Cada año las brechas existentes en la educación –las mismas que se reflejan en casi todos los ámbitos- se acrecientan, por ejemplo, los resultados de la PSU 2007 lo único que mostraron fue que los pobres en su condición de exclusión han recibido una educación muy deficiente, lo que no ocurre con los estudiantes de altos ingresos. De allí que el sistema de selección universitaria no sea más que el reflejo de la realidad social del país.
En ese mismo contexto, se pueden considerar aspectos como el aporte fiscal indirecto (AFI) que resulta hoy una medida de política pública regresiva, ya que bajo el supuesto de favorecer la excelencia académica, premia a aquellas instituciones de educación superior que acogen a los alumnos de los estratos socioeconómicos más altos, que son aquellos que obtuvieron mejores resultados en la PSU y que provienen, a la vez, de los colegios privados que muestran históricamente los mejores resultados en la prueba SIMCE. Un círculo vicioso, que lleva más de 30 años sin romperse. Basta recordar las demandas de los secundarios de la segunda mitad de los años ochenta que no eran ni más ni menos que las mismas de la semana pasada cuando nuevamente los estudiantes salieron a la calle.
Dos años perdidos de dilatación, donde no se consideraron importantes propuestas y alternativas que en algunos países europeos, aquellos a los que tanto nos gusta imitar, abordan con una cuantiosa inversión pública y un sistema no regresivo de impuestos que representan un porcentaje altísimo del PIB. No nos puede sorprender que los estudiantes vuelvan a salir a las calles para reclamar por algo que se presenta como solucionado, que es la falsa imagen con que se clausuró la revolución pingüina del 2006. Algo muy lejano de la precaria realidad de la educación chilena.
– El autor es economista
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