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16 Abr 2026

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El Hijo de Ramón González Ortega

por Amado de Mérici (Chile)

19 años atrás 7 min lectura

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He leído en la Prensa Austral  una historia estremecedora y que todavía me produce desazón. Iván González Toro no se enteró hasta que tuvo 16 años, en 1988, que su padre había sido asesinado por militares pinochetistas en 1973. Su padre, Ramón González Ortega, fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y trasladado al campo de concentración de la isla Dawson. Fue detenido por elementos de la Quinta División del Ejército, que era comandada entonces el general Manuel Torres de la Cruz. El 30 de octubre el detenido, junto a otros dos detenidos, Germán Cárcamo y Carlos Baigorri, fue trasladado a ninguna parte: en el camino fue asesinado por la espalda por los militares pinochetistas Juan Antonio Ortiz Toledo, Miguel Pablo Muñoz Uribe, Luis Alberto Arata Campodónico y a José Rafael Aguirre Aguirre. Los cobardes enterraron sus cuerpos en el mismo lugar.

Iván González, el hijo de uno de los asesinados, no se enteró sino en 1988 del destino de su padre, pues su madre no quiso contárselo para no amargar su infancia. Así, sólo se lo contó cuando tenía 16 años, el año del plebiscito de 1988. Iván decidió estudiar entonces para agente judicial y se prometió esclarecer algún día el destino de su padre.
El 30 de mayo de 2005 presentó una querella criminal contra los autores del asesinato de su padre.

En 2000, el diario Prensa Austral había entrevistado sobre este caso al general Manuel Torres de la Cruz y este general, tan cobarde y abyecto como los otros militares pinochetistas, negó haber asesinado a esos detenidos y dijo que habían tratado de fugarse. En el juicio que se encuentra ahora en estado de plenario, el juez acusa de homicidio calificado a los cinco militares involucrados directamente, pero no al jefe militar que dio la orden de asesinarlos.

Esa es la historia. Ahora ocurre que el hijo del cobarde que era entonces comandante de la Quinta División del Ejército, Manuel Torres de la Cruz, es también, a su vez, comandante de la misma división. Su nombre es Luis Torres.

Yo recuerdo que cuando fui llamado en los años sesenta a las pruebas para el servicio militar, me dieron a leer unos documentos o formularios, en los que se me preguntaba, o me preguntaron directamente si acaso yo o algún familiar directo mío -padres, tíos consanguíneos- teníamos antecedentes criminales. Si hubiese sido así, no podía yo aspirar a ninguna carrera militar, pues tener antecedentes es un causal de impedimento para esa carrera.

En el Código de Justicia Militar se establece que se excluye del servicio militar a los ciudadanos que "hayan sido condenados a penas aflictivas, salvo que la Dirección General las considere moralmente aptas". Pero no se dice nada sobre los requisitos para quien quiere dedicar su vida a la carrera de las armas. No tengo certeza sobre este asunto, pero basándome en mi experiencia de entonces supongo que existe algún reglamento interno o similar donde se establece la imposibilidad de que personas con antecedentes criminales o con familiares directos que los tengan puedan ingresar a las filas.

Si esto sigue siendo así, resulta entonces raro, para decir lo menos, que hijos de conocidos criminales y violadores de derechos humanos sigan en las fuerzas armadas. Si sus padres cometieron crímenes, los hijos no pueden ser miembros de esas fuerzas, como no puede serlo ningún chileno con familiares con antecedentes criminales.

En nuestra legislación, los hijos o familiares directos no somos responsables de los delitos de nuestros padres. Pero eso es comprensible en un plano judicial civil. En el caso de los miembros de las fuerzas armadas esta regla de exclusión debería seguir aplicándose a los hijos de criminales por las características propias de las instituciones armadas. Se crean en ellas fuertes vínculos de lealtades personales y, en este caso, familiares. Los hijos pueden también encubrir los crímenes de sus padres. O seguir cometiéndolos. O creer que los crímenes que él comete o que cometió su padre son justificados. O creer que él está por encima de la justicia o que pertenece a un estamento privilegiado al que se le permite cometer crímenes y no pagar por ello. Por esa razón, la regla de exclusión debe seguir aplicándose sin excepciones. En una institución que debe salvaguardar la constitucionalidad y la soberanía del país no es razonable tolerar situaciones ambiguas y peligrosas como estas.

