El pasado que incomoda al director de la Policía de Investigaciones

A juzgar por su currículo laboral, la carrera que realmente importa de Arturo Herrera Verdugo parece haber arrancado recién a comienzos de los ‘90. Desde entonces sus actividades aparecen perfectamente detalladas en el portal institucional, año por año, misión por misión. De los años previos al retorno de la democracia, el director de la Policía de Investigaciones consigna únicamente que ingresó a la institución en marzo de 1971, con 19 años, y que a partir de entonces, sin señalar fechas ni funciones específicas, “ha servido en diferentes zonas del país y en importantes reparticiones policiales, tales como: Extranjería, Inteligencia, Homicidios, Dirección General, entre otras”.

Con casi 37 años de servicio, cinco y medio de los cuales ha dirigido a la Policía civil, la trayectoria de Herrera Verdugo tiene bastantes más claroscuros y matices de los oficiales y de los que sugirió hace una semana el Presidente venezolano.
Basándose en lo que calificó como simple información disponible en Internet, Hugo Chávez acusó al jefe de la policía chilena de estar involucrado en la operación “Retiro de Televisores”, ordenada por Pinochet en 1979 después del descubrimiento un año antes de los cuerpos de desaparecidos enterrados en los hornos de Lonquén. La operación estaba destinada a exhumar los restos de ejecutados políticos en todo el país para lanzarlos al mar y así borrar toda huella de sus asesinatos.

Chávez aludió a la supuesta intervención que habría tenido Herrera para beneficiar en 2005 al entonces jefe de la II división de Ejército y juez militar de Santiago, general Miguel Trincado Araneda, quien en un informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de Investigaciones fue señalado como el responsable de la exhumación ilegal de 26 de los cadáveres de los desaparecidos de Calama, enterrados secretamente en 1973. El hecho trascendió a la opinión pública y provocó el retiro obligado del general Trincado.

Lo que está claro es que, a partir del golpe de Estado, recién egresado de la Escuela de Investigaciones, el actual jefe de la policía civil desarrolló una carrera silenciosa y de bajo perfil, ligada directamente a los dos generales de Ejército que encabezaron la institución bajo el régimen militar. En un principio fue escolta y ayudante del general (r) Ernesto Baeza, y a contar de 1981, cuando éste debió entregar el mando por el asesinato del estudiante de periodismo José Eduardo Jara a manos de un comando de detectives (Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA), se convirtió en ayudante y hombre de confianza del general (r) Fernando Paredes.

Ambas administraciones estuvieron marcadas por acusaciones de torturas, asesinatos y obstrucción a la justicia en casos de derechos humanos.

Pese a haber desarrollado casi la mitad de su carrera en dictadura, ninguna de esas funciones se consigna en la trayectoria del hombre que hoy ostenta la jefatura interina de Interpol y que aspira a ser confirmado definitivamente en el cargo en la elección que se llevará a cabo en octubre de este año en San Petersburgo, Rusia.

La amenaza de Iturriaga
Ahora fue Hugo Chávez quien reactivó la curiosidad por el pasado de Herrera. Pero hace un año, cuando el ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se dio a la fuga para evitar ingresar a la cárcel y cumplir una condena a 5 años por el secuestro del estudiante Luis San Martín, aún desaparecido, detectives antiguos –activos y en retiro- recordaron con preocupación la relación del prófugo con el actual director de Investigaciones.

Una relación que el propio Iturriaga Neumann se encargó de recordar 52 días después de darse a la fuga. Al ser detenido en Viña del Mar por un grupo de detectives, el retirado militar comentó a sus captores: “Yo conozco bien a su jefe”.

Iturriaga Neumann se refería a una relación surgida tres décadas atrás cuando poco después del golpe de Estado, y siendo ya un alto oficial de la DINA, comenzó a viajar al extranjero en misiones de terrorismo internacional. Muchas veces lo hizo con Michael Townley, como quedó acreditado en el juicio por el asesinato del general Prats. Y en múltiples oportunidades lo hizo con pasaporte falso, identidades que también quedaron registradas en su prontuario. También quedó consignado el modus operandi que utilizaba Iturriaga, que ya dirigía el Departamento Exterior de la DINA, tanto para sus viajes como para el de los agentes que enviaba al exterior con distintas misiones.

