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El caso de Piedad Córdoba en Colombia: La senadora, el Inquisidor y los guerreristas 

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17/12/2010
La senadora liberal Piedad Córdoba ha sido recientemente destituida de su cargo
y severamente sancionada. Aunque las acusaciones que pesan contra ella no se
basan en un proceso judicial, no podrá ejercer por 18 años funciones en la
política. Esta condena se produce en un país cuyas élites han optado por las
soluciones guerreristas.

Recordemos los hechos: desde hace varios años, Piedad
Córdoba se ha comprometido con el tema de la paz, en particular en la
liberación de los secuestrados y retenidos por las Farc. A fines de 2007 fue
nombrada "mediadora" por el gobierno. Gracias a su intervención se produjeron
las liberaciones de los últimos secuestrados civiles y de varios prisioneros
militares que llevaban hasta 10 años en la selva. En este marco, creó el grupo
Colombianos por la paz.

En septiembre pasado sobrevino la decisión arbitraria del
Procurador de la República:
pretextando que colaboraba con las Farc, le impuso la sanción y la prohibición
de intervenir en política durante 18 años. Aunque parezca mentira, ningún
proceso judicial apoya esta decisión[1]. ¿Cómo explicarla, entonces? Más allá
de las facultades constitucionales del Procurador, sus dictámenes no se darían
si no existiera un contexto favorable. Sociológicamente, el "fallo" traduce el
peso creciente de las fuerzas reaccionarias en las instituciones y el rechazo
de las élites a cualquier idea de negociación política.

El primer tema es el inquietante rumbo que han tomado las
instituciones: ya hace varios años que los colombianos se han estado
acostumbrando a tener congresistas, alcaldes y gobernadores ligados de cerca a
los paramilitares de extrema derecha y a las mafias. Tan sólo por el proceso de
la "parapolítica" son más de 80 los congresistas investigados y juzgados por la
justicia por su colaboración con los paras.

A esta picaresca en el legislativo se le suma la corrosión
del poder judicial y de las instituciones de control político. Así por ejemplo,
durante un año y medio, el nombramiento del Fiscal (el jefe de la policía
judicial nacional) estuvo estancado. La Corte Suprema de
Justicia votó 25 veces sin lograr elegir a uno, porque las opciones que les
había presentado el ejecutivo eran a cual más opacas. Y en el nivel local, es
vox populi que varios trabajan para los narcotraficantes. El más conocido era
el jefe de fiscales de Medellín, que llegó hasta allí por ser hermano del
antiguo ministro del Interior.

Otro contrapeso importante al poder era el Procurador (en
Colombia equivale a un Ombdusman). Según la Carta, sus funciones son "vigilar el cumplimiento
de la Constitución",
"proteger los derechos humanos" y "defender los intereses de la sociedad".
¿Pero cómo es que Alejandro Ordóñez, miembro de un grupo de extrema derecha
español[2], podría defender los intereses de los colombianos del siglo XXI o la Constitución de un
Estado laico? A Alejandro Ordóñez, la ciudad de Bucaramanga lo recuerda porque
allí organizó una quema de libros. Desde que rige como Procurador, destacan sus
propuestas condenando la homosexualidad, el regreso a la penalización del
aborto o la prohibición de la educación sexual. En el Ministerio público que
encabeza, los emblemas de la
República han sido desplazados por su colección de
crucifijos, vírgenes y velones.

Fue este "Inquisidor" (como lo llama la prensa) quien fijó
el destino de Piedad Córdoba, en lo que se puede considerar un acto de muerte
política. ¿Por qué se ha encarnizado así con ella? Posiblemente tengan razón
quienes consideran que su franqueza y sus posiciones abiertamente progresistas
hieren la moral del Procurador, pues una mujer divorciada, feminista y negra,
que además ha llevado al frente de batalla estos asuntos, está en las antípodas
de sus valores.

Ahora bien, es muy posible que una decisión de este calado
no se hubiera producido sin el contexto adecuado -y es este el segundo elemento
inquietante sobre el estado actual del país.