Ahora bien, dirán los leguleyos que el principal responsable de esos asesinatos y del asesinato del padre de Iván González es el general Manuel Torres de la Cruz, que negó que hubiese dado órdenes de cometer un crimen, que trató de ocultar los asesinatos y que culpó a sus subalternos, dejando que estos paguen por los crímenes que él ordenó cometer. Es verdad que los subalternos que cometieron los crímenes son moralmente culpables de haberlos cometido, vale decir, son culpables de haber aceptado la ejecución de órdenes ilegales (obedecer una orden de un militar pinochetista es lo mismo, en mi personalísima opinión, que haber obedecido una orden de un militar de un país invasor o de un grupo de delincuentes), pero el autor intelectual fue el general, que a su vez probablemente las recibió del canalla número 1, el general Pinochet. El juez, que tomó en serio los desmentidos y rechazo de responsabilidad y acusaciones contra sus subordinados de Manuel Torres de la Cruz, no lo procesa a él. Por tanto, no se puede decir jurídicamente hablando, que el general mismo haya sido procesado o tenga por ello antecedentes criminales. Por tanto, concluirán algunos, su hijo no debería ser excluido de las fuerzas armadas.

Sin embargo, todos sabemos -los militares culpables, los familiares de las víctimas, la prensa, los jueces y abogados y los políticos de todo el espectro- que el verdadero responsable es el general Manuel Torres de la Cruz, haya sido este procesado o no. Es lógico por tanto esperar que ese general, cuyo destino no conozco y no sé si todavía pertenece a las fuerzas armadas, o si murió, o si cobra pensión de las fuerzas armadas, sea retirado del estado militar, lo mismo que su hijo, porque así lo establece un reglamento militar y por constituir un peligro, en ausencia de un juramento de lealtad con el orden constitucional, para la democracia, estabilidad y soberanía del país -y siendo estos peligros conocidos de sus superiores y de las autoridades políticas del país.

Y este, por lo que me parece, es sólo un caso de muchos otros. Hay por todo el país un buen montón de hijos y familiares directos de militares criminales en las fuerzas armadas -incluyendo hasta hace poco a nietos y sobrinos de Pinochet mismo- y es urgente que se reconsidere la situación de esos militares. Simplemente no es posible que ciudadanos corrientes no puedan acceder a la carrera militar por tener familiares con antecedentes criminales, y que se acepte a otros que lucen en su genealogía abominables chacales. Es ciertamente probable que la ciudadanía piense que la presencia de estos hijos de chacales en las filas condona los crímenes de sus padres, o que pertenecen a un estamento social que se permite todo, incluso el crimen, contribuyendo así una desgraciada laxitud de nuestras costumbres morales. También es dable pensar que estos militares pueden constituir un poderoso obstáculo a las reformas que necesita la orden militar.

Cómo reaccionan los hijos de conocidos y notorios criminales y violadores de derechos humanos, notables por su crueldad, inhumanidad y cobardía, no ha sido un asunto muy estudiado. Iván González, en una demostración de bondad, dijo sobre el hijo del general: "Yo no hago responsables a los hijos de los pecados de los padres. Pero el que hoy es actual jefe de la Quinta División de Ejército lo que tiene que hacer es lo mismo que hice yo: descubrir a su padre". Hay otros casos. Marlene, la hija menor del torturador y asesino Osvaldo Romo, dijo sobre su padre, en su peculiar español, en una carta escrita desde su pueblo en Brasil: "Yo siento vergüenza de usted". (En La Nación) 

A los chilenos la casta militar comprometida con los crímenes de la canalla pinochetista nos llena de asco, vergüenza, dolor y odio. La patria no les perdonará nunca. Sus hijos son evidentemente inocentes de los crímenes que cometieron, pero ¿pueden permanecer en funciones que pueden verse empañadas o entorpecidas o intervenidas de algún modo por sus lazos familiares?

Artículo publicado también por mQh

foto1   (el padre en una foto antigua)

foto 2  (Iván González Toro, hijo de Ramón González Ortega)
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