“Gigio (sobrenombre de Iturriaga) llamaba por teléfono a la dirección general de Investigaciones y partía con su gente al aeropuerto. Allá ya todo estaba arreglado. A medida que los viajes se hicieron más frecuentes, los policías del aeropuerto ya nos conocían”, dijo Michael Townley en una de sus declaraciones.

Fue entonces que el joven Arturo Herrera, destinado a Policía Internacional desde 1973, comenzó a familiarizarse con Iturriaga y los desplazamientos de los agentes de la DINA así como con las detenciones practicadas en el mismo terminal internacional y de las cuales no quedaba registro.

Puesto de confianza
A juzgar por cómo continuó su carrera el joven Arturo Herrera, su desempeño en el Departamento de Extranjería a principios de la dictadura debe haber sido óptimo. Porque en 1976 fue promovido a un puesto de absoluta confianza: al gabinete del director de Investigaciones de la época, general de Ejército Ernesto Baeza Michaelsen.

Fue el año en que la DINA echó a andar la Operación Cóndor, la coordinación con los servicios represivos de las dictaduras del Cono Sur para la eliminación de opositores. También, el momento en que Manuel Contreras incrementó el despliegue de sus agentes por distintos países, ya sea para el seguimiento de opositores o para su eliminación, como ocurrió con el asesinato de Orlando Letelier en Washington, en septiembre de 1976.

De allí que surgiera como una necesidad prioritaria para el Departamento Exterior de la DINA una estrecha coordinación con Investigaciones para que sus agentes no fueran interceptados ni retenidos al salir o entrar del aeropuerto con identidades falsas. También, para que no quedara huella de sus pasos.

En 1976, en la fase operativa más importante de la DINA, Manuel Contreras escogió a uno de sus oficiales de elite para la función de enlace con la dirección de Investigaciones: Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. El mismo oficial procesado como autor del asesinato del general Carlos Prats en Buenos Aires y por la desaparición de 119 chilenos detenidos en Chile y hechos aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el extranjero, entre otros.

Iturriaga, oficial formado en la Escuela de las Américas, era la mejor carta: estaba casado con Mireya, la hija regalona del general Baeza, director de Investigaciones. Una de sus funciones mas delicadas la cumplió entre enero y abril de 1978, cuando Estados Unidos pidió la extradición de Michael Townley por su implicancia en el crimen de Orlando Letelier, y Manuel Contreras se resistía a entregarlo. Iturriaga era amigo de Townley y obtuvo la ayuda de Investigaciones para esconderlo y ayudarlo hasta que finalmente, en abril de 1978, ya no pudo evitar su expulsión.
En muchas oportunidades su interlocutor en el gabinete de Baeza fue Arturo Herrera.

Ayudante del general Paredes
El actual jefe de la policía chilena no asistió a la caída del general Baeza. En 1978, dos años antes de que éste fuera arrastrado por la muerte del estudiante José Eduardo Jara, Herrera fue destinado a la comisaría de Las Condes. Fue una destinación feliz. Allá conoció a quienes se convertirían en dos de sus principales amigos y hombres de confianza: Luis Alarcón y Rafael Castillo.

El primero es hoy subdirector Administrativo de Investigaciones y tercero en la línea de mando; el segundo fue hasta el año pasado jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos. Lo ocurrido con el general Trincado terminó con la amistad entre ambos policías, que llegarían a tener una relación de compadrazgo y destinos encontrados: a Castillo le corresponderá investigar un caso en que Herrera se vería involucrado de manera indirecta a principios de los ‘80, cuando estando en la Brigada de Homicidios fue llamado nuevamente al centro del poder de la policía civil como ayudante del general de Ejército Fernando Paredes, sucesor de Baeza en la dirección de Investigaciones.

