Corrupción y extractivismos: mutuamente asociados

Los casos de corrupción han proliferado en toda América del Sur, y casi siempre la mayor atención está puesta en los políticos implicados o los grandes volúmenes de dinero manejado. Pero detrás de esas noticias existe una particularidad más que llamativa: buena parte de los casos de corrupción están relacionados directa o indirectamente con los extractivismos minero, petrolero o agrícola. Dicho de otro modo, se observa que allí donde hay aprovechamientos muy intensivos de recursos naturales, con todos sus impactos sociales y ambientales, es mucho más probable que opere la corrupción. Estamos ante una íntima relación entre extractivismos y corrupción, y ese es otro de los aspectos negativos de ese tipo de desarrollo.La evidencia es abrumadora. En Brasil siguen avanzando las investigaciones, con 118 personas detenidas, incluyendo políticos y empresarios destacados, y se estima que desde la petrolera estatal Petrobras y las empresas de construcción se desviaron unos 1 895 millones de dólares. Ecuador no ha escapado a esa problemática, y sigue su marcha la investigación de una extendida red de corrupción vinculada a los negocios de la petrolera estatal Petroecuador, que involucran a gerentes y un ministro. El impacto en los medios de prensa internacionales del hallazgo de sobres con decenas de miles de dólares escondidos en un cielorraso, se igualó con el caso argentino de los bolsos de dinero que se intentaban esconder en un convento. En Venezuela se han indicado casos de corrupción en el sector petrolero y en el minero, sin olvidar que también fue un factor en los asesinatos de meses atrás para controlar yacimientos de minerales en el sur del país. En Argentina prosiguen las indagaciones, que incluyen, por ejemplo, negocios fraudulentos con la importación de gas natural.

En todos los países, en todos los sectores

Una investigación que hemos realizado desde CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), que está en su etapa final, ya permite señalar algunas conclusiones. La primera es que en todos los países sudamericanos se han identificado casos de corrupción que envuelven a los extractivismos. No se han salvado ni siquiera las dos naciones que exhibían los mejores registros de transparencia ante la corrupción, que son Chile y Uruguay.

En el primer país se sufren varios casos. Por ejemplo, en el sector minero, la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), enviaba dinero a legisladores por medio de consultorías ficticias, y con ello, entre otras cosas, logró que se votara una reforma tributaria que le fue ventajosa. El caso SQM es impactante por su duración en el tiempo y por haber involucrado a todos los partidos presentes en el parlamento. En el sector pesquero, la empresa Corpesca también logró ventajas gracias a pagos a legisladores y hay un proceso legal por corrupción y fraude en marcha. En Uruguay, aunque los casos investigados son de una escala mucho menor, de todos modos son significativos. Su petrolera estatal, ANCAP, está siendo investigada por sobrecostos, y ya se han confirmado casos de corrupción en su sector de minería de calizas.

La segunda, es que se han encontrado casos de corrupción para todas las variedades de extractivismo: minero, petrolero, forestal, agrícola y pesquero. En los dos primeros tipos son frecuentes situaciones que involucran corrupción en el acceso a áreas de exploración o explotación, tráfico de influencias para obtener ventajas tributarias, sobrecostos de operación o triangulación con otras empresas para captar dinero, ocultamiento de los impactos sociales y ambientales, cobertura a los que criminalizan o agreden a las comunidades locales, etc. Situaciones similares se repiten con los permisos forestales o pesqueros.

En la agricultura intensiva se repiten problemas parecidos con el acceso a las tierras y los permisos de deforestación, la cobertura dada a mafias que están involucradas en el tráfico ilegal de madera, o las redes que ocultan o impiden investigar o sancionar la contaminación por agroquímicos.

Un tercer aspecto es que la corrupción está presente bajo muy distintos regímenes de propiedad en el acceso y extracción de los recursos naturales. Nos encontramos, otra vez, con grandes empresas extranjeras envueltas en el pago de sobornos u otros hechos similares, pero lo mismo aparece en empresas mixtas estales – privadas (como Petrobras de Brasil) o estatales (como PDVSA de Venezuela o PetroEcuador en Ecuador, y que en ambos casos fueron admitidas por los propios gobiernos). La esperanza que las empresas nacionales, controladas por el Estado, fueran inmunes a la corrupción extractivista se ha derrumbado.

Recordemos aquí que el concepto de extractivismo no es exactamente un sinónimo, por ejemplo de minería o agricultura. En efecto, esa idea se refiere a los casos particulares de apropiación de recursos naturales pero en grandes volúmenes o por procedimientos intensivos de altos impactos ambientales, para exportarlos como materias primas. Se alude a casos específicos como la megaminería a cielo abierto, las perforaciones de gran profundidad de las petroleras, el fracking, o los monocultivos de transgénicos.

Precisemos también que estas conclusiones y las que siguen, no quieren decir que todos los emprendimientos extractivistas estén envueltos en corrupciones. Sin duda hay muchos casos donde eso no se ha podido demostrar. Lo que aquí se pone en evidencia son tendencias sectoriales al quedar en claro que no hay ninguna forma de este tipo de apropiaciones de los recursos naturales que sea más inmune al dinero que fluye desde la corrupción.

