamiento a “ponerlo en lista de espera”, advirtieron.
La entidad pidió además “llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los actos de intimidación, amenaza, vigilancia y posible espionaje a sus comunicaciones”; “asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, para todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Chile, así como de los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura para todos los operadores de justicia del país”; y “de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile”.
Desde las filas de la oposición también hubo voces en apoyo al juez Urrutia, como las del diputado humanista Tomás Hirsch, quien señaló en Twitter: “Derecha desesperada pidiendo #RemocionJuezUrrutia xq acogió recurso contra orden del Intendente @FelipeGuevaraSt q pretendía impedir derecho constitucional a reunirse y manifestarse. Menos les va a gustar cuando ese patrón de fundo sea destituido x nuestra acusación constitucional”.
Desde el mundo académico, el abogado de la Universidad de Chile, Claudio Nash, también expresó su solidaridad con el juez Urrutia. “En una democracia es fundamental contar con un poder judicial independiente y capaz de poner límites efectivos a los abusos de las autoridades. Esa es la mejor versión del Estado de Derecho. La campaña #RemocionJuezUrrutia es lamentable”, escribió.
La trayectoria del juez
La figura del juez Urrutia volvió a cobrar relevancia sobre todo luego de su resolución del pasado martes 31 de diciembre cuando defendió a la reunión y calificó de ilegal la posición esgrimida por el intendente Guevara de que las manifestaciones deben ser autorizadas, porque eso va en contra de la Constitución y de lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
La resolución de Daniel Urrutia se produce en el marco de la investigación por la detención de Juan Yantén, que el magistrado declaró ilegal el pasado 23 de diciembre, ya que a su juicio se vulneraron sus garantías constitucionales. Además, exigió explicaciones a la Intendencia Metropolitana y a la Tercera Comisaría de Santiago de Carabineros respecto a por qué “interrumpen y niegan el derecho de manifestación del imputado”.
En las semanas anteriores, el magistrado ya había contravenido las disposiciones del Gobierno al declarar inadmisible la querella por Ley de Seguridad del Interior del Estado que la Intendencia Metropolitana presentó en contra de Dauno Tótoro, acusado de “incitar al odio”. Y apenas días después del “estallido social”, Urrutia dio una entrevista al medio alemán Deutsche Welle, donde aseguró que en Chile existen violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos.
Pero esta no es la primera vez que se acusa un hostigamiento al magistrado. Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Santiago impuso en su contra siete investigaciones disciplinarias y una petición de traslado en virtud de actuaciones jurisdiccionales, tres de las cuales aún están pendientes de resolución desde 2015. Además, el caso de Urrutia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ésta lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que en 2005 la Corte Suprema dictara en su contra una sanción disciplinaria debido a que en su tesis de postgrado criticó la actuación del máximo tribunal durante la dictadura militar.
*Fuente: El Mostrador
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