Durante el desarrollo de la última etapa en la investigación judicial del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, asesinado por un comando CNI-DINE en febrero de 1982, quedó en evidencia –con pruebas documentales- la estrecha colaboración y coordinación entre la Policía de Investigaciones, la CNI, la DINE y el equipo antisubversivo del régimen militar encabezado por el fiscal Fernando Torres Silva en lo que se llamó la “Comunidad de Inteligencia”. Una acción enfocada tanto a la obstaculización de la acción de la justicia en los procesos sobre asesinatos y tortura de opositores como para acciones represivas.

En una maniobra claramente ilícita –sancionada en el artículo 246 del Código Penal-, el entonces director de Investigaciones informaba a sus pares, antes que al juez que llevaba la causa, de los resultados de las diligencias que obtenían los detectives asignados a la investigación como también de las pruebas que aportaba la parte querellante.

La acción buscaba impedir a como diera lugar que la investigación avanzara en la identificación de los verdaderos autores del crimen de Jiménez así como del asesinato del carpintero Juan Alegría, ideado y perpetrado por agentes de la DINE para intentar sepultar sus huellas a través de una supuesta carta póstuma en donde Alegría se declaraba culpable del crimen de Jiménez.

En una de esas minutas “confidenciales” que la investigación judicial de los ’90 pudo recuperar, enviada desde la ayudantía del despacho del director Paredes, donde actuaba Arturo Herrera, se adjuntan dos retratos hablados de los asesinos y fotografías de la huella dactilar revelada en la parte interna de la aletilla de una puerta del automóvil de Jiménez y reloj marca Jaeger Le–Coultre, sustraído a la víctima e identificado con el Nº 882747.

La minuta, así como otras similares incluidas en el expediente por el crimen de Tucapel Jiménez (foja 333 del Tomo VI), va dirigida a todos los jefes de la que llamaron “Comunidad de Inteligencia”, integrada entonces por el general Humberto Gordon, director de la CNI; el general Arturo Alvarez Scoglia, director de Inteligencia del Ejército; el vice-Almirante Ronald Mac-Intyre, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; el general Vicente Rodríguez, director de Inteligencia de la Fuerza Aérea; el general Mario Mac-Kay, subdirector de Carabineros, y el comandante Raúl Monsalve, director del Servicio de Inteligencia Naval.

Los mismos antecedentes fueron entregados mucho después al juez que instruía la causa, Sergio Valenzuela Patiño, en un parte oficial fechado el 12 de abril de 1984. La investigación judicial reveló también la llamada “Operación Prueba”, para el conocimiento de todos los elementos del proceso, lo que incluyó seguimientos al ministro en visita extraordinaria, intervención de sus teléfonos y acceso permanente al expediente.

El ilícito en que incurrió Paredes como quienes lo ayudaron en el envío de esos antecedentes a quienes aparecían como sospechosos del crimen no fue sancionado en virtud de la prescripción.

La misma estrecha colaboración operativa y de obstaculización a la justicia entre Investigaciones y la CNI quedó demostrada en el juicio por el asesinato de 12 personas en la llamada “Operación Albania”.

La buena vida en Papudo
La función de ayudante del director era motivo de envidia al interior de la institución. Aparte de comodidades y estatus con que contaban los asistentes de Paredes, éstos no habituaban cumplir turnos ni tareas operativas. Para los tiempos que se vivían, intensos en materia de lucha antisubversiva, no era poca cosa. Pero si Herrera ya podía sentirse afortunado, a mediados de los ’80, después de su paso por la Jefatura de Inteligencia Policial, recibió una designación que significó un premio aún mayor, además de una muestra de confianza excepcional. Paredes le confió la jefatura del nuevo cuartel policial de Papudo.