Contextos políticos y sociales

Un cuarto aspecto es que la actual corrupción extractivista mantiene esos conocidos componentes de algunas personas ambiciosas que desean llenar sus bolsillos. Pero a ello se suma su papel como vía de financiación de partidos políticos, como muestran por ejemplo distintos casos en Bolivia y Brasil con los partidos políticos gobernantes, y en Chile, con casi todos los partidos que tenían representación parlamentaria. El caso chileno con SQM involucró a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros en el gobierno Piñera, y siete partidos políticos recibían sus dineros. De esta manera, el sistema político queda comprometido por esa corrupción ya que ella cumple un papel de proveedora de dineros especialmente para las campañas de publicidad, actos y otros apoyos partidarios similares.

A su vez, los promotores de proyectos mineros apelan a ella para implantar o proteger sus actividades. Encuentran allí una de las pocas vías para forzar aprobaciones, asegurarse concesiones, impedir controles efectivos u ocultar irregularidades diversas, desde derrames a la criminalización de comunidades locales.

Una quinta particularidad es que esta asociación entre extractivismos y corrupción afecta a todo tipo de actores, tal como surge de sistematizar los participantes en todos los casos conocidos. Nadie está a salvo. Es evidente que están involucrados políticos y empresarios, y con ellos de funcionarios estatales, personas en el poder judicial, policías y militares, e incluso consultores. Además hay situaciones con la participación de periodistas, por ejemplo cayendo en criminalizar la protesta local ante la megaminería (como ocurrió alrededor del proyecto megaminero Tía María en Perú).

Pero la corrupción también ha alcanzado a organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser líderes locales, o grupos campesinos o indígenas. En Perú sigue presente en la memoria los reportes periodísticos sobre las “lentejas” (un eufemismo para dólares) que un dirigente local pedía a cambio de detener una protesta ciudadana.

Sin embargo es más alarmante, y tal vez más triste, la situación que involucra a líderes indígenas en Bolivia que manejaban un fondo que se nutría de los impuestos sobre los hidrocarburos. Un reporte que se acaba de presentar afirma que el daño para el Estado es de aproximadamente 78 millones de dólares (el presidente Evo Morales lo ha estimado en el pasado en unos 2 millones de dólares). No estamos frente a empresarios o políticos envueltos en la corrupción, sino ante líderes de base, representantes de organizaciones indígenas y campesinas, que quedaron atrapados en esas redes.

Esta es una de las conclusiones más graves de nuestra investigación. La corrupción de los extractivismos también está erosionando algunas organizaciones de la sociedad civil. Son tan enormes las cantidades de dinero alrededor de proyectos extractivistas y tan pobres muchas de las comunidades que viven allí donde están esos recursos naturales, que se crean abismales asimetrías de poder. Las expectativas de remontar la pobreza local, por cierto muy comprensibles en muchos casos, pero también las miserias humanas, hacen que poco a poco penetre la racionalidad del mercado, y con ella la corrupción.

Los extractivismos dejan también en claro la diversidad de expresiones en la corrupción. Usualmente se la concibe como sobornos o dádivas de algún tipo para conseguir una ventaja. Pero en realidad el concepto de corrupción es más amplio ya que se refiere a los casos donde se recibe una contrapartida, que puede ser en dinero como en otras formas (por ejemplo, conseguir un cargo en el gobierno o en una empresa), y que explica actos ilegítimos que se apartan de las normas, que por lo tanto son ilegales o alegales. La ilegalidad implica violaciones del marco legal, como pueden ser leyes o decretos; la alegalidad se refiere a hacer trampas aprovechando los huecos que hay en nuestra legislación para obtener ventajas que claramente son contrarias al espíritu de las normas. Posiblemente las alegalidades más conocidas sean las trampas tributarias que hacen las empresas extractivistas para reducir los pagos de impuestos (como se ha demostrado en Perú, Chile y Colombia).

Esto desemboca en muy distintas formas de corrupción, y una vez más, en todas ellas se pueden observar casos asociados a los extractivismos. Se pueden señalar al cohecho, por ejemplo cuando un funcionario público modifica un juicio para conceder una explotación minera o petrolera, el tráfico de influencias para esconder las denuncias de impactos sociales o ambientales, la prevaricación que ocurre cuando una autoridad judicial dicta una resolución arbitraria, ilegal o incorrecta, a sabiendas de ello y con la finalidad, pongamos por caso, entorpecer la investigación de la represión a comunidades locales. Tampoco puede olvidarse que son conocidas las circunstancias donde es mucha gente la que sabe de la corrupción que envuelve a un emprendimiento extractivista, y nada hace ni dice, y con ello contribuye a una densa red de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Conclusiones: Una íntima asociación

Se llega así a una inevitable conclusión: la corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima asociación entre extractivismos y corrupción.

Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las comunidades locales.

Paralelamente, distintos conjuntos de actores dentro del Estado y los partidos políticos precisan de la corrupción por diversas razones personales, pero también como fuente de financiamiento para un cierto modo de hacer política. Es una política que se basa en masivas campañas de publicidad, actos callejeros donde los participantes reciben dinero o comida, o que apela a pagar por favores. Como los extractivismos manejan enormes sumas de dinero, son una de las más apetitosas vías para alimentar las redes de corrupción.

Por todas estas razones, a los conocidos argumentos de construir alternativas a la dependencia extractivista para erradicar sus impactos sociales y ambientales, se suma ahora la lucha contra la corrupción. La recuperación de una política que sirva a los ciudadanos y el ambiente es imposible con esta penetración de la corrupción, y por eso mismo, es también incompatible con los extractivismos.

E. Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social); se lo puede seguir en twitter: @EGudynas. Adelantos de este artículo se publicaron en El Ciudadano (Chile), en Plan V (Ecuador) y en la columna Postdesarrollo del autor en La Mula (Perú).

*Fuente: Ambiental