Declaración sobre canallesca respuesta del Ministro del Interior a petitorio de ex-prisioneros políticos

DECLARACIÓN PÚBLICA

El Ministro del Interior, Mario Fernández Baeza, entregó respuesta al petitorio presentado por un grupo de organizaciones de ex-prisioneros políticos en octubre de 2016. Recordemos que estas mismas organizaciones se reunieron con el ministro en medio de una huelga de hambre –en una toma limitada de las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos- y recordemos también que el ministro mandató a los representantes de ex-prisioneros políticos para que presenten una propuesta unitaria. Aclaremos que la UNExPP no fue parte de dicha negociación. La respuesta del ministro está contenida en su oficio #2995 del 30 de enero, 2017. Documento que recién transcendió el 4 de febrero.

A continuación compartimos nuestro análisis de dicho documento.

Esta propuesta del Gobierno, es un nuevo atropello a la dignidad de las/os sobrevivientes de la prisión política y tortura. Esta “propuesta” en realidad no busca ser una propuesta sino es la ley de punto final de la Concertación -hoy Nueva Mayoría- para enterrar definitivamente las justas reivindicaciones de todas las personas víctimas de violaciones a los DDHH de la dictadura de Pinochet.

Esta “propuesta” se inscribe en la línea trazada desde el inicio de la transición transada con Pinochet de impunidad respecto de los violadores de los DDHH y de castigo a las víctimas que fueron consideradas el “precio o costo social” a pagar para la instalación de la concertación en el gobierno. La segunda transacción fue mantener el modelo neoliberal en la economía del país. Es desde esa perspectiva que debe leerse esta “propuesta” del ministro Fernández.

Reafirmamos que esta “propuesta” no cumple con ninguna de las prerrogativas que plantea el Derecho Internacional Humanitario (DIH), suscrito por los Gobiernos pos dictadura, que plantea claramente que la indemnización debe ser “justa y adecuada, de acuerdo al daño causado”. Este principio, conocido perfectamente por el CDE y los Jueces, así como el Gobierno y todo su plantel de funcionarios, lo niegan para ponerse al servicio de la impunidad concedida ad eternum a los esbirros de Pinochet.

Esta “propuesta” deja al descubierto la falta de ética y consecuencia de Gobiernos pseudo democráticos, que se han transformado en servidores y lacayos del capital y de los poderes fácticos. Más aun, buscan legitimar su infamia con el acuerdo y aprobación de los ex-prisioneros mismos. Dicha propuesta es miserable, no sólo por su monto, sino más bien, por lo que ella representa para la dignidad de los afectados.

En lo que se refiere al bono de reparación, el ministro indica, que no hay recursos en el presupuesto del 2017 para tal ítem. Recordemos que la propuesta del 2015 del gobierno incluía hasta 10 millones de pesos, según grupos de edad, con cómodos plazos para el gobierno. Esto, entonces no fue aceptado por la Mesa de Alto Nivel. Pues, bien, ahora el ministro ha reducido dicha cantidad a 3 millones de pesos, a partir del 2018, a 5 años plazo y también por grupo etáreos. Esto sería adicional al bono de 1 millón ya entregado.

El Gobierno, fundamenta su propuesta en un fallo judicial, resultado del lobby y la descarada presión política ejercida por parte del Gobierno y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) al poder judicial. Bien sabemos que el rol del CDE es estar siempre -salvo excepción- al servicio de los poderosos y del Gobierno de turno.

El oficio se refiere luego al tema de la vivienda. Allí tampoco se ofrece nada nuevo sino que se reitera lo que ya existe como supuesto beneficio. Similar trato se da al tema de la educación y las becas Valech. Lo que es más grave aún, es que en el tema de salud y los derechos PRAIS, en lo que se refiere a la extensión de dicho beneficio para los nietos de los titulares Valech, el ministro cita la ley 19.980, Art. 7, Num. 4.2; para indicar su exclusión de dicho beneficio. Desconociendo con esto la transversalidad del daño.

El entregar una solución reparatoria a las víctimas sobrevivientes no requiere negociación alguna con los afectados. Los deudores decentes – sobre todo si fueron puestos en el poder encaramados en los hombros de las propias víctimas- pagan su deuda aunque para ello deban endeudarse si fuera necesario. No se puede olvidar que la derrota de Pinochet no fue gracias a un lápiz y un papel como caricaturizan para negar el movimiento social transversal y de base que arrasó, gracias a las masivas protestas nacionales, con el sustento político de la dictadura. Esta lucha cobró miles de víctimas y eso es lo que intentan borrar desde 1990 los concertacionistas y sus sucesivos gobiernos tratando de negar la historia olvidando a las víctimas.

También hacemos responsables de ésta situación, a quienes se han dejado manipular por funcionarios y operadores políticos que buscaron siempre bajar las huelgas y entorpecer las acciones con que se buscaba presionar al Gobierno. Estos mismos dirigentes se arrogaron mañosamente la representatividad de todos/as los ex-prisioneros/as políticos/as y se atrevieron a “negociar”, en nombre de todos, sin entregar una argumentación sólida que dificulte la entrega de este tipo de respuestas.

La UNExPP de Chile rechaza enérgicamente esta miserable y canallesca propuesta y acusa a este Gobierno de ser continuadores de un proceso de permanente atropello a los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes de prisión política y tortura y de sus familiares.

Reafirmamos la importancia del objetivo jurídico y político de nuestra acción de presentar masivas querellas criminales en contra de los torturadores, y dentro del mismo proceso la presentación de demandas civiles que busca la indemnización por el daño causado, por parte de los torturadores y solidariamente del Estado de Chile.

Centramos nuestra lucha en nuestras denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sentar internacionalmente al Estado y gobiernos de Chile en el banquillo de los acusados, donde sean condenados por la descarada impunidad impuesta pos dictadura y por la falta de reparación justa y adecuada a los sobrevivientes de la prisión política y de la tortura.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA UNEXPP DE CHILE

Osorno, 05 de febrero de 2016.

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