Según coinciden diversas fuentes, el cuartel de Papudo fue abierto por Paredes por una razón muy personal. Aparte de que su hermano Julio era alcalde designado del balneario, el propio director de la policía civil tenía una casa de descanso en ese lugar. De hecho, el cuartel fue levantado frente a la casa de Fernando Paredes, quien al tiempo de la apertura del cuartel gestionó la construcción de cabañas para el descanso del personal.

En Papudo había poco y nada que hacer en materia estrictamente policial. De acuerdo con las mismas fuentes, la tarea de Herrera y la decena de hombres asignados al cuartel –sin contar cocineros y jardineros- consistía en cuidar y mantener la casa del jefe policial, además de atenderlo en sus habituales visitas de fin de semana. En esos días era común que Paredes coincidiera en Papudo con el jefe de la Brigada Investigadora de Asaltos, Sergio ‘Chueco’ Oviedo, que tenía familiares en la zona y una panadería de nombre “Su Majestad”, y con el comandante de la cuartel Borgoño de la CNI, Álvaro Corbalán, visitante frecuente del club de yates del lugar.

Fue en Papudo que Arturo Herrera cultivó una amistad con Fernando Paredes, la que se mantiene hasta hoy. Las visitas familiares entre ambos aún son frecuentes. Es probable que Herrera no olvide que quien le enseñó a jugar golf fue el propio Paredes, un deporte que le abrió las puertas de Cachagua y que le ha permitido practicarlo con empresarios y celebridades como el padre del ‘Chino’ Ríos.

La vuelta de mano no se hizo esperar
Herrera fue el primer jefe de Investigaciones designado en democracia que facilitó el retorno del ex general a los actos oficiales de la institución. Atendiendo a sus oscuros antecedentes –que se arrastran desde que estuvo al mando de la Escuela de Caballería de Quillota en 1973, donde ocurrieron ejecuciones políticas-, tanto Horacio Toro como Nelson Mery prefirieron apartarlo del protocolo institucional.

Hubo un segundo gesto de Herrera hacia Paredes. En febrero del año pasado el actual jefe policial reabrió el cuartel de Papudo, que había sido cerrado en la administración Toro. En la decisión pudo haber influido un hecho personal: tras su designación, Herrera compró un departamento en Papudo que aún conserva.

El manto de la Masonería
Tras el fin del gobierno militar, Arturo Herrera ascendió en una carrera académica sin sobresaltos. A fines de los ’80, como vivía en La Florida e ingresó al Instituto Superior para optar al grado de subprefecto, fue destinado en media jornada a la comisaría de esa comuna. Después seguiría en cargos académicos hasta que, en 1997, fue designado director de la Escuela de Investigaciones y tres años después quedó al frente de la Academia Superior de Estudios Policiales, ASEPOL. Ambas designaciones fueron interpretadas como una jugada que Nelson Mery, ex director de la policía, ejecutó para preparar el ascenso de su sucesor a la dirección, lo que obligó al retiro de los siete mandos que lo antecedían. Ambos compartían filiación en la Masonería.

Arturo Herrera pertenece a la Logia “Lealtad Nª 156″. Fue allí donde hizo amistad con el abogado Andrés de la Maza, esposo de la ministra Gloria Ana Chevesich, fallecido en 2004. Una relación que le provocó más de un llamado de atención desde La Moneda en tiempos de Ricardo Lagos, cuando se supo de reuniones que ambos sostenían en el momento más álgido del proceso por las irregularidades en el ministerio de Obras Públicas.

Cuando Herrera llegaba a la reunión del grupo en la casa de la Masonería de calle Marcoleta, dejaba sus presillas y reconocía el liderazgo de Andrés de la Maza. El ex esposo de la jueza Chevesich ostentaba el grado de maestro y era secretario de la Logia.

La masonería ha seguido gravitando en el alto mando de Investigaciones. Los dos subdirectores de la institución, René Castellón y Luis Alarcón Adrián (segundo y tercero en el mando) son también masones. Pero no solo comparten ese lazo férreo y secreto. También una historia en común.