El linchamiento mediático de Piedad Córdoba en estos últimos
años está directamente relacionado con su búsqueda de la paz. Ella ha sido
espiada ilegalmente por los servicios secretos, e incluso por los
guardaespaldas que le fueron asignados (impidiendo, de hecho, liberaciones). Ha
sido estigmatizada por el poder uribista y por los medios, liberando las
expresiones racistas, sexistas y chauvinistas de los colombianos. En Madrid,
incluso, fue víctima de un extraño accidente automovilístico. La decisión del
Procurador se inscribe entonces en la línea del saboteo histórico a los
esfuerzos realizados en aras de llevar a las Farc al terreno de las
conversaciones.

Y es que las iniciativas de paz (manifestaciones, voto
simbólico, diálogos…) han sido numerosas en la historia de Colombia. Las han
impulsado ONG, iglesia, grupos de la sociedad civil e incluso gobernantes, como
sucedió a fines de los 90.

Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido en vano. Ya
García Márquez había advertido en 1986 que los diferentes actos de saboteo eran
expresión de los "enemigos agazapados de la paz, adentro y afuera del
gobierno". En la década actual, el historiador Medófilo Medina considera que el
nivel de resistencia es tal que ningún diálogo con la guerrilla será posible si
antes los gobiernos no reciben el aval de militares y empresarios.

Esta constante explica porqué quienes sirven de
intermediarios con la guerrilla o quienes se aventuran en procesos de paz
corren graves riesgos: el gran Jaime Garzón, querido por todos por su
maravilloso humor, fue asesinado por los paramilitares en 1999 por intervenir
en liberaciones de secuestrados. Ese mismo año, en el contexto del proceso de
paz ya reseñado, fue asesinado Jesús A. Bejarano, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional.
Muchos mandatarios locales que establecieron acuerdos de convivencia con las
Farc fueron objeto de presiones, letales o no. Recientemente, incluso los
intermediarios extranjeros (el suizo Jean-Pierre Gontard y el francés Noël
Saez) fueron acusados de ser "auxiliadores" de la guerrilla. La mayoría de los
y las políticas han entendido la lección -de hecho, no se meten en esas aguas.

Piedad es consciente de todo esto. Pero es mujer, y
temeraria. Con su desparpajo, decidió meterse en la búsqueda de la paz. Con
tenacidad: multiplicó iniciativas, encuentros y esfuerzos. Con resultados:
logró reunir a secuestrados con sus familias. Y sobre todo, con un horizonte de
esperanza: acabar con el conflicto armado más antiguo del continente.

Pero la inercia colombiana pesa mucho. La guerra se ha vuelto
rutina. Los campesinos siguen siendo desplazados (son más de 3 millones). Rigen
el oscurantismo criollo y las mafias reaccionarias. ¿Y el gobierno Santos? En
sus cien días iniciales, no ha dado señales de cambiar el rumbo.

El 2 de noviembre, el Senado refrendó la decisión arbitraria
del Procurador.Piedad Córdoba se convirtió en ex senadora. Paralelamente, la Corte Suprema de
Justicia comenzó a investigar los actos de aquél. A la fecha de hoy, es
imposible saber si sus decisiones serán declaradas ilegales o si alguna
interpretación jurídica lo exonerará de sus pecados. El camino jurídico
colombiano tiende a ser largo, imprevisto y tortuoso.

Por eso, sería deseable que el destino político de Piedad
Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés
que tiene una sociedad en que avancen unos diálogos de paz. Como una manera de
pasar, lo más dignamente posible, a otra etapa de la historia.

– Olga L. González es Doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios
en Ciencias Sociales de París, presidenta del Grupo sobre Actualidad Colombiana
(GAC), en la Maison
des Sciences de l’Homme de París.

Notas:

[1] El presidente de la Corte Suprema de
Justicia, la instancia que investiga a los congresistas, declaraba
recientemente no haber recibido ninguna prueba contra la senadora.

[2] La Orden
de la
Legitimidad Proscrita, que tuvo entre sus miembros al
dictador uruguayo Juan M. Bordaberry.

*Fuente: Agencia Latinoamericana de Informacion

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