Castellón perteneció a la Brigada Especial, la fuerza de elite que Fernando Paredes creó en 1982 para combatir la “amenaza subversiva” y cuidar de la seguridad personal del director y su familia. En esos mismos años duros Alarcón formó parte de la Brigada Investigadora de Asaltos, BIA, la otra fuerza creada para ayudar al combate a la subversión, en estrecho contacto con la CNI. Desde entonces Alarcón es cercano al ‘Chueco’ Oviedo, ex jefe de la BIA a quien le DEA acusó de tráfico de cocaína, lo que no fue impedimento para que llegara al tercer mando de la institución en democracia.

Puede que su antigua amistad con Herrera, iniciada en la Comisaría de Las Condes en 1978, justifique el meteórico ascenso de Alarcón. Apenas Herrera llegó la dirección de Investigaciones, lo nombró jefe de gabinete. De allí pasó a la jefatura nacional de Inteligencia y luego a inspector general. Hoy es subdirector administrativo y controla un área tan sensible como las finanzas de Investigaciones. Y todo eso en cinco años.

Las complicidades por el pasado no terminan ahí en el alto mando policial. La cuarta antigüedad, Óscar Gutiérrez, jefe de la Región Policial Metropolitana, integró también la Brigada Especial de Paredes. Lo mismo ocurre con el actual jefe de Inteligencia, prefecto inspector Héctor Puga, quien ha permanecido gran parte de su carrera en esta área, pasando sin contratiempos desde la dictadura a la democracia.

Y en el estratégico cargo de Jefe Nacional de Comunicaciones figura el prefecto Carlos González, quien fuera uno de los escoltas favoritos del general Fernando Paredes.

La influencia de este grupo en el mando es el que ha posibilitado que uno de los detectives vinculado al asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo Jara a manos del Covema, José Marchant, sea hoy instructor del curso especial que creó Arturo Herrera para alumnos que teniendo una carrera profesional han optado por insertarse como oficiales de la policía.

Todo eso es pasado. Para Herrera, que a los 57 años se acerca al fin de su mando, lo único que importa es la elección de presidente de la INTERPOL. Cinco meses lo separan de la meta.

Arturo Herrerra y los derechos humanos
Desde sus primeros pasos en la dirección de la Escuela de Investigaciones, Herrera decidió dictar clases de Ética y también de Derechos Humanos, cursos que sigue impartiendo hasta hoy. Su decisión respecto del segundo curso causó extrañeza entre quienes lo conocen bien. Y es que el caballo de batalla de Herrera ha sido siempre la modernización, en una línea de acción que implicó, desde que asumió la dirección de Investigaciones el 2 de octubre de 2003, reducir a su mínima expresión la dotación y los recursos destinados a terminar las investigaciones judiciales de los crímenes cometidos en dictadura.

Si bien la tarea había sido acotada por su antecesor Nelson Mery a un pequeño equipo de excelencia, su decisión significó desarmar al equipo policial con la mayor experiencia, conocimiento y rigurosidad alcanzado por un país del Cono Sur en la materia una vez terminadas las dictaduras. Y lo hizo en la fase más delicada del proceso, el momento en que los ministros con dedicación exclusiva a juicios de derechos humanos asumían el fin de sus investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrió el secuestro de la víctima, su ejecución y el paradero de restos de desaparecidos así como de los responsables de cada una de esas etapas y de su exhumación ilegal.

Era la etapa final, la de la preparación del cierre de los juicios para dictar los procesamientos. Y en el medio, al menos cuatro juicios en pleno desarrollo y con consecuencias relevantes para los institutos armados y para el país. Esa fue la situación que debieron asumir el ministro Víctor Montiglio, quien lleva el juicio por el secuestro y desaparición de la dirección del Partido Comunista desde la casa de calle Conferencia; el ministro Claudio Pavez, que investigaba la muerte del ex coronel de la DINA, Gerardo Huber, implicado en el hasta ahora no aclarado enriquecimiento ilícito de oficiales de Ejército por la venta de armas al exterior, entre los que se cuenta el tráfico de armas a Croacia; el ministro Alejandro Madrid, con el juicio por el secuestro y muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, y los cinco procesos laterales por asesinato de chilenos con utilización de armas químicas, lo que incluye la investigación de la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva; y el proceso que sigue en Valparaíso la jueza Eliana Quezada por el asesinato del sacerdote Michael Woodward, que por primera vez llevó a prisión a altos oficiales en retiro de la Armada.

La preocupación de Herrera por el desarrollo del juicio en Valparaíso, que constató judicialmente que en el buque escuela Esmeralda efectivamente se torturó, lo que durante 34 años había negado la Armada, podría adjudicarse a la incorporación de su hijo a la Escuela Naval. No así su actitud respecto a la investigación de la verdadera causal de muerte de Frei Montalva.

Este último puede que sea el caso más controversial de todos para la seguridad nacional del país. Y ello, porque además de tener como meta dilucidar si efectivamente se utilizaron armas químicas para provocar su muerte, la investigación del ministro Madrid está develando que durante la dictadura Chile fabricó armas químicas, las vendió al extranjero y urge saber su paradero actual. Fue el propio Pinochet quien firmó un tratado internacional por el cual se comprometió a no fabricar esas armas prohibidas por la ONU.

Aún así, el equipo que trabajaba en el caso se vio reducido a su mínima expresión. Y fue el propio senador Eduardo Frei quien debió apelar a su cooperación en entrevista personal para que las pesquisas no se debilitaran. Cuando el ministro Alejandro Madrid pidió a Uruguay la extradición de los tres militares de ese país vinculados al secuestro y muerte de Berríos, Herrera no ocultó entre su grupo más cercano su rechazo a la decisión del juez y su escepticismo. Y cuando finalmente la Corte Suprema uruguaya aprobó las extradiciones, ocurrió un hecho insólito: Arturo Herrera coordinó directamente con el Ejército el traslado y llegada de los inculpados, pasando por alto al ministro Madrid, quien se enteró por la prensa que los tres uruguayos ya estaban en Chile.

Un segundo hecho cuestionable ocurrió poco después de que el estudio jurídico en el que trabaja el abogado Carlos Castro Vargas asumiera la defensa de los militares uruguayos en la Causa 7.981 del 6º Juzgado del Crimen. Nadie hasta hoy ha representado la incongruencia de que el abogado Castro, contratado por Herrera como asesor jurídico personal e institucional, además de hacer clases en la Escuela Policial, defienda a los tres militares uruguayos procesados por el secuestro y muerte de Eugenio Berríos y cuya complicidad con los mandos de Pinochet en la Operación Cóndor y otras materias de seguridad nacional está comprobada.

De La Florida a Los Dominicos
Poco después asumir la dirección de Investigaciones, Arturo Herrera abandonó su casa de los últimos años en La Florida para trasladarse al barrio alto de Santiago. Lo natural habría sido que habitara la casa institucional en calle Juan de Austria, en Las Condes, la misma que ocupó Nelson Mery durante su gestión. Pero no fue así. El nuevo director prefirió arrendar a costa de la institución una amplia propiedad en Camino del Alba, en Los Dominicos, la que tiene el estatus de cuartel. A lo anterior se sumó la adquisición de dos vehículos institucionales por $ 150 millones. La compra de fines de 2005 fue objetada por Contraloría al no contar con la toma de razón.

No ha sido el único problema que ha tenido el director general de Investigaciones con los autos institucionales.

El menor de sus hijos, el cadete naval Arturo Herrera Riveros, quien practica motocross, chocó una camioneta nueva del cuartel de Lo Barnechea, la cual le fue facilitada para que trasladara su moto de competencia. El director de la policía pagó de su cuenta personal los daños del vehículo fiscal. Herrera Riveros es uno de los cuatro hijos que tiene el director de la policía civil. Su hija menor siguió sus pasos y hoy es subcomisaria en la XI Región.
23 Mayo, 2008.

* Fuente: